Causa Contratos: discuten ampliación de inhibición general de bienes
adminfebrero 26, 2026
La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno escuchó este jueves los argumentos de los defensores de los imputados en la causa de los Contratos Truchos en la Legislatura, quienes cuestionan una disposición dictada en diciembre por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata que dispuso mantener la inhibicióin general de bienes para todas las personas ligadas a la investigación penal que se abrió en 2018.
Las defensas de un grupo de imputados en la causa de los Contratos Truchos en la Legislatura cuestionó una resolución de la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, que en diciembre último hizo lugar a una petición del Ministerio Público Fiscal y ordenó la reinscripción de las inhibiciones generales de bienes oportunamente dispuestas sobre Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Sergio Esteban Cardoso, Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Juan Domingo Orabona, Pedro Eduardo Opromolla, Jorge Enrique De Breuil, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Luis José Almada, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Jorge Pablo Balladares, Guido Daniel Krapp, María Jazmin Mena Gioveni, Nicolás Beber, Renato Jesús Mansilla, María Victoria Álvarez, Viviana Gisell Mena Gioveni, Julia Gabriela Vainstein, Sandra Fabiana Marozzini, María Alejandra Camisassa, Micaela Agostina Banegas, Luciana María Belén Almada.
La jueza Barbagelata dispuso librar los despachos pertinentes, cuyo diligenciamiento, ordenó, debía quedar a cargos de los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y/o Gonzalo Badano.
Pero los defensores Miguel Ángel Cullen, representante legal de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, Gustavo Pérez, Verónica Caino, Guido Krapp y Pedro Opromolla; Pablo Hawlena Gianotti, en su carácter de co-defensor de Jorge De Breuil; y Tomás Virgala, abogado defensor de Ariel Faure interpusieron recurso de apelación contra aquella resolución de Barbagelata.
Entienden las defensas que la resolución de la jueza Barbagelata es “arbitraria” y que es una “resolución que muestra un incumplimiento de lo normado por la legislación procesal vigente”, y que además “hace con plena vulneración del derecho de defensa, destrucción del derecho de propiedad (…), violación a la legislación procesal vigente para este tipo de medidas, violación de la doctrina de la Corte emanada”, imposición de “una medida desproporcionada basada en meras hipótesis”.
“De igual modo, no podemos dejar de mencionar que la medida se dirige incluso a personas que no son parte de este proceso, agregando que por decisión del propio Ministerio Público Fiscal al cerrar la investigación mediante la petición de remisión a juicio, tampoco podrán ser parte de este proceso, demostrando la arbitrariedad de la medida”, dicen los defensores.
En la audiencia de hoy expusieron todos los defensores. Y el argumento que se impuso es que la inhibición tiene un plazo de cinco años. Vencido ese plazo, si no renueva, se extingue. Al respecto, señalan que el pedido de reinscripción de las inhibiciones se deben pedir antes del vencimiento. Ese plazo se venció en 2024. Fiscalía pide renovación en 2025, un año después. Y la jueza autoriza la reinscripción de las inhibiciones pero sin cumplir con las formalidades.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano se opusieron a esa petición, y lo mismo hicieron los representantes de la acción civil, encabezados por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Al exponer el fiscal de Estado, dijo: «Nosotros estamos acá porque se produce un hecho ilícito que perjudica a la Administración Pública de una manera importante, lesiva. Y no siempre la Fiscalía de Estado se presenta como actor civil en un proceso penal. En este caso entendimos que había que hacerlo para obtener la reparación económica. Presnetamos la demanda. Hay 31 demandados. Hubo discusión del monto. Pero tenemos un enorme interés de obtener la reparación económica, si el delito se comprueba. Es elemental mantener las medidas cautelares. Sostenemos que están dados los requisitos para las cautelares. Con lo cual, la decisión de la jueza Barbagelata es correcta. Mantengamos las cautelares sobre los patrimonios, porque de otro modo se corre peligro de perder la posibilidad de obtener la reparación económica».
La decisión de la jueza Barbagelata, luego de escuchar los argumentos de las partes, se conocerá en los próximos días.
El pedido de remisión de la causa a juicio fue presentado el 31 de mayo de 2021 por el Ministerio Público Fiscal ante la jueza Barbagelata. Pero el trámite se vio demorado porque en medio surgió un pleito de competencia. Resuelto ese brete, se llegó al proceso de audiencias de remisión a juicio. En medio, los defensores hicieron planteos para que se excluyan pruebas y testigos, petición que la jueza Barbagelata rechazó.
De la lista original de los 32 imputados originales el número quedó en 17. Ese será el número de imputados que irán a juicio oral.
La lista de los que ya zafaron de la megacusa:
Los beneficiados
1) Renato Jesús Mansilla, pagará $5,4 millones en el plazo de 2 años y medio.
2) Nicolás Beber, $4 millones en cuotas, durante dos años y medio.
3) Verónica Caíno, $5, en el mismo plazo que el resto.
4) Fernando Gaston Sarnaglia, $1,8 millones, en cuotas durante dos años y medio.
5) Alejandro Ruben Ferreyra, $1.096.000 en dos años y medio.
6) María Victoria Alvarez, $750 mil, en dos años y medio.
7) María Macarena Alvarez, $590 mil, en dos años y medio.
8) Andrea Noemi Beatriz Demartin, $850 mil, en dos años y medio.
9) María Jazmin Mena Gioveni, $1.500.000 en un plazo de dos años y medio.
10) Viviana Giselle Mena Gioveni, $760 mil en un plazo de dos años y medio.
11) Juan Pablo Balladares, $1.500.000 en dos años y medio.
12) Guido Krapp. $10.000.000 en dos años y medio.
13) Esteban Scialocomo (juicio abreviado).
14) Gustavo Falco, sobreseimiento.
15) Esteban Scialocomo, abreviado, 3 años de prisión condicional, el pago de $6 millones y una multa de $90 mil.
En el pedido de remisión de la causa a juicio, había distintos pedidos de penas para un listado de personas que ya no es tal.
Penas
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enrique De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
