La estrategia de la defensa fue rechazada y el ex gobernador permanecerá detenido en la unidad penal. Lo que se dice tras bambalinas y que la realidad deja al descubierto.
La jueza Carola Bacaluzzo rechazó el hábeas corpus presentado por la defensa de Sergio Urribarri, luego de su detención preventiva ordenada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, en el marco de la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por la comisión de delitos contra la administración pública, que viajó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La magistrada entendió que el planteo formulado por los abogados Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa no era la vía para solicitar la excarcelación de Urribarri, sino que debían hacerlo ante la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Más temprano, Juan Pablo Aguilera se había plegado al habeas corpus, a pesar de que inicialmente su defensa había dejado trascender que no lo haría porque consideraba que la vía para solicitar la excarcelación era, como ahora lo dijo la jueza Bacaluzzo, el STJ. Finalmente, el cuñado del ex gobernador, condenado a seis años y medio de prisión, lo hizo en tándem con Urribarri. En la sala de audiencias estuvo Miguel Ángel Cullen, no así Marcos Rodríguez Allende.
La magistrada no analizó la cuestión de fondo, aunque aclaró que la condena contra Urribarri y Aguilera no se encuentra firme. Dijo que “el habeas corpus protege la libertad ambulatoria ante detenciones o arrestos ilegales”, pero aclaró que “no es procedente si la privación de la libertad es resuelta por los jueces naturales de la causa”.
En ese sentido, insistió en que “el habeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en decisiones que les incumben y respecto de las cuales se pueden interponer los recursos de ley”.
Asimismo, rechazó que la detención de Urribarri y Aguilera fuera “arbitraria o ilegal”, como planteó Baños, sino que fue dispuesta por los jueces naturales del proceso e insistió en que “el habeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en decisiones que les incumben y respecto de las cuales se pueden interponer los recursos de ley”. En este caso, ante la Sala Penal.
Todo lo que gire en torno a actores de algunos sectores del Poder Judicial y de la política será teñido de sospechas por estos días.
Cuando se concedió el recurso extraordinario federal casi al unísono se dijo y publicó que Sergio Urribarri acababa de consagrar su impunidad y no pisaría una unidad penal porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con sus tiempos- haría posible que el ex gobernador alcance los 70 años de edad para evitar dormir en otro lado que no sea su casa. Con solo repasar el proceso se advertía que aún restaba una resolución de la Cámara de Casación, que fue la que dictó la detención. Hablar no cuesta nada.
El habeas corpus es una herramienta que busca proteger la libertad, controlar la integridad y el respeto a la vida de las personas e impedir la desaparición o indeterminación de su lugar de detención y proteger al individuo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se utilizó para conocer el paradero de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar y también ante casos de abuso policial y desapariciones en democracia. Lo que sucedió este martes fue producto de un fallo que puede gustar o no, pero además se haber sido emitido por un organismo competente puede ser reprochado en otra instancia que prevé el sistema: el STJ.
La defensa del habeas corpus fue casi nula en argumentación jurídica. También lindó lo chabacano. Burlando no estuvo en la sala, aunque se conectó de manera remota. Sostuvo que “no hay nada más lejos” de lo que corresponde que los argumentos de la Cámara de Casación Penal, según su óptica. “Se buscó desde los albores una foto, y era la de Urribarri preso”, dijo. “La presunción de inocencia no desaparece frente al dictado de una condena. Menos aún si no existe ningún riesgo procesal concreto. Esto es lo que muestra la historia y la actitud de Urribarri. Nunca vi semejante inadmisible posición frente al tratamiento de una situación procesal de acusado. Lo de Urribarri nos retrotrae a un Estado sin justicia, ni garantías, ni derecho”, señaló ante el peligro de fuga esgrimido para la detención de Urribarri en la unidad penal.
La libertad o la continuidad de la prisión preventiva está en manos de la Sala Penal del STJ, ante la que se apelará lo resuelto este miércoles.
Horas antes a que Bacaluzzo resolviera, se dijo de ella que, por no retenido el cargo en un concurso, lo que implica que debería volver a su cargo de relatora de la vocal Claudia Mizawak, fallaría en favor de Urribarri. ¿Por qué? Porque la integrante de la Sala Penal sería la autora de las buenas noticias para el ex gobernador Urribarri, con quien tiene el teléfono cortado desde hace un par de años y, a pesar de ello, se excusó de intervenir en sus causas.
La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones Poderes y Reglamento, que preside la dputada Gabriela Lena, trató este martes el pedido de juicio político presentado contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher y resolvió su rechazo.
La Comisión que preside la radical Gabriela Lena se reunió este martes a las 17 para analizar por segunda vez el pedido de juicio político contra Schumacher que presentó el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi. Se trata del Expediente Administrativo Nº 3.080, que tomó estado parlamentario en la sesión del 6 de noviembre pasado.
La comisión legislativa se reunió por primera vez el martes 12, pero no se difundió información oficial sobre los términos del encuentro. En esta nueva oportunidad la información difundida se limita a indicar que el pedido de Rossi fue rechazado.
Cabe recordar que la solicitud se fundamentó en la presunta arbitrariedad de la magistrada al modificar su postura en dos fallos relacionados con el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción en la denominada Causa Compleja, en la que se dirimieron cinco hechos de corrupción contra la Administración. . Pública.
Daniel Rossi señaló que Schumacher rechazó un extraordinario interpuesto federal por el ex gobernador argumentando la inexistencia de agravios suficientes recurso para justificar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en octubre la jueza cambió su criterio y concedió el recurso de queja para acudió a la CSJ.
Este cambio de postura, sin una fundación sólida, fue interpretado por Rossi como una vulneración de los principios de seguridad jurídica y debido proceso.
Rossi sostuvo que “Este tipo de acciones en el Poder Judicial responden más a necesidades políticas que a una íntima convicción razonada, lo cual mina la confianza pública en la imparcialidad judicial”, sostuvo el exintendente.
La comisión que analizó el pedido de juicio político, presidida por la radical Lena, está integrada por los diputados Castrillón, Cresto, Fleitas, Gallay, López; Pérez, Romero, Salinas, Sarubi, Seyler, Stratta, Streitenberger, Vázquez y Zoff.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitaron la prisión preventiva para Pedro Ángel Báez, exministro de Comunicación y Cultura durante la gestión de Sergio Urribarri. El exfuncionario fue condenado en el marco del megajuicio realizado en 2022 cuando recibió una pena de seis años y medio por delitos contra la Administración Pública.
La medida cautelar busca equiparar a lo que dispuso este martes la Cámara de Casación Penal de Paraná en el caso de Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Ambos ya se encuentran entre los muros de la cárcel.
La petición fue formulada esta tarde en los Tribunales de Paraná por los fiscales Ignacio Aramberry, Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes se presentaron ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, Julian Vergara y Elvio Garzón.
En tanto, los abogados defensores Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez solicitaron el rechazo de la medida por considerarla arbitraria. Báez siguió la audiencia de manera remota. Entre los argumentos, también mencionaron la imposibilidad de cumplimentar la medida por razones de salud y edad del exfuncionario, hoy de 62 años. Como alternativa, en caso de que se haga lugar al pedido, plantearon la posibilidad de que se disponga la prisión domiciliaria.
Tras oír a las partes, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes para dar a conocer la resolución.
Argumentos de los fiscales
En primer lugar, el fiscal Aramberry argumentó el pedido de prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. En primer lugar, explicó que la sentencia de primera instancia que aplicó prisión efectiva se encuentra ahora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, subrayó que “existe un claro riesgo de fuga que puede ser acreditado a través de diversos elementos objetivo que hemos recopilado en la causa, que hemos dado a conocer en esta y la audiencia de Casación, riesgo que solamente pueden ser compensados a través de la prisión preventiva en la unidad Penal”.
“Hay que destacar que hoy los coencausados que se encuentran en la misma situación procesal que el condenado Báez se encuentran en la Unidad Penal con prisión preventiva. Es un dato que además de ser novedoso, consideramos de peso si lo confrontamos con los diversos elementos de la causa que hemos dado a conocer en audiencias anteriores. Si vinculamos esta situación con el complot en la forma de comisión de delitos, y hacemos la prognosis de posibles riesgos de fuga y, yendo a la situación concreta de Báez, nos parece que su situación personal así como la de los coprocesados es prácticamente idéntica”, fundamentó.
Por su parte, la fiscal Yedro aportó: “Tenemos que manejarnos en base a pronósticos, elementos concretos y ciertos y que es un posible riesgo de fuga. La situación de Báez ha cambiado por el fallo de Casación del día de la fecha, pero también debemos valorar no solamente la pena a la cual ha sido condenado, sino también las características personales”.
