Echaron a un empleado municipal que faltó 50 veces en dos meses: lo encontraron atendiendo una peluquería en su horario laboral
En distintos sectores de Concordia existen desde hace tiempo versiones y denuncias sobre la posible existencia de otros casos similares que aún no habrían sido detectados por los controles municipales. Incluso, algunas de esas versiones sostienen que habría empleados que residirían fuera de la ciudad y continuarían percibiendo sus haberes con registros de asistencia sin observaciones. Se trata de situaciones que, de existir, merecen una investigación exhaustiva para brindar transparencia y despejar cualquier duda sobre el funcionamiento de la administración pública.
La Municipalidad de Concordia, Entre Ríos, echó a un empleado de la Dirección de Higiene Urbana luego de comprobar que acumuló más de 50 inasistencias injustificadas. Pero el dato más curioso es que además, descubrieron que durante el horario en el que debía prestar servicios para el Estado, trabajaba en una peluquería del centro de la ciudad.
La medida alcanzó a Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Secretaría de Servicios Públicos y que anteriormente había ocupado un cargo como asesor de la concejal Claudia Villalba en el Concejo Deliberante.
Según informó el Municipio, la investigación fue realizada por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, que detectó ausencias injustificadas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. A partir de esas actuaciones se abrió un sumario administrativo.
Durante la investigación también se constató que el agente desarrollaba una actividad privada en una peluquería ubicada sobre la calle Santa María de Oro, entre Entre Ríos y San Luis, precisamente en la misma franja horaria en la que debía cumplir funciones municipales.
De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, el propio empleado les manifestaba a sus clientes que en ese momento debía encontrarse trabajando en la Municipalidad.
El intendente de Concordia, Francisco Azcue. (Foto: X @azcue_francisco)
Con las pruebas reunidas, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicarle la sanción de cesantía, prevista en la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49. La resolución fue notificada tanto al trabajador como a su defensora técnica.
Una serie de expedientes disciplinarios
El caso de Gutiérrez no es el único que salió a la luz en los últimos meses. Semanas atrás, el Ejecutivo municipal inició un sumario administrativo contra Rubén Néstor Torres, agente del área de Cementerios y hermano del secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), Maximiliano Torres.
De acuerdo con la investigación administrativa, Torres registró 70 inasistencias injustificadas entre el 27 de junio y el 9 de octubre de 2025. Los informes elaborados por Recursos Humanos, el Área de Control Horario y la División de Higiene y Seguridad Laboral concluyeron que las ausencias no contaban con respaldo documental.
Echaron a un empleado municipal de Concordia que atendía una peluquería mientras debía trabajar y ya son varios los sumarios por irregularidades. (Foto: Municipalidad de Concordia)
El expediente también señala que el trabajador ya había sufrido descuentos salariales y la pérdida del adicional por asistencia y puntualidad. Además, fue intimado a presentar un descargo, aunque no respondió dentro del plazo previsto.
La Dirección de Asuntos Jurídicos entendió que la conducta podría encuadrarse como una falta grave contemplada en la Ordenanza de Escalafón Municipal, que considera causal de sanción disciplinaria las inasistencias injustificadas por más de quince días hábiles en un año calendario. La investigación continúa y deberá determinar si corresponde aplicar una sanción que podría llegar hasta la cesantía.
El caso más grave: usaban una camioneta oficial para ir de compras a Paraguay
Otro de los expedientes impulsados por la actual gestión involucra a cuatro empleados municipales condenados por la Justicia por el delito de peculado de servicios.
La causa se originó por un viaje realizado en agosto de 2018, cuando los agentes utilizaron una camioneta perteneciente al área de Discapