A través del decreto Nº 604, del 1º del actual, el Poder Ejecutivo provincial instruyó a la Fiscalía de Estado a “promover las acciones administrativas y judiciales que correspondan para la reparación del daño causado al patrimonio público, con carácter urgente y preferencia, una vez que las respectivas autoridades declaren administrativamente la nulidad o inexistencia de los actos y contratos”.
Se trata de 770 contratos laborales, que según la tesis del Ministerio Público Fiscal son “truchos” mediante un ardid que permitió sacar del erario del Estado unos 2 mil millones, a valores históricos, en la década de 2008 a 2018. En un escrito de 540 páginas, a finales de mayo de 2021 los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry pidieron la elaboración de la causa a juicio. Las audiencias arrancaron el 22 del actual, con menos imputados de los originales: de 32 se bajó la cifra, mediante probation y abreviado, a 19.
La causa judicial, señala el decreto, refiere “actos y contratos en la órbita del Poder Legislativo, en cuyo devenir la Fiscalía de Estado ha tomado intervención bajo la figura procesal de actor civil en procura de obtener la reparación del daño causado”.
En el marco de la investigación penal, añade, “se realizaron diversas pericias hasta que se consolidó la efectuada por la perito contadora Andrea Marina Battisti, del Superior Tribunal de Justicia, pericial que procede a agregar al expediente”. Esa pericia “abarca un total de 770 contratos, los que en principio son los identificados por la investigación penal como posibles ilícitos”.
Y subraya que independientemente del futuro de la investigación penal, “es posible declarar la nulidad de los contratos en cuestión en sede administrativa, aplicando la teoría de los actos y contratos en cuestión en sede administrativa, aplicando la teoría de los actos y contratos nulos, que básicamente indica que cuando la Administración encuentra que un acto o contrato contiene vicios graves y ausencia de elementos esenciales, puede declarar por sí y ante sí su nulidad”.
Una decisión de ese tenor, adoptada por las autoridades de la Legislatura, “brindaría la posibilidad de iniciar acciones de recupero, lo cual no obstaculizaría ni se opondría al proceso penal”.
La intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación señaló que la causa Contratos Truchos en la Legislatura -técnicamente conocida como “Beckman Flavia Marcela, Scialocomo Esteban Ángel Alberto, Álvarez María Victoria s/Estafa”- constituye “uno de los casos más resonantes y paradigmáticos de los últimos años, en lo que refiere a causas de corrupción bajo investigación”. Luego, remite al texto de la remisión de la causa a juicio por parte de la Procuración que señala que “la investigación fiscal pudo establecer la existencia de `un plan montado desde al menos fines del año 2007, con el objeto de detraer de manera sistemática dinero de las arcas del Estado provincial`”.
En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica relee el escrito de remisión de la causa a juicio y anota que “se recurrió a la figura del `contrato de obra`, de antaño utilizada por las Cámaras de la Legislatura provincial para nutrirse de recursos humanos. Dichos instrumentos se confeccionaban generalmente a nombre del presidente de cada Cámara legislativa o de la mención genérica de `autoridades de la Cámara`; otras veces a nombre de un legislador, autoridad o funcionario de Cámara específico, sea de la Cámara de Diputados o Senadores`. Por otro lado, la investigación apunta -señala el decreto- `aparecía el contratista, persona física identificada con nombre y apellido`”.
Más adelante expone que según la pesquisa del Ministerio Público Fiscal quedó demostrado que “las relaciones contractuales eran falsas en su motivación, y tenían una finalidad ilícita consistente en la sustracción del dinero público. Primero, porque en todos los casos relevados los contratistas de las Cámaras no ejecutaron obra alguna para éstas. En segundo lugar, porque en gran parte de ellos los particulares no suscribían los acuerdos, es decir, sus firmas fueron falsas. En la gran mayoría, los contratistas eran excluidos de su retribución, la que pasaba íntegramente a manos del grupo recaudador, para luego, en algunos casos, entregarles a los particulares sólo una parte ínfima de los anteriormente cobrado”.
Dice la imputación fiscal, agrega el decreto: “Comprobada entonces la existencia formal de la relación contractual, también quedó en claro desde el inicio de la investigación, con evidencia de toda índole que los mismos son ideológicamente falsos”.
Luego, el informe de la Secretaría Legal y Técnica destaca que han transcurrido siete años desde la apertura de la causa hasta su remisión a juicio, con estimación de que el juicio oral pudiera llevarse adelante recién en 2026. En ese orden de ideas, observa que “a siete años de haber conocido con amplísima difusión los hechos investigados penalmente” las demoras en el proceso penal “entran en tensión con legítimos reclamos de la ciudadanía que sienten frustradas sus expectativas y confianza en las instituciones, demandando acciones expeditas por parte de las autoridades de todos los Poderes del Estado”.
El dictamen de Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la Gobernación, plantea que el gobernador Rogelio Frigerio “puede impulsar ante las autoridades legislativas el procedimiento administrativo que sea necesario, mediante un acto de ´solicitud´, entendiendo que ambas Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados integral el Poder Legislativo Provincial y por lo tanto la decisión final sobre el punto recae en sus máximas autoridades por el carácter independiente de éste”.