“Estamos hablando de una persona que tiene sobrados recursos técnicos, económicos y vínculos. Se ha desempeñado como funcionario público de alto rango, con personas que podrían colaborar con esa fuga, y cuenta con recursos económicos suficientes como para poder salir del país fácilmente”, subrayó.
Además, mencionó que el exministro tiene una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que “se observó que no puede justificar su patrimonio”. “Podemos sospechar que va a eludir el cumplimiento de la condena. Son personas en los que la ciudadanía han depositado la confianza para que los represente y la han defraudado, no estamos ante ciudadanos comunes sino ante personas condenadas por delitos graves que a los estados se nos impone investigar, juzgar y condenar”, completó.
En tanto, Ramírez Montrull enfatizó que “el interés de la ciudadanía es que se condene a los culpables y no haya impunidad” y planteó también que debe valorarse que “la presunción de inocencia se fue desvirtuando” a raíz de los fallos adversos contra Báez.
“Habiéndose respetado rigurosamente el debido proceso es que se debe priorizar este interés y la ciudadanía no debe correr riesgos de que se deba cumplimentar la pena y que no sea una declaración abstracta”, puntualizó.
El representante de la Fiscalía también señaló que Báez “tiene una causa en trámite por enriquecimiento ilícito, donde se lo intimó a justificar una suma mayor a 500.000 dólares. Los recursos los tiene y esto acrecienta el peligro de fuga”.
Por último, el fiscal Badano subrayó que el Estado debe cumplir con los tratados internacionales a los que adhirió el país en cuanto a la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. “Se procura garantizar la posibilidad de sanción, de la pena que en este caso es de cumplimiento efectivo. Los deberes que tiene el Estado argentino deben ser garantizados”, remarcó.
Planteo de la defensa
En último término tomaron la palabra los abogados Velázquez y Díaz, quienes pidieron el rechazo del pedido de la Fiscalía. Argumentaron que no existe riesgo de fuga, que Báez siempre estuvo a disposición de la Justicia y que “no es trasladable” al exministro lo resuelto por Casación en el caso de Urribarri y Aguilera. Añadieron también razones de salud y de edad que impedirían el alojamiento en la cárcel.
“La sentencia de Casación no es un elemento de cargo, no es un motivo para acreditar un riesgo de fuga, se tiene que analizar el caso concreto. Además, los riesgos que analizó Casación para los casos particularismos de Urribarri y Aguilera no son trasladables a Báez, porque el análisis siempre es particular”, resaltó.
Destacó enseguida que los tratados internacionales que refieren a la lucha contra la corrupción “no son para asegurar la sanción ni para asegurar que las personas que tienen que dar respuestas a la sociedad tengan que estar en la Unidad Penal. No es una herramienta de persecución. Lo que buscan estos tratados es la lucha contra la corrupción, que no queden sin respuesta los hechos, pero que se resolverán conforme a la normativa del propio país”.
“Acá la sentencia no está firme o va a adquirir firmeza cuando no haya recurso alguno. De esto no hay discusión. Entonces, acá analizamos el riesgo de fuga, no de sanción, no de condena, no de Unidad Penal. Nadie pone en discusión la vigencia de esos tratados pero su aplicación son conforme a nuestra jurisprudencia”, añadió.
El defensor también indicó que la Fiscalía no aportó elementos concretos para que se configure el riesgo de fuga. “Dijeron que hay sobrados recursos técnicos y económicos y sobrados contactos de Báez ¿cuáles son? Sólo se suponen. Es la primera vez que escucho que el haber sido ministro es un elemento que sostiene el peligro de fuga. Para colmo incluyen la causa por enriquecimiento ilícito. Se lo ha citado a responder por lo que la fiscalía entiende que son inconsistencias patrimoniales y ha respondido. Falta muchísimo para esclarecer esta circunstancia y falta la pericia oficial”, manifestó.
Y ahondó: “No dijeron cuáles recursos económicos, técnicos ni contactos tiene Báez. Son proyecciones subjetivas que no tienen asidero con la realidad. Dicen que no se pudieron recuperar los bienes: los bienes del señor Báez están todos embargados y no se ejecutan porque no está la sentencia firme”.
Enseguida, Velázquez afirmó: “Pareciera que a través de los argumentos de peligro de fuga se quiere hacer efectivo una condena, y son dos elementos distintos. En el relato del Ministerio Público Fiscal no se sabe si se está buscando acreditar el peligro de fuga o que haya un adelantamiento de pena efectiva en la Unidad Penal”.
Asimismo, refirió que hay convenciones de derechos humanos de personas mayores de edad, como las reglas de Brasilia, en la que se entiende que un adulto mayor es quien supera los 60 años. “Báez supera los 60 años. También es un elemento a considerar ¿A dónde se iría a fugar? ¿A dónde iría a rehacer su vida? Tiene sus dos hijos acá, su hermano y, si bien está separado de hecho, tiene una buena relación. Cuando este tribunal puso una caución, hubo amigos que ofrecieron automóviles para sustituir la caución dineraria. Eso es un arraigo: vive en Paraná”, fundamentó.
“No corresponde la prisión preventiva en la Unidad Penal hasta que la Corte tome una decisión definitiva. Subsidiariamente, esta defensa pide la morigeración y la domiciliaria de Pedro Báez por las siguientes razones: padece diabetes, presión arterial y severa celiaquía”, aseguró casi al finalizar su alocución.
“Exige un cuidado farmacológico día a día que en el marco de esta convención para la Protección de Adultos Mayores parecerían ser un elemento a sopesar para garantizar que no haya peligro de fuga hasta tanto la corte resuelva. Incluso pedimos que el médico forense analice la situación de salud de Báez. En el caso que el Tribunal entienda que proceda la domiciliaria, establecer un plazo racional para hacer los estudios médicos”, concluyó.
A sus palabras se adhirió el abogado Díaz. Luego, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes.
Lo hizo a través de un posteo en X del secretario de Estado, Antony Blinken. Caracas dijo que es una decisión “ridícula”.
El gobierno de Joe Biden reconoció formalmente a Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, como presidente electo de Venezuela.
Lo hizo a través de un posteo en X de su secretario de Estado, Antony Blinken. “El pueblo venezolano habló contundentemente el 28 de julio e hizo @EdmundoGU el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, afirmó.
El posteo de Antony Blinken (Foto: X/SecBlinken)
La reacción de Caracas no se hizo esperar. Venezuela tachó de “ridículo” el reconocimiento de Estados Unidos a González Urrutia como “presidente electo”.
“’Del único lugar que no se vuelve es del ridículo’ reza el dicho popular”, reaccionó el canciller venezolano, Yván Gil, en Telegram.
El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en medio de una ola de denuncias de fraude de la oposición liderada por María Corina Machado, que reivindicó el triunfo de su candidato, González Urrutia.
El exdiplomático se refugió en España a principios de septiembre. Tenía una orden de arresto en su contra “por sus reiteradas incomparecencias” ante la fiscalía, que lo investigaba por “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, conspiración, sabotaje e instigación a la desobediencia de las leyes” después de que la oposición publicara sus propias actas electorales que demostrarían su triunfo en los comicios.
Estados Unidos estrecha el cerco sobre Nicolás Maduro
La decisión se conoció después de que trascendiera un proyecto de ley que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realizan negocios con cualquier gobierno de ese país no reconocido por Washington.
Casi cuatro meses después de las elecciones venezolanas, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del Presidente para entrar en vigor.
El presidente venezolano Nicolás Maduro (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
Caracas reaccionó con un comunicado en el que califica al proyecto de “ataque criminal”.
La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la inmediata detención del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, y derivación de ambos a la Unidad Penal 1 de esta capital. Los abogados defensores de los condenados por delitos de corrupción, en el marco de la causa del “Megajuicio”, fueron notificados poco después de las 10. La justicia impartió la orden a la Policía de Entre Ríos, quienes iban a detener a ambos condenados por corrupción y luego iban a ser derivados a la UP1 de Paraná. Aguilera fue detenido poco después de las 11.30 y fue derivado a Robos y Hurtos, para luego ser destinado a la cárcel, según confirmó ANALISIS. Lo mismo sucedió con Urribarri, quien fue detenido por la Policía en su casa de Concordia y derivado a la Jefatura Departamental de su ciudad, desde donde será trasladado luego a Paraná. En principio ambos pasarán la noche en la cárcel de la capital entrerriana y mañana serían derivados a la Unidad Penal de Gualeguaychú por la falta de capacidad que tiene la UP1. Además, en Gualeguaychú hace varias semanas ya se estaba acondicionando un pabellón destinado a condenados por delitos de corrupción.
Casación comunicó su decisión tras el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos. La resolución es de este 19 de noviembre y lleva la firma de las tres vocales de Cámara: Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, en ese orden. La primera de ellas dio los argumentos en una resolución de más de 70 páginas. Badano y Bruzzo adhirieron.
Del repaso del fallo, se lee que Davite retomó las presentaciones del recurso interpuesto por los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Los cinco llevaron adelante las investigaciones que se acumularon en el “Megajuicio por corrupción” y las acusaciones en el debate público, realizado entre 2021 y 2022. Además, la vocal de Cámara repasó las exposiciones de los integrantes del Ministerio Público Fiscal en la audiencia que se realizó el 31 de octubre de 2024.
En efecto, la postura del MPF consistió en “priorizar en esta instancia, luego de haberse respetado todos los criterios, donde se hizo hincapié en los derechos del imputado, presunción de inocencia, no persecución injusta, que no sólo ha quedado desvirtuado por la declaración de culpabilidad, sino por tres instancias judiciales, dos de ellas de revisión, donde dice que la persecución, la acusación definitiva y la condena fueron ajustadas a Derecho, y que se respetaron todos los principios constitucionales”. “Es ahora cuando debe tenerse en cuenta el derecho de los ciudadanos a que se cumpla la pena, ese es el interés que debe priorizarse ahora, también reconocido constitucionalmente; y es un deber del Estado, por nuestra Constitución Nacional y los Tratados internacionales”.
Cabe recordar que en su presentación, el fiscal Ramírez Montrull (uno de los cuatro que investigó a Urribarri y Aguilera), mencionó “el poder que sigue ejerciendo el imputado y que beneficia también a su cuñado”. “Se deben respetar los derechos de las víctimas, de los ciudadanos, los delitos de corrupción afectan los DDHH, defraudados por los hechos cometidos, y ahora visualizan el riesgo de que los hechos queden impunes, por estar latente el riesgo de fuga. Es en esa línea, resguardando los derechos de los ciudadanos, que se ha expedido el vocal Garzón en la resolución cuestionada, que cita jurisprudencia donde se condenó a los imputados y se dictó la preventiva, por riesgo de fuga. En ese sentido, se expidió Garzón, y es el que hoy solicitan se imponga a los fines de resguardar los intereses de la sociedad. Se deben tener en cuenta la gravedad de las maniobras, la existencia de causas en trámite contra los condenados, el enriquecimiento ilícito en etapa de remisión a juicio, que se ha demostrado el enriquecimiento aproximadamente por 8 millones de dólares, se demostró la capacidad económica para evadirse de la justicia, y va a hacer hincapié en las pautas legales del art. 354 CPPER, sobre la actitud del imputado posterior al hecho”.
“No hay actitud tendiente a demostrar arrepentimiento, ni a restituir lo sustraído; por el contrario, la actitud fue de constante desafío a la autoridad judicial y sus declaraciones. Qué hace pensar como indicio, que la persona que niega los hechos va a cumplir la condena, si está demostrando con su conducta otra actitud. Ha logrado con este vigente poder, por distintos medios, o ha intentado ponerse en situación de víctima, de perseguido, de negar la declaración de culpabilidad, o intentando poner a las autoridades judiciales que han intervenido, como supuestos delincuentes, denunciándolos de actividades ilícitas. Está demostrando otra cosa con su conducta, una conducta excepcional, no habitual, no es habitual que estemos 5 minutos antes de cada audiencia viendo si se presentó algo para pedir la suspensión, les ha pasado en todo el proceso. Acá, para llegar a la posibilidad de una condena, tuvieron innumerables oposiciones. Eso es riesgo, no tienen por qué soportar los ciudadanos que exista ese riesgo, cuando se le han respetado todas las garantías para llegar a esa condena. Ha demostrado que va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo eso se traduce en riesgo, para los ciudadanos, de que no cumpla con su condena. Han visto cambios de criterio, cambios de fallos, posibilidades que no tienen otros ciudadanos, se asombraba de las recusaciones, suplicaban los Defensores al Tribunal, esa excepcionalidad se da por el poder, llegando a denuncias ilegales en extraña jurisdicción, amenazas con jury, la conmoción en el sistema judicial y democrático entrerriano. Los recursos están a la vista, la cantidad de abogados; hay falta de previsibilidad en las resoluciones, no son las que están habituados, se traduce en inseguridad jurídica, por esa tensión que se genera. Urribarri siempre negó la constitucionalidad de su condena, siempre se expresó contra alguna autoridad judicial, por qué puede pensarse que va a aceptar las consecuencias, o que todo lo que menciona es inocuo. Esas situaciones, las denuncias se hicieron, existen. Después del hecho, Urribarri denunció a quienes lo investigaron y juzgaron, esa actitud es riesgo, no va a cumplir la pena. Esta situación de 10 excepcionalidad que vivimos diariamente, los que llevan la investigación, quieren que cumpla la pena. No la tiene por haber sido dos veces gobernador, no tiene privilegio o inmunidad, al contrario, lo pone en situación de mayores deberes. Se traduce en la posibilidad hoy de tener mayores recursos, hay una causa de enriquecimiento ilícito por 8 millones de dólares, los recursos los tiene, los bienes los tiene, los vínculos los tiene, el dinero no se ha podido recuperar. Eso es porque todavía tiene poder. Esta situación es la que debe considerar el tribunal, fundamentalmente para que esta situación de excepcionalidad ante la ley, hoy la haga cesar el tribunal, esta desigualdad debe hacerse cesar. Se dan los principios, ante la solicitud de la fiscalía; el mérito sustantivo está acreditado, el pedido es proporcional, las penas son de 8 años, y 6 años y medio. Es provisional, hasta que la sentencia quede firme. Mantienen el recurso, y solicitan se haga lugar a lo solicitado”.
La magistrada de Casación recordó que la mayoría del tribunal que rechazó los pedidos de prisión preventiva para Urribarri, Aguilera y Báez, sopesó: “La Fiscalía demostró la existencia de un latente riesgo procesal que es el peligro de fuga, pero no logró justificar que ese encierro preventivo fuera la única medida posible de adoptar para cautelarlo. Esta conclusión la extrajeron los vocales de la mayoría de vincular los elementos objetivos que se relevaron con los comportamientos evidenciados por los condenados durante el proceso, en tanto, a su juicio, los condenados no han dado muestras de sustraerse a la acción de la justicia hasta el día en el que se dictó la resolución”. “Por ello, entendieron que la prisión preventiva resultaba desproporcionada, pudiendo ese latente riesgo de fuga ser conjurado con las medidas sustitutivas del art. 349 del CPPER. Solución que coincidiría, dijeron, con el pedido en subsidio de la Fiscalía en su escrito inicial”. “En definitiva, el principal motivo del rechazo de la prisión preventiva fue el comportamiento procesal de los condenados a lo largo del proceso”.
Davite rechazó ese razonamiento. Consideró que “la afirmación en la que se fundan los votos de la mayoría, que puede sintetizarse en “’el buen comportamiento procesal de los condenados’, frente las constancias de la causa, no resulta acertado”. “Tal como lo destacó la Fiscalía, Urribarri sólo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba. Por otra parte, se ha podido comprobar -como de manera detallada se verá más adelante- que la audiencia de prisión preventiva no se pudo concretar por las innumerables maniobras dilatorias de la defensa durante más de cuatro meses. Dichas maniobras, se llevaron a cabo durante toda la tramitación del proceso. Tal como puede comprobarse con la demora que hubo para poder llegar a realizarse las audiencias de juicio y de casación, cuya fijación se dificultó por la presentación de recusaciones por causales inexistentes y recursos que no están previstos en el CPPER”.
“También forma parte del comportamiento posterior de Urribarri la persistente negación de la condena, al punto de realizar denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones tachando de ‘mesa judicial’ a los magistrados que intervinieron en las causas. Estas consideraciones acerca de lo que efectivamente aconteció con el requisito procesal ‘actitud posterior al hecho’, instrumentado a través de sus defensores, está lejos de ser calificado como un ‘buen comportamiento procesal’. En efecto, lo que vemos es que con anterioridad a la audiencia de prisión preventiva, los condenados vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento -que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena. Todas estas circunstancias dan cuenta de la actitud posterior al hecho y debieron ser contempladas por los votos de la mayoría en la resolución puesta hoy en crisis”.
Más adelante, la jueza sostuvo que “de la valoración integral de todas las pautas que exige el CPPER para el dictado de la prisión preventiva, se puede inferir, sin dificultad alguna, que los condenados seguirán intentando por cualquier medio, incluida la fuga, eludir la acción de la justicia; sin que tenga ninguna relevancia el modo concreto en el que podrían llevarlo a cabo. Por todo ello entiendo, que en este caso la necesidad de neutralizar el peligro de que no se puedan realizar los fines del proceso, es superlativa. Y esto fue justamente, lo que relevaron los Fiscales y el voto de la minoría, al coincidir en que se había acreditado debidamente el riesgo de fuga y que era necesario cautelarlo mediante el dictado de la prisión preventiva, incluyendo en su análisis el control de convencionalidad”.
Sobre el final, rechazó los argumentos de los defensores Leopoldo Cappa, Javier Baños, Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende. “Encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”, manifestó Davite.
Para concluir la jueza propuso al acuerdo “hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución de fecha 05/09/2024, y en consecuencia, disponer la prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 de Paraná, de Sergio Daniel URRIBARRI y de Juan Pablo AGUILERA, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.
Un concejal opositor, integrante de Más Para Entre Ríos (PJ), brindó su postura respecto del cobro de tasas municipales y fustigó contra el edil del oficialismo.
Guillermo Satalía Méndez, concejal de Más Para Entre Ríos (PJ), brindó su postura respecto del debate generado en el Honorable Concejo Deliberante de Concordia por el cobro de tasas municipales.
El concejal peronista cruzó al “radical libertario” porque en el debate que se dio en HCD, Felipe Sastre mencionó que ellos están cumpliendo con una promesa de campaña de beneficiar a los comerciantes que es a quienes venían prometiendo medidas de alivio desde la campaña, y que el peronismo nunca dio respuesta a este sector. Esto se da debido a que la rebaja en la tasa de alumbrado al establecer un tope de 350 KW está orientada a beneficiar principalmente a comercios y no a los vecinos comunes y corrientes.
Al respecto el concejal Satalía Méndez, ex secretario de Producción del municipio, fue determinante, “lo que dijo en la sesión el concejal Felipe Sastre, o es porque tiene muy mala memoria, o miente para quedar bien, porque nosotros en la gestión anterior sí aplicamos un 50% de rebaja en la tasa de alumbrado público a los comercios”.
“Puede ingresar a la web del municipio y ver la nota cuando se anunció, aplicó y leer los testimonios de Laura Kobrinsky, presidenta de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Concordia: “Es una medida muy bien recibida. Es necesaria porque los incrementos de la luz han sido muy altos y se hace difícil de afrontar junto con los gastos del día a día. Esperamos que esta iniciativa se replique en otros ámbitos también”.
“Lo más importante y que quiero resaltar, porque si no acá puede venir cualquiera y decir cualquier cosa es que la reducción de la carga tributaria comienza desde el inicio del primer mandato Enrique Cresto, que se empezó hacer de forma gradual. En ese entonces la reducción de la carga tributaria, primero pasó por la tasa comercial, después por la tasa inmobiliaria, por la tasa de agua, por la tasa de alumbrado público, en este caso, de los de alumbrado, pasó varias veces”.
“En un primer momento se había reducido del 16% al 15% para el comercio, después se hizo una exención del 50% para el sector de la gastronomía y hotelería y después en el Concejo (que capaz ese día Felipe no había ido parece porque era concejal), se aprobó la reducción del 50% para todos los comerciantes, o sea, para todos los contribuyentes de la tasa comercial. Involucrando a más de 10.500 contribuyentes. Propuesta tomada del proyecto del Senador Kueider a nivel nacional de la ley de Tarifas”.
“A mí la verdad que no me gusta tener que salir a desmentir, pero tampoco podemos dejar que se le mienta a la gente, eliminar tasas innecesarias, reducir cargas, acompañamos, estamos de acuerdo desde un principio, es algo que como mencioné se venía haciendo progresivamente desde el peronismo también, y creo que el proyecto de Magdalena Reta de Urquiza en general ha sido bueno, ordena. Lo que como acabo de explicar, al sector comercial lo acompañamos, no es que no hicimos nada como dijo el concejal, y al industrial también en el parque industrial en marzo de 2023 establecimos un subsidio del 50% del costo de la electricidad para beneficiar a la industria”.
“Entonces solo pido, dejémonos de chicanas, y mentiras, y busquemos el beneficio de la gente. Los costos energéticos este último año subieron exponencialmente, y ahí las tasas cada vez son más dañinas para el vecino y se convierten en fondos importantes que no sólo se usan para pagar el servicio, sino para la gestión en general, es por ello que desde un principio buscamos ampliar el beneficio. Ahora si la realidad es que con todos los desbarajustes que han pasado de nación a provincia a municipio, porque no hay plata no se puede bajar más la tasa o ampliar el tope para incluir a más vecinos lo entenderé, no soy demagogo, ahora sí, no sean demagogos e improvisados quienes nos gobiernan con anuncios rimbombantes que en los hechos terminan siendo migajas y se usa para vender solo en los medios”.
La Justicia de Entre Ríos dispuso la prisión preventiva del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado a 8 años de cárcel tras la sustanciación del denominado “megajuicio”, en el que confluyeron varias causas por corrupción.
“El Sr. Jefe de la Policía de Entre Ríos, recibido que sea el presente, dispondrá lo necesario a fin que se proceda a la INMEDIATA CAPTURA de SERGIO DANIEL URRIBARRI, DNI Nº 12.432.065, argentino, nacido el día 7 de Octubre de 1.958, hijo de Jorge Enrique Urribarri (f.) y de Miriam Teresita Luchessi (f.), domiciliado en calle Néstor Garat 291 de Concordia, Provincia de Entre Ríos, el que una vez habido, deberá ser alojado en la UNIDAD PENAL N°1, a disposición de este Tribunal”, señala el mandamiento de captura número 63/24, firmado por la Jueza Marcela Davite, presidente de la Cámara 1 de Casación Penal.
El mandamiento surge como consecuencia de que la Cámara de Casación de Paraná dispuso la prisión preventiva de Urribarri, en el legajo Nº 2220/24, caratulado: “URRIBARRI, SERGIO DANIEL – BAEZ PEDRO ANGEL – TORTUL GUSTAVO JAVIER – CESPEDES HUGO FELIX – AGUILERA JUAN PABLO – CARGNEL CORINA ELIZABETH – MARSÓ HUGO JOSE MARIA – CARUSO GERARDO DANIEL S-PECULADO S/ RECURSO DE CASACION (Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA)”.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado que se dictara la prisión preventiva para el exmandatario entrerriano, cuya condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, aunque también el mismo alto tribunal habilitó que pudiera recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un último intento por revertir la sentencia, que ya fue ratificada en tres instancias.
Las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, hacen lugar a un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocan una resolución del Tribunal de Juicio y contra esa medida y disponen la prisión preventiva efectiva del exgobernador y su cuñado mientras tramita la apelación ante la Corte Suprema.
Ambos fueron condenados por el desvío de fondos públicos para promocionar la figura del ex gobernador como candidato presidencial en 2015.
La decisión fue unánime y fue fundamentada por la jueza Davite.
En su momento, el tribunal de Juicio había decidido, por mayoría, rechazar la detención del ex mandatario provincial, a pesar de admitir que existía un “latente” peligro de fuga. El Ministerio Público Fiscal también había solicitado la detención de Pedro Báez, condenado a una pena de prisión efectiva.
En su caso, dijeron, la condena se encuentra firme, ya que su defensa omitió interponer un recurso extraordinario para llevar el caso ante la Corte Suprema. Pero la Sala Penal decidió habilitar también el camino ante el máximo tribunal para el ex ministro, “en franca contradicción con lo antes decidido, por cuanto el juicio de corroboración de la no concesión ya estaba fenecido y agotado”, señalaron los fiscales. Por eso la Cámara de Casación Penal omitió un pronunciamiento respecto de Báez.
Las magistradas señalaron que Urribarri y Aguilera han atravesado la instancia de juicio y fueron condenados: el ex gobernador recibió una pena de ocho años de prisión y a su cuñado se le impuso una pena de seis años y seis meses de cárcel. “Esta circunstancia necesariamente debe estar presente en este análisis, por cuanto ya no nos encontramos frente a sujetos sospechados de participar en un delito, sino de dos personas condenadas, y cuyas condenas fueron confirmadas en el grado máximo de revisión que exige el Código Procesal Penal de Entre Ríos”, resaltaron.
