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Por décadas, Concordia ha ocupado el triste podio de las ciudades más pobres de la Argentina. Una realidad persistente que no sólo interpela al poder político local, sino que desnuda el fracaso de un modelo de administración que ha confundido gestión con clientelismo, y Estado con botín partidario. Hoy, a pesar de leves mejoras estadísticas, la situación sigue siendo crítica: más de la mitad de su población vive en condiciones de pobreza, y casi uno de cada siete ciudadanos no cubre ni siquiera la canasta alimentaria básica.

Una radiografía social alarmante

Según los datos del INDEC publicados en abril de 2025, Concordia presenta un índice de pobreza del 57,1 % y una indigencia del 13,9 %, lo que equivale a más de 165 mil personas pobres y más de 23 mil indigentes en una ciudad que no supera los 300 mil habitantes. Levemente por debajo de Resistencia (60,8 %), sigue siendo la segunda ciudad más pobre del país, y no por accidente.

El contraste es aún más brutal si se observa la situación de la infancia: el 69,2 % de los menores de 14 años en Concordia vivían en situación de pobreza ya en 2022. Niños que nacen, crecen y se desarrollan en un ecosistema de privaciones que compromete de raíz su futuro.

Un sistema enquistado y sin alternancia

Concordia ha sido gobernada desde 1983 casi sin interrupciones por el Partido Justicialista, representado por apellidos que se han alternado el poder como si se tratara de una dinastía feudal: Busti, Bordet, Cresto (padre, hijo y nieto). Esta ausencia de alternancia política, lejos de garantizar estabilidad, ha consolidado un esquema de control social a través del asistencialismo, degradando el vínculo entre ciudadanía y Estado.

Los resultados están a la vista: décadas de gestión sin desarrollo. Mientras los índices de pobreza se perpetúan, el relato del “Estado presente” se desmorona frente a la evidencia de barrios enteros sin cloacas, empleo formal o acceso digno a la salud.

Un modelo económico sin motor

Concordia depende de una matriz económica estancada. El agro, fuente histórica de actividad, ha perdido dinamismo; la industria jamás se desarrolló; y el turismo, si bien con potencial, no ha sido gestionado con visión estratégica. La ciudad parece condenada a depender del empleo público y los programas sociales, que lejos de empoderar, perpetúan el círculo vicioso de la dependencia y la exclusión.

El mercado laboral está fragmentado, con gran parte del empleo en la informalidad. Según datos recientes, casi el 60 % de los hogares reciben algún tipo de ayuda estatal. ¿Es eso un Estado protector o un sistema que utiliza la necesidad como herramienta de control?

Crisis tras crisis, sin cambios estructurales

La macroeconomía nacional ha sido, sin duda, un factor agravante. Años de inflación crónica, devaluaciones y políticas erráticas —tanto bajo gobiernos kirchneristas como neoliberales— han deteriorado el poder adquisitivo y las condiciones sociales en todo el país. Pero en Concordia, ese deterioro tiene un impacto multiplicado, precisamente por la falta de resiliencia de su estructura productiva.

La pobreza estructural no se combate con parches ni con campañas solidarias. Requiere reformas profundas: educación de calidad, acceso real al crédito, infraestructura básica, políticas de empleo genuino y planificación a largo plazo. Ninguna de estas herramientas ha sido priorizada por los gobiernos locales en las últimas décadas.

Cambio de signo político, pero no de rumbo

Si bien es cierto que actualmente gobierna un intendente de otro signo político, el municipio permanece a la deriva, sin rumbo, por el total desconocimiento, la falta de idoneidad y una alarmante ineficiencia por parte de quienes hoy tienen la responsabilidad de enfrentar semejante crisis estructural. Esta situación no sólo compromete el presente y el futuro de Concordia, sino que también representa un problema político para el gobierno provincial, que se ve obligado a contener a un intendente desorientado, principal responsable del colapso histórico del peronismo local, y que no encuentra el rumbo de gestión.

Tanto el gobierno municipal como el provincial deberían barajar y dar de nuevo, convocando a personal técnico y político a la altura de las circunstancias, con conocimiento, coraje y compromiso genuino para revertir un escenario que —de continuar así— está condenado al fracaso, como lo confirman los propios indicadores sociales.

¿Y ahora qué?

La situación de Concordia no puede seguir siendo abordada con resignación. Es urgente y necesario:

• Establecer un plan de desarrollo económico que priorice las cadenas de valor regionales y genere empleo privado.
• Incorporar políticas sociales con lógica de salida, no de perpetuación.
• Transparentar la gestión pública, con control ciudadano y medios libres para ejercer su rol fiscalizador.
• Construir una dirigencia nueva, formada, honesta, con vocación transformadora y no simplemente reproductora de poder.

Concordia no está condenada. Pero para que cambie, hace falta algo más que estadísticas: hace falta coraje político, ciudadanía activa y una ruptura con décadas de complicidad y silencio.