Litoral

Además, Frigerio sostuvo que la detención del senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay “ahonda la grieta entre la sociedad y la política, genera desconfianza y bronca en la gente”.

Frigerio afirmó que “los argentinos estamos atravesando la crisis más grave desde la recuperación de la democracia, y ver hechos como este produce mucha indignación. También fortalece la sospecha de que todo lo que falta en las rutas, en la educación y en la salud pública está relacionado con que algunos políticos se apropiaron de los recursos de la gente”, precisó el mandatario.

“Espero que se haga justicia”, pidió el mandatarioy recordó que “si algo ha cambiado en estos 12 meses es que ahora la Justicia tiene la libertad para trabajar como nunca antes la tuvo, porque hay un Poder Ejecutivo que no intenta influir en sus decisiones, que defiende a rajatabla la división de poderes, la República y la democracia”.

Por eso, “nosotros no opinamos sobre los fallos de la justicia”, recordó. “No queremos que los acusados y/o condenados tengan la excusa de hablar de lawfare, utilizando la politización de la justicia para evadir sus responsabilidades. Priorizamos que se haga justicia en lugar de aprovechar política o electoralmente los hechos de corrupción de nuestros adversarios”.

Luz y oscuridad

En esa línea, el gobernador de Entre Ríos advirtió que “la gente coloca en el lugar que corresponde el esfuerzo que estamos haciendo para llevar luz donde había oscuridad”, y repasó “toda la batería de reformas institucionales que estamos implementando para poner transparencia donde había opacidad”.

Cuando, en la madrugada del miércoles, Edgardo Kueider fue detenido en el control aduanero del Puente Internacional de la Amistad, lo primero que hizo fue intentar poner en valor su condición de senador argentino. Y lo segundo, a lo que le dedicó una energía potente, fue pedir que, por favor, no se filtrara con quién viajaba.

Kueider no quería que su familia —mujer e hijos— se enterara de que estaba acompañado de una mujer justo en ese destino al que venía dedicándole tantos viajes, con múltiples excusas laborales, en el último año. Es, quizás, una anécdota de orden personal, pero vale el relato porque, curiosamente, durante algunas horas —que no fueron pocas—, la noticia circuló sin mencionar con quién viajaba en la camioneta. Es decir, sus reclamos tuvieron quién lo escuche.

Recién mucho más tarde se supo el nombre que ya es famoso: Iara Guinsel Costa, la chica de 34 años designada como su secretaria en el Senado, monotributista de condición impositiva y autodiseñada como curiosa propietaria de los 211 mil dólares que incautó la aduana paraguaya. En su primera declaración, cuando el abogado de los dos todavía era un exfiscal de Ciudad del Este, César Niver Centurión, tanto Kueider como Costa sostuvieron que hay una sociedad que se llama Golden Sur —que no aparece en ningún registro y de la que ella se proclama apoderada—, que le dio esa plata para comprar mercadería. No hay inscripción impositiva, ni remito, ni domicilio, ni web, ni accionistas ni nada. Misterio. Dólares de cara grande sin ningún fajo bancario que permita trazabilidad.

Sin embargo, toda esa narrativa está por desaparecer. Aparecen datos sugestivos que se confirmarán en los próximos días y que están, en este momento, en el foco de la causa judicial. Junto a sus documentos, con la parva de billetes que guardaba en una mochila en el baúl, las autoridades paraguayas incautaron un elemento que parecía muy menor, pero que ahora tomará una relevancia trascendente: un pendrive encontrado en la camioneta junto a los lentes y las llaves de Kueider. Altísimas fuentes políticas y judiciales de Paraguay reconocieron a TN que ahí puede esconderse la clave para entender los cruces permanentes del senador por la Triple Frontera, ese cruce de países donde el contrabando de droga es un tema mundial y donde las facilidades para el lavado de dinero se ofrecen en múltiples localidades.

Lo que están descubriendo los fiscales es que se trata de un pendrive crypto, una herramienta desconocida para mucha gente, pero de uso muy común entre quienes invierten en criptomonedas. Una definición para principiantes que ofrece la IA explica que es “un dispositivo que se conecta a una computadora a través de USB y donde podés almacenar la data de las crypto que tenés en línea”. ¿Qué significa todo esto? Faltan pocos días para saberlo con exactitud, pero la plata física que llevaba en el baúl podría explicarse con la matemática que guarda ese pendrive. Un manual de lavado de dinero en la era techie.