Asimismo, las juezas de casación señalaron que el peligro de fuga invocado por los fiscales “habilitan dejar de lado la regla general de la libertad mientras dure el proceso” y “se conjugan de distinta manera y con distintas conclusiones, según se trate del inicio de la investigación, del desarrollo de un juicio o de la revisión de una condena dictada, por la misma dinámica y las distintas cuestiones que se van presentando según esas instancias”.
Los abogados defensores adelantaron que apelarán la medida dispuesta por la Cámara de Casación Penal, pero la prisión preventiva se dictó con efecto devolutivo, de modo que Urribarri y Aguilera permanecerían detenidos mientras tramita el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Es por ello que el tribunal emitió el “mandamiento” en el que ordena a la Policía de Entre Ríos que proceda a la “inmediata captura” de Sergio Daniel Urribarri.
Fue la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo la que finalmente hizo lugar al planteo de Fiscalía para que el condenado quede preventivamente detenido, alojado en la Unidad Penal 1.
El Presidente se expresó de esta manera ante los líderes que asisten al evento internacional que se organiza en Río de Janeiro. Las principales frases del argentino en sus dos discursos del día
(Enviado especial a Rio de Janeiro, Brasil) Javier Milei anunció en la tarde de este lunes su apoyo con reservas a la declaración final del G20 de Brasil, al rechazar sus disposiciones vinculadas a la denominada agenda 2030 de las Naciones Unidas. En la mañana, en tanto, realizó su primera intervención en el encuentro de líderes internacionales: “Si queremos erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio”.
“A los mandatarios internacionales que hoy me acompañan, buenos días. Sea por malicia o ignorancia, la mayoría de los gobiernos modernos han insistido en un error. El error de que para combatir el hambre y la pobreza hace falta mayor intervención estatal y mayor planificación centralizada de la economía”, señaló Milei en el inicio de su discurso al hablar sobre la inclusión social y la lucha contra el hambre y la pobreza.
“Nuestra administración tiene una posición simple: si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio”, apuntó el mandatario. “Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, y que el intercambio voluntario de bienes y servicios traiga prosperidad”, continuó.
“Nunca verán a nuestra administración defender propuestas que impliquen mayor presión fiscal —insistió Milei en su primer discurso del día—, ni propuestas de desarrollo sostenible que prioricen caprichos de políticos con la panza llena en países ricos, cuando los países pobres necesitan explotar sus recursos para salir de la pobreza. Voy a decirlo de nuevo, lo único que funciona para sacar a miles de millones de la pobreza es el capitalismo de libre empresa”.El presidente Milei en el G20 (REUTERS/Pilar Olivares)
Luego, por la tarde, el mandatario nacional realizó una nueva intervención. “Pensando en la consigna de esta exposición, creo que el concepto de ‘gobernanza global’ se ha convertido en la etiqueta de este fracaso”, apuntó y agregó: “Porque hoy, aunque varios no se animen a decirlo a viva voz, somos muchos en la comunidad internacional para quienes ‘gobernanza global’ es sinónimo de imposiciones de todo tipo a nuestras naciones y a nuestros ciudadanos”.
“En distintos ámbitos nos han llegado a acusar de promover discursos de odio, de ser antidemocráticos o de representar un peligro para los derechos humanos, meramente por tener una opinión disidente. Esto quiere decir que los mecanismos de gobernanza global no ofrecen un canal de conversación entre semejantes. Ofrecen solo dos caminos: sumisión o rebeldía”, continuó Milei. Luego, aclaró: “Bueno, antes que ser esclavos, nosotros preferimos la rebeldía. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para esclarecer la posición de esta administración acerca de algunas consignas de la mal llamada ‘gobernanza global’”. A continuación, realizó un repaso:
“Si se trata de restringir la libertad de opinión, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de transgredir el derecho a la propiedad de los individuos a través de impuestos y regulaciones, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de limitar el derecho de los países a explotar libremente sus recursos naturales, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o de cualquier minoría, y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros”.
En el cierre de su segunda y última intervención en el día, Milei comentó: “Tal como en el siglo XX hubo una carrera espacial, sostenemos que en las próximas décadas veremos otra carrera: Una carrera fiscal y desregulatoria”.
El Presidente argentino en la foto oficial del G20 este lunes
El primer discurso de Milei en el G20
Inclusión social y lucha contra el hambre y la pobreza
A los mandatarios internacionales que hoy me acompañan… buenos días.
Sea por malicia o ignorancia, la mayoría de los gobiernos modernos han insistido en un error: el error de que para combatir el hambre y la pobreza hace falta mayor intervención estatal y mayor planificación centralizada de la economía.
Este fue el espíritu con el que nació el G20 después de la crisis de las sub-prime en 2008.
Sin embargo, la evidencia empírica demuestra lo contrario: cada vez que un Estado tuvo una presencia del 100% en la economía —que no es más que una forma bonita de llamar a la esclavitud—, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital, y millones de muertes ya sea por hambre, frío o crimen.
Siempre que se aplicaron estas ideas, tuvo que ser a punta de pistola y levantando muros que le prohibieran a su población escaparse.
Como decía Revel, lo que marcó el fracaso del socialismo no fue la caída del muro, sino su construcción.
¿Por qué fracasan estas ideas?
En primer lugar, porque pretenden construir un paraíso en la Tierra vulnerando dos de los tres principales derechos humanos: el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Y como mencioné anteriormente, a veces hasta se termina poniendo en duda el derecho a la vida.
Sin estos tres derechos, la prosperidad y el crecimiento no existen porque distorsionan el sistema de incentivos. ¿Quién querría esforzarse en un sistema que no le permite capitalizar su esfuerzo a través del ahorro y la adquisición de bienes? ¿Quién querría jugar un juego en el que constantemente le cambian las reglas y, si te va bien bajo un reglamento, buscan la excusa para apropiarse de una mayor porción de lo que uno produce?
En segundo lugar, estas ideas fracasan porque, como bien dijo Hayek, cada vez que el Estado interviene genera un resultado peor al que había antes de que se entrometiera.
Esto sucede porque los políticos modernos buscan hacer de la política una forma de vida y no tienen idea de los pormenores que implica emprender para solucionar problemas a terceros. Así terminan legislando sobre cuestiones que desconocen en el 100% de los casos.
De hecho, el incentivo del político implica no solucionar los problemas, sino perpetuarlos, porque un problema solucionado es un lugar de donde el Estado debe retirarse.
En tercer lugar, estas ideas fracasan porque confunden la voluntad con el voluntarismo. Creen que la voluntad de la política es más importante que la voluntad de cada uno de sus ciudadanos y someten a toda la población a relacionarse de forma forzosa, como si el futuro de cada uno pudiese ser decidido desde una oficina o como si un político supiese mejor que uno mismo lo que le conviene.
Esto termina distorsionando el sistema de precios y forzando a la población entera a acceder a bienes y servicios de peor calidad, a un peor precio. Todo por el capricho de políticos. Y, en el peor de los casos, termina generando crisis de déficit, de deuda y destruyendo la moneda.Javier Milei junto a Emmanuel Macron en la foto oficial del G20 (REUTERS/Ricardo Moraes)
Miren si no lo sabremos de primera mano los argentinos, que en los últimos 40 años tuvimos tres signos monetarios diferentes, y en diciembre del año pasado asumimos la presidencia con una pobreza del 55%.
En cuarto lugar, el dirigismo estatal le roba la iniciativa a los más pobres. Y, al hacerlo, les roba su dignidad, porque los vuelve esclavos de la dádiva y los somete a la corrupción de los intermediarios amigos del Estado.
De modo que, sobre este asunto, nuestra administración tiene una posición simple: si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio.
Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, y que el intercambio voluntario de bienes y servicios traiga prosperidad.
El capitalismo de libre mercado ya sacó de la pobreza extrema al 90% de la población global y duplicó la expectativa de vida. Esto fue gracias a que generó un progreso tecnológico que puso al humano en el lugar de los dioses, habiendo conquistado los océanos, el aire, el espacio, el átomo, y pudiendo comunicarnos a cientos de miles de kilómetros en tiempo real, como si se tratara de telepatía.
Todo esto lo logró el privado por cuenta propia, buscando solucionar los problemas que aparecían sobre la marcha. No fue por orden de ningún jerarca estatal.
Esto significa que nunca verán a nuestra administración defender propuestas que impliquen mayor presión fiscal ni propuestas de desarrollo sostenible que prioricen caprichos de políticos con la panza llena en países ricos, cuando los países pobres necesitan explotar sus recursos para salir de la pobreza.
Voy a decirlo de nuevo: lo único que funciona para sacar a miles de millones de la pobreza es el capitalismo de libre empresa.
Cualquier otra propuesta es hubris para confortar y financiar sociólogos mal formados y deshonestos. Y lo voy a repetir las veces que haga falta y donde sea, porque tengo toda la historia de mi lado.
Muchas gracias a todos, y que Dios bendiga al mundo libre.Los mandatarios en el evento que se organiza en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)
El segundo discurso de Milei en el G20
Reforma de las instituciones de gobernanza global
Estimados integrantes de esta asamblea:
Los organismos y foros internacionales que hoy articulan la comunidad internacional se crearon con el espíritu de que todas las naciones involucradas pudieran reunirse para cooperar de forma voluntaria, en calidad de iguales y autónomos, para, entre otras cosas, salvaguardar los derechos básicos de las personas.
Esto está grabado en piedra en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consigna que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Sin embargo, hoy, a casi 70 años de haberse inaugurado este sistema de cooperación internacional del que nosotros los presentes y el resto de las naciones del mundo participan, es hora de reconocer que este modelo está en crisis, porque desde hace tiempo está en falta con su propósito original.
En primer lugar, porque hemos fracasado en cumplir con el mandato de cooperación internacional voluntaria entre iguales.
Hoy, lo que rige en la comunidad internacional es un esquema de imposición, no uno de cooperación simétrica y autónoma.
En segundo lugar, y más importante aún, porque muchas de las políticas promovidas con insistencia por la comunidad internacional vulneran los derechos más básicos de los ciudadanos del mundo, que son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada.
Pensando en la consigna de esta exposición, creo que el concepto de “gobernanza global” se ha convertido en la etiqueta de este fracaso.Vale recordar que Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con Emmanuel Macron durante el último fin de semana (REUTERS/Pilar Olivares)
Porque hoy, aunque varios no se animen a decirlo a viva voz, somos muchos en la comunidad internacional para quienes “gobernanza global” es sinónimo de imposiciones de todo tipo a nuestras naciones y a nuestros ciudadanos.
Desde barreras a la producción y el comercio, hasta mandatos de censura a la expresión libre, pasando por imposiciones culturales y condicionamientos en el acceso al mercado de crédito.
El problema es que estas definiciones no son acuerdos entre partes, sino exigencias, porque se fustiga a quien osa tener una mirada propia.
Para nosotros, el consenso siempre parte del saludable desacuerdo y debate vigoroso. Pero hoy, el desacuerdo escandaliza, y el debate no es ni vigoroso ni saludable. No hay igualdad soberana que lo permita, y, en consecuencia, el régimen internacional se convierte en un corsé que nos asfixia.
La prueba es que en distintos ámbitos nos han llegado a acusar de promover discursos de odio, de ser antidemocráticos o de representar un peligro para los derechos humanos, meramente por tener una opinión disidente.
Esto quiere decir que los mecanismos de gobernanza global no ofrecen un canal de conversación entre semejantes. Ofrecen solo dos caminos: sumisión o rebeldía.
Bueno, antes que ser esclavos, nosotros preferimos la rebeldía. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para esclarecer la posición de esta administración acerca de algunas consignas de la mal llamada “gobernanza global”:
Si se trata de restringir la libertad de opinión, no cuenten con nosotros.
Si se trata de transgredir el derecho a la propiedad de los individuos a través de impuestos y regulaciones, no cuenten con nosotros.
Si se trata de limitar el derecho de los países a explotar libremente sus recursos naturales, no cuenten con nosotros.
Si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o de cualquier minoría, y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros.
Si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros.
Creemos que la cooperación internacional puede ser provechosa para todos, sí, pero para eso es imprescindible respetar la soberanía de las naciones y los derechos individuales de sus ciudadanos.
En eso consiste, a fin de cuentas, nuestra agenda de la libertad, y es el norte que creemos debería tener cualquier esfuerzo de reforma para las instituciones de gobernanza global.
Tal como en el siglo XX hubo una carrera espacial, sostenemos que en las próximas décadas veremos otra carrera:
Una carrera fiscal y desregulatoria, donde prosperarán los países que salvaguarden la libertad de los individuos, los que liberen las fuerzas productivas, los que premien la innovación en vez de castigarla. O sea, los que atiendan aquellas verdades que en las últimas décadas la comunidad internacional ha dejado de lado.
Nosotros hoy asumimos el compromiso de estar a la vanguardia de esa carrera.
Y mantenemos la fe y esperanza de que la comunidad internacional se reencontrará con los principios que le dieron vida: la cooperación voluntaria de naciones soberanas en calidad de iguales, en defensa de la libertad de los individuos.
La causa abierta contra Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28 años conocida por sus críticas virtuales al líder indiscutido de Misiones, encendió las alarmas en la provincia. Su caso se suma a otros, con similar modus operandi: allanamientos y detenciones a partir de denuncias hechas por altos funcionarios.
De la calle a los despachos judiciales. Del recinto de la Legislatura al feed de X. El 2024 será recordado como el año en que el escenario de la disputa política en Misiones se diversificó. El punto más álgido de ese nuevo estado de cosas ocurrió en mayo, cuando las protestas salariales de trabajadores estatales inundaron las calles y rutas de la provincia. Desde entonces, el foco de la atención pública nacional no se corrió de la tierra colorada, mientras el gobierno del “misionerista” Frente Renovador de la Concordia y su líder, el exgobernador Carlos Rovira, demostraban estar dispuestos a hacer todo lo que esté su alcance con tal de resguardar el edficio hegemónico que tan bien supieron construir a lo largo de más de dos décadas en el poder.
En medio de esa coyuntura cada vez más espesa, un dato novedoso comenzó a hacerse evidente: la creciente preocupación de Rovira por todo lo que se diga sobre él en las redes sociales. La conmoción generada por el caso del exdiputado provincial Germán Kiczka, detenido en agosto por tráfico de material de abuso sexual infantil, además de reavivar una vieja rencilla con su mentor Ramón Puerta, le permitió al mandamás provincial, desde su rol de diputado raso, avanzar con una iniciativa que encendió alarmas en la dirigencia opositora: la creación deuna Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, facultada para “disponer el secuestro y reserva de dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro” en caso de “fake news” que afecten a “individuos o instituciones públicas”.
Carlos Rovira, el exgobernador de Misiones y líder indiscutido del oficialismo provincial.
De inmediato, no faltaron quienes vieron en la aprobación de esa ley la institucionalización de un modus operandi. Es que son varios los tiktokers críticos del gobierno provincial, por lo general de orientación libertaria, que en los últimos meses sufrieron represalias judiciales tras ser denunciados por altos funcionarios de la Renovación, como también se conoce al espacio político provincialista que gobierna Misiones desde el año 2003.
El más reciente de todos fue el de Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28 años con una gran repercusión en TikTok, cuyo domicilio fue allanado hace pocas semanas. Según su propio relato, los policías que irrumpieron en su casa el sábado 2 de noviembre por la mañana, mientras dormía junto a su familia, lo hicieron con una especial violencia. “Destrozaron la puerta de adelante, y enseguida un policía se lanzó sobre mí, presionándome la espalda con su rodilla”, describió Aguirre en un audio que se viralizó a las pocas horas de lo sucedido, en el que también relata un fuerte cruce con uno de los efectivos: “Al lado mío estaba el bebé, y le dije: ‘Pará, estoy con el bebé’. Me respondió: ‘Callate la boca o le vamos a llevar a tu bebé con un asistente social’”.
La tiktoker libertaria misionera Florencia Belén Aguirre fue allanada luego de ser denunciada por un alto funcionario del gobierno provincial
“En algún momento me encapucharon la cabeza. Mi pareja estaba esposada, y mi hijo de 13 años, Jaime, estaba en el piso. Lo tenían en posición de sospechoso, con las manos en la espalda, como si fuera un criminal”, continuó Aguirre, quien en el último tiempo tuvo un rol muy activo en la defensa en redes de los ocho policías detenidos desde septiembre —entre ellos Ramón Amarilla, el referente de las protestas de mayo— tras ser acusados de “sedición” y “conspiración”.