El poderoso nuevo abogado de Kueider

Mientras esta situación se desentraña, el senador, curiosamente, cambió de abogado y contrató a Ricardo Preda Del Puerto, uno de los defensores más poderosos de Paraguay, especialista en lavado de dinero que defendió nada menos que a Horacio Cartes, el expresidente de ese país, íntimo amigo de Mauricio Macri, que seguramente está celebrando con una sonrisa el pantano que comparten el kirchnerismo y la Rosada por la propiedad de Kueider.

Es meterse en la política del país vecino, pero vale recordar la sombra que persigue a Cartes por sospechas de contrabando o lavado de dinero a través de la venta de cigarrillos. Ahora, además, el senador entrerriano y el expresidente paraguayo comparten asesor legal. Hay muchas teorías conspirativas alrededor de estos datos.

Otra pregunta inquietante es cómo pagará Kueider los honorarios de este penalista. Sobre todo, si se considera que la fianza de 300 mil dólares para el senador y su secretaria la abonó el abogado, quien se ocupó también de conseguirles alojamiento en un condo de lujo de Asunción. Si se mira la última declaración jurada patrimonial del legislador entrerriano (de 2021), reconoce apenas 8 mil dólares de ahorro. No es su mayor incongruencia: llegó hasta ese puente internacional arrastrando en sus antecedentes una denuncia por coimas dentro de la megacausa que lleva la jueza Sandra Arroyo Salgado por pagos indebidos de la empresa Securitas para conseguir contratos, y tiene abierto en Entre Ríos un expediente por enriquecimiento ilícito por supuestas compras de propiedades de lujo en Paraná a través de una sociedad que también es un agujero negro. Hay que mirar a Paraná. Habrá novedades sobre una casa en un country que se le adjudica a Kueider y a Costa.

La llamada entre Villarruel y Caputo

Son muchas las definiciones que suceden en este diciembre tumultuoso. Señales cruzadas. La Corte Suprema está por entrar en receso; se retira su juez más antiguo, Juan Carlos Maqueda. A pesar de la interna con Ricardo Lorenzetti, los jueces sacaron un fallo que confirmó el juicio contra CFK por el memorándum con Irán en el día del cumpleaños de Alberto Nisman, tal como reveló Romina Manguel. Y, al día siguiente, después de dos años sin resolver el caso, los magistrados devolvieron a su puesto de fiscal general a Cecilia Goyeneche, la mujer que investigó y consiguió pruebas irrefutables para que condenen al exgobernador entrerriano, Sergio Urribarri, que ahora está preso. Goyeneche había sido increíblemente destituida por esa tarea. Un acto de impunidad manifiesta en las tierras de Kueider que la Corte, justo esta semana, acaba de reparar.

Las consecuencias en la política local del escándalo de los dólares del senador todavía no están determinadas. “El diablo metió la cola”, decía ayer un altísimo referente peronista que suele funcionar como nexo entre la Casa Rosada y Cristina y que venía tejiendo con éxito un acuerdo que CFK —al igual que el Presidente— volvieron a negar, pero que estaba bien definido. “Bajan Ficha Limpia, y acordamos reforma electoral”. Es decir, el fin de las PASO y los cambios estructurales en las reglas de financiamiento de la política. Una indigestión para Mauricio Macri.

La escalada por quién es el jefe político del legislador, más una serie importante de eventos menores, tensionó una reunión secreta que sucedió el miércoles entre referentes de altísimo nivel de la Rosada y del peronismo. Nadie quiere revelar nombres ni lugar del encuentro, pero existió y terminó con la representación libertaria levantándose de la mesa cuando el kirchnerismo empezaba a negociar matices. Se niegan a perder los espacios gratuitos de difusión en los medios durante la campaña y querían poner topes a la liberación de los aportes propuesta en el proyecto oficial. En ese desencuentro está la clave de por qué, a pesar de que Manuel Adorni publicó en X que el 5 de diciembre empezaban las sesiones extraordinarias, todavía no se firmó el decreto oficial para convocarlas. ¿Se firmará? En las próximas 48 horas hay reuniones que definirán si hay o no acuerdo. Es una apuesta peligrosa: ¿qué pasa si libertarios y peronistas sacan esta reforma sin el aval del PRO y los radicales? ¿Quién podría negar un acuerdo?

“No quiero abrir el Congreso”

Algo de este contexto es el que llevó a Victoria Villarruel a mandarle un wapp de emergencia a Santiago Caputo. Son dos que no se quieren y que casi no se hablan. “No quiero abrir el Senado en sesiones extraordinarias”, escribió ella. “Van a destituir a Kueider y a bajar el DNU por el canje de la deuda”, explicó. El senador de la polémica pidió licencia, pero Unión por la Patria, rápido de reflejos, pidió su expulsión por inhabilidad moral, el artículo 66 de la Constitución que se utilizó por última vez en el Senado cuando Luis Barrionuevo fue echado de su banca después de quemar urnas en Catamarca. Hay una vuelta en el reglamento que les permite autoconvocarse cuando terminó el período ordinario de sesiones. Se usó en 2001 cuando renunciaban los presidentes. La están usando ahora al convocar para el 12 de diciembre próximo.

Curiosa la posición del kirchnerismo, que apura la destitución —razonable— del legislador, pero no dijo nada cuando eran mayoría en el Senado y José Alperovich, acusado de violación (luego condenado), se pidió dos años de licencia en su banca sin que nadie patalee.

El senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, se encuentran actualmente bajo prisión domiciliaria, luego de ser acusados de tentativa de contrabando. La decisión judicial establece que ambos deberán pagar una fianza individual de 150 mil dólares y permanecer en la ciudad de Asunción, bajo estricta vigilancia policial. La causa detrás de esta medida es que Kueider y Costa intentaron introducir al país, sin declararlos, más de 200 mil dólares en efectivo, lo que motivó su detención en un procedimiento que involucró a las autoridades paraguayas.

El juez Humberto Otazú fue el encargado de tomar esta decisión, en el marco de una audiencia virtual en la que se resolvió mantener la imputación de los acusados. Durante la audiencia, se valoró que, debido a la posición pública que ocupa Kueider como senador, existe un riesgo latente de que él y su secretaria pudieran interferir en el curso de la investigación si quedaran en libertad. El juez, por lo tanto, optó por mantener a ambos en arresto domiciliario, con la justificación de evitar cualquier intento de obstrucción al proceso. La imputación establece que tanto el senador como su secretaria enfrentan una posible condena que podría llegar hasta los dos años de prisión. Además, deberán enfrentarse a un proceso administrativo tributario que podría derivar en sanciones adicionales.

En respuesta a la acusación, la defensa de Edgardo Kueider presentó un recurso solicitando su libertad ambulatoria, argumentando que el senador no reside habitualmente en Paraguay y que, debido a su posición, carece de fueros que lo eximan de ser procesado como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, Kueider y Guinsel Costa decidieron no hacer uso de este recurso y optaron por permanecer en Paraguay mientras se esclarece la situación jurídica. Este hecho subraya la intención de los acusados de colaborar con las autoridades y enfrentar el proceso legal de manera transparente, aunque las circunstancias de su detención siguen siendo un tema de discusión.

El incidente que desencadenó la detención ocurrió en la ciudad de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil. Fue en este lugar donde ambos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Según los informes, Kueider fue arrestado con una considerable cantidad de dinero en efectivo, que no pudo justificar adecuadamente en el momento de la detención. Ante esta situación, el senador sostuvo que el dinero no le pertenecía, sino que era propiedad de su secretaria, Iara Guinsel Costa, quien trabajaba en Paraguay para una empresa local. En su defensa, se argumentó que Kueider solo estaba conduciendo el vehículo en el que se transportaba el dinero, el cual no era de su propiedad.

Por su parte, la secretaria de Kueider, Guinsel Costa, también fue detenida en el mismo operativo, y en su declaración, explicó que el dinero en efectivo estaba destinado a ser utilizado para la compra de mercancías de una empresa en la que trabajaba. El hecho de que ambos cruzaran desde Brasil a Paraguay en ese momento ha sido un punto clave de la investigación, pues las autoridades sospechan que la cantidad de dinero no declarado podría estar vinculada a una posible operación de contrabando, dado el contexto de la frontera entre ambos países.

Este caso ha causado gran revuelo en Argetina, principalmente por la implicación de un funcionario público de alto rango, como lo es el senador Kueider, en una presunta actividad ilegal que podría tener ramificaciones más amplias en cuanto a la corrupción y el contrabando en la región. La frontera entre Paraguay y Brasil es conocida por ser un punto caliente para este tipo de actividades ilícitas, y este caso pone nuevamente bajo la lupa las prácticas de contrabando y el flujo de dinero no declarado entre ambos países.

El proceso judicial sigue su curso, mientras tanto, la sociedad argentina sigue atenta a los desarrollos del caso, que podría traer consigo implicaciones no solo para Kueider y Costa, sino también para otros actores políticos y empresariales involucrados en redes de contrabando y evasión fiscal. La investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que determinar si hay pruebas suficientes para formular cargos adicionales o si la defensa de los acusados logra desvirtuar las acusaciones. Este caso también ha abierto un debate sobre la efectividad de las políticas de control de contrabando y lavado de dinero en la región, así como sobre la transparencia y ética de los funcionarios públicos en Argentina.