Aguirre relata que recién después de cuatro horas de operativo fue trasladada a la Jefatura de Policía sin que, según ella, se le “explique nada”. “Pasé ahí toda la mañana, me tomaron las huellas, me sacaron fotos y grabaron varios videos. Al final, simplemente me dijeron: ‘Andate‘. No sé qué buscaban, y lo único que me advirtieron fue que no podía usar las redes sociales”, finalizó la mujer, a la que le secuestraron tres teléfonos. Los medios provinciales titularon que además se llevaron de su domicilio un frasco con marihuana y una escopeta, objetos que en realidad pertenecían a uno de sus vecinos.
“Calumnias”, “injurias” y “amenazas” resultó ser el motivo por el cual el juez posadeño Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal 2, habilitó el allanamiento a Aguirre. Su denunciante fue ni más ni menos que el titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, un polémico funcionario conocido por ser una de las espadas preferidas de Rovira en el terreno virtual. “Soy asperoso y chicanero, pero jamás me meto con la condición social ni física, jamás digo ‘sos un chorro, sos un atorrante, son todos drogadictos’, como sí lo hizo esta chica”, fue la justificación que dio durante una entrevista con la radio local Eldópolis, en la que también exhortó a “regular” el uso de las redes sociales.
El titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, un funcionario conocido por ser una de las espadas preferidas de Rovira en el terreno virtual. Enfoque Misiones
Para Gervasoni, el accionar de Aguirre solo apuntaba a “embarrar, desprestigiar, denostar, difamar y calumniar” al gobierno provincial, por lo que ante ello decidió presentar “denuncia penal, civil y en ciberdelito”. “Solo pedí que se abstenga de seguir con las agresiones”, añadió en un descargo que realizó en su cuenta de Facebook.
“Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor, y de los compañeros y funcionarios del Frente Renovador, de nuestro conductor [Carlos Rovira]. Cuando se trata de gente que tras la máscara inocente una usuario/a de redes sociales pretenda solo embarrar, desprestigiar, denostar, difamar, calumniar, siendo funcionales a algún interés en particular”, culminaba su posteo.
El líder del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, durante una sesión ordinaria en la Legislatura. Cámara de Representantes de Misiones
“Cacería de brujas”
El primer caso resonante de hostigamiento a voces críticas en Misiones fue el de Ramiro “Quito” Barrionuevo, un gomero y tiktoker libertario de la localidad de Eldorado, conocido por sus publicaciones en contra de la “corrupción” del gobierno provincial. En abril, le sustrajeron todos sus aparatos electrónicos y debió pasar un fin de semana tras las rejas luego de que la subsecretaria de Coordinación General del gabinete de Hugo Passalacqua, Micaela Gacek, lo denunciara ante la Justicia. Al igual que Aguirre, fue acusado de incurrir en “intimidación pública y amenazas”, además de “incitación a la violencia”, en una causa tramitada también en el juzgado del juez Monte, en Posadas.
“¡Mirá cómo se llevan a tu soldado, Milei!”, gritó Barrionuevo mientras lo subían a un patrullero de la policía, imagen que quedó inmortalizada en un video que se hizo viral. Un tiempo después, en diálogo con elDiarioAR, el influencer detalló: “Vinieron a mi casa, allanaron, se llevaron todas las cosas de mi hijo, mis cosas, mi vehículo, mi moto”. Según sus propias palabras, en la provincia se vive “una cacería de brujas”. “Un día le toca a uno, un día le toca al otro, y eso lo que está demostrando es la debilidad que tienen los rerobadores (sic)”, lanzó el gomero, que en julio pasado formalizó su salto a la política: logró juntar 500 firmas para la creación de un nuevo partido “libertario” provincial que lo tiene a él como referente, el Movimiento Yaguareté Libre.
En abril, al gomero Ramiro “Quito” Barrionuevo le sustrajeron todos sus aparatos electrónicos y debió pasar un fin de semana tras las rejas tras ser denunciado por sus publicaciones en redes sociales.
Por aquel entonces, quien tampoco perdió la oportunidad de subirse al affaire Quito fue Gervasoni. En sus redes sociales, el funcionario que luego denunciaría a Aguirre no dudó en difundir falsamente la información de que Barrionuevo supuestamente contrabandeaba neumáticos y que en su teléfono celular habían encontrado “conversaciones y mensajes” con el entorno de “un diputado provincial”, en alusión a Germán Kiczka. Aunque el ahora exdiputado provincial aún no estaba involucrado en la causa por la que hoy está preso, ya había ocurrido el allanamiento a la casa de su padre en Apóstoles por indicios de una red internacional de pedofilia.
La detención de Quito fue la prueba piloto. Dos meses más tarde, otro hecho de iguales características sacudió a la opinión pública misionera. El de Cristian Cabral, un joven de 30 años referente del barrio Sur de Misiones Tres de Posadas que exponía problemas de la comunidad, como la inseguridad o la falta de infraestructura. En junio, su activismo le costó caro. Una madrugada, el grupo GOE ingresó a su casa mientras dormía junto a su mujer y sus hijas de 7 y 2 años. “Un jueves a las 4 de la mañana me reventaron la puerta de la casa, me tiraron al piso y revolvieron todo”, relató en una entrevista con el sitio mandioca.ar.
Cabral estuvo dos semanas preso en la comisaría 20 sin explicaciones claras. Durante los primeros días, ni siquiera sabía de qué se le acusaba: “Recién al quinto día de estar detenido, me enteré de que supuestamente le había mandado un mensaje amenazante al ministro de Educación, ¡a quien ni siquiera conocía!”. Efectivamente, luego se confirmó que la Justicia actuó a partir de una amenaza anónima que recibió a su Whatsapp Ramiro Aranda, el titular de esa cartera. En teoría, el mensaje había salido del celular de Cabral. Sin embargo, los peritos no le pudieron encontrar ninguna vinculación con esas supuestas intimidaciones.
Cinco meses después de su calvario, Cabral sospecha que las verdaderas razones de su detención fueron sus críticas hacia ciertos sectores de poder. “Se me vinculó con algunas discusiones en Facebook con diputados, a quienes simplemente llamé ‘ñoquis’”, comentó, aunque se diferenció de Barrionuevo y Aguirre al señalar que “no era una figura pública o influencer”. “Yo me dedicaba a gestionar cuestiones políticas en el barrio. Si buscan, encontrarán notas y fotos mías relacionadas con reclamos colectivos”, aclaró.
En mayo, los docentes de Misiones realizaron varias marchas hacia la Legislatura en reclamo por mejores salarios. La Voz de Misiones
De hecho, Cabral intuye que la causa judicial en su contra fue fabricada. “Mientras yo aún no tenía respuestas, ya el mismo jueves y viernes mis vecinos sabían que me habían armado una causa”, indicó en el último tramo de la entrevista, para después rematar: “Eso no es un detalle menor, porque significa que el pueblo ya conoce la verdad, y no es que la realidad le es indiferente”.
Preocupación opositora
El arco político opositor en Misiones, conformado principalmente por la UCR y el PRO, salió a expresar su “profunda preocupación” por las detenciones de ciudadanos críticos al gobierno provincial. Lo hizo través de un comunicado, firmado por 53 concejales, dirigentes sociales y legisladores, donde se sostiene que los casos de Barrionuevo, Cabral y Aguirre configuran un ataque a la “libertad de expresión” y una “persecusión política”, por lo que instan a las autoridades a “ajustarse al Estado de derecho”.
“En nuestro país, la libertad de expresión es un derecho fundamental”, reza el texto rubricado, entre otros, por los diputados nacionales Martín Arjol (UCR) y Florencia Klipauka (Activar), además de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka. Los dirigentes citan el artículo 14 de la Constitución Nacional y tratados internacionales, y acusan al gobierno de la Renovación de “vulnerar” estas garantías “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.
Carlos Rovira, el exgobernador de Misiones y líder del oficialismo provincial.
Además, la oposición misionera asegura que la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” ya que “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”. Y advierte acerca de que estas prácticas representan “un retroceso para nuestras libertades” y que “el debate de ideas debe promoverse sin temor a represalias judiciales”.
Pero a Rovira parecen desvelarlo temas más urgentes. Aliado permanente de cada inquilino de la Casa Rosada, su energía está puesta hoy en evitar por todos los medios posibles la emergencia de un referente “libertario” capaz de capitalizar en 2025 el cada vez más palpable desencanto con la política, en una provincia en la que Javier Milei no bajó el año pasado del 40% de los votos. Una vez neutralizado el potencial peligro que representaba la figura de Pedro Puerta, arrastrado por los infortunios de su exaliado Kiczka, al mandamás solo le resta terminar de demostrarle a los enviados de La Libertad Avanza que en Misiones nada se hace sin su consentimiento. Como si hiciera falta aclararlo.
Bajo el título “Fotomultas: un negocio recaudatorio”, diario La Nación puso el foco sobre el caso de Entre Ríos y la modalidad vigente en la ruta nacional 14.
En su nota editorial de este lunes, el matutino porteño plantea que “es hora de adecuar la Ley Nacional de Tránsito para evitar la superposición de sanciones, cuyo objetivo actual es hacer caja en vez de prevenir siniestros”.
La mención al corredor vial de la costa del Uruguay surge de una reciente carta enviada al diario, en la cual un lector denuncia una situación personal que le tocó atravesar.
Carta de lectores
Con el simple título “Fotomultas”, el pasado 6 de noviembre Carlos E. Echagüe publicó una carta en La Nación, en la que retoma el tema planteado anteriormente por otro lector y narra un hecho insólito que le ocurrió a la altura de Concepción del Uruguay, haciendo un llamamiento al gobernador Rogelio Frigerio.
A continuación, se transcribe textualmente la misiva:
A pesar de las múltiples y permanentes quejas de los lectores de este diario, como la carta enviada por el señor Avelino Rolón, o la nota del periodista Néstor Scibona sobre las fotomultas, las municipalidades del interior de nuestro país continúan con esta práctica, muy especialmente en la provincia de Entre Ríos, en particular en la ruta 14. El gobernador actual, Rogelio Frigerio, debería actuar contra este verdadero atropello que efectúan las municipalidades. Se violan todo tipo de derechos de los ciudadanos, como en mi caso, que al tener que renovar mi licencia de conductor tuve que abonar unas infracciones labradas supuestamente por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, de las cuales nunca fui notificado y por ende no tengo derecho a réplica.
Es que el sistema está armado para que estas prácticas se continúen aplicando, porque para renovar la licencia se debe obtener el certificado nacional de antecedentes de seguridad y ahí misteriosamente aparecen las supuestas infracciones que no son notificadas al presunto infractor, y hay que abonarlas.
Hace años, quien recaudaba estas verdaderas trampas cazabobos era la Policía Caminera; ante la queja reiterada de la población, pasó a manos de las municipalidades, pero el abuso continúa. Esta práctica debe terminar. En mi caso, le solicito al gobernador Frigerio que mire este tema y lo encauce.
Carlos E. Echagüe DNI 11.986.456
Editorial
La dirección de La Nación publicó una nota editorial basándose en los casos de Entre Ríos y Buenos Aires para concluir en la necesidad de avanzar hacia una nueva legislación de tránsito a nivel nacional, transparentando el sistema de multas y evitando superposiciones.
Así lo plantea el artículo:
Un promedio diario de 17 personas murieron en nuestro país en siniestros de tránsito a lo largo de 2023, más de 6000 en el año, que se suman a los heridos según informes de la ONG Luchemos por la Vida (LxV). En reiteradas oportunidades nos hemos ocupado del tema de la inseguridad vial desde este espacio editorial. Se trata de una enfermedad social absolutamente controlable a pesar de que se insista con hablar de accidentes ante infinidad de situaciones prevenibles.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial recibe más de 30 millones de dólares al año, pero la baja de la siniestralidad parece cada vez más lejana. Desde la activa LxV advierten que aún las mejores leyes del mundo no sirven si no se controla su cumplimiento. Podríamos agregar que resulta igualmente clave que se penalice ejemplarmente a los infractores.
La diputada Patricia Vásquez (PRO – Buenos Aires), la misma que presentó el proyecto de modificación del sistema de registros automotores, ingresó otra iniciativa que busca declarar la emergencia vial. Propone cambios a la ley nacional de tránsito que pasaría a revestir carácter de orden público con aplicación nacional, evitando las excepciones jurisdiccionales y unificando criterios que hoy varían según provincias y municipios. Al cuerpo normativo nacional vigente, que no cuenta con una adhesión generalizada, se le sumaron reglamentaciones propias y la ausencia de un registro centralizado de infracciones de tránsito completa ese heterogéneo panorama. Ejemplo de esto es que hay multas registradas con el dominio del vehículo y otras con el DNI del propietario. La legisladora nacional, acusada de adeudar infracciones, pone su propio ejemplo. Argumenta que jamás fue notificada, que hay infracciones con autos que ya no le pertenecen y que, si cometió faltas, responderá y ejercerá su derecho a defenderse.
Si en el pasado fue la Policía Caminera el tramposo ente recaudador, hoy lo son muchas municipalidades del interior del país. Un lector mencionaba día pasados lo que ocurre en la ruta 14, en Entre Ríos, y reclamaba al gobernador Rogelio Frigerio que tome cartas en el asunto. Los derechos ciudadanos se violan cada vez que las notificaciones por infracciones supuestamente cometidas no llegan nunca al infractor, privándolo de realizar el correspondiente descargo y obligándolo a abonarlas para renovar las licencias o vender los vehículos.
En la ciudad de Buenos Aires, las dos empresas contratadas para registrar fotomultas contabilizaron que, entre enero y agosto de este año, el 40,7% correspondió a exceso de velocidad y el 37,9% a estacionamiento indebido. El resto se divide entre violación de luz roja, evasión de peajes, uso indebido de celular y alcoholemia, entre otras. Los ingresos por estos conceptos se destinan a rentas generales. En la provincia de Buenos Aires se procesan un promedio de 450.000 fotomultas por mes con una recaudación que iría en un 40% al municipio, 40% al prestador y 20% a la Provincia.
Hoy las fotomultas prescriben a los 5 años, según la ley nacional. El infractor no suele ser notificado y los montos por pagar se ven groseramente actualizados al momento de tramitar la libre deuda. Con la nueva ley, la prescripción de las multas pasaría a operar al año por faltas leves y a los dos años para la acción por falta grave y sancionable, en consonancia con el Código Penal. Pasado ese período, la sanción se eliminaría del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
En cuanto a las fotomultas, también conocidas como “cazabobos”, el proyecto contempla que las infracciones detectadas por dispositivos automáticos de control sean declaradas nulas cuando estos no se encuentren debidamente señalizados y no brinden todos los datos específicos. Está visto que responden a un fin meramente recaudatorio con empresas concesionarias de cámaras que también reciben su porcentaje. Al analizar la localización y el funcionamiento de muchos de los radares, se comprueba que artera y premeditadamente su ubicación induce a infracciones difíciles de evitar, como reducciones tan imposibles como peligrosas de velocidad entre dos señales, antes que a prevenir accidentes o a crear conciencia vial. Vásquez insiste con “terminar con los curros” y enfatiza que las fotomultas deben ser un medio secundario y auxiliar que acompañe el control policial y jurisdiccional presencial. Claramente, el objetivo punitorio pasa por alto el de evitar que las infracciones se repitan, es decir, pierden la que debería ser su verdadera esencia. Muchos países suman a las multas cursos obligatorios de rehabilitación o trabajos comunitarios con mejores resultados.
En la provincia de Buenos Aires se dispuso la constitución obligatoria de un domicilio vial electrónico para evitar la falta de notificación, una sana disposición que debería imitarse. En tiempos de virtualidad debería también instrumentarse que los reclamos o eventuales desconocimientos de un cargo –comunicado en tiempo y forma, según lo dispuesto por la ley nacional de tránsito– puedan gestionarse sin necesidad de que el conductor deba presentarse ante el juzgado del municipio que labró el acta, con las molestias que los traslados y trámites revisten.
De aprobarse el proyecto, se garantizará la razonabilidad y transparencia que hoy falta. Se propone la constitución de un Fondo Nacional de Infracciones para destinarlo a una educación vial, que ya a esta altura debería ser materia obligatoria en las escuelas–; a la mejora y reparación de rutas, caminos y accesos a las zonas urbanas; a la prevención y a asistencia a las víctimas.
Los controles deben dejar de ser intermitentes y aleatorios, para volverse sistemáticos y generalizados. Complementados con un sistema de sanciones diseñado para que las faltas no se repitan, privilegiando el scoring, estaremos más cerca de ver garantizado nuestro derecho a movernos de manera segura. Ayer fue el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tránsito: sus vidas perdidas nos interpelan.
El presidente Milei en el G20 (REUTERS/Pilar Olivares)
Javier Milei junto a Emmanuel Macron en la foto oficial del G20 (REUTERS/Ricardo Moraes)
Los mandatarios en el evento que se organiza en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)
Vale recordar que Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con Emmanuel Macron durante el último fin de semana (REUTERS/Pilar Olivares)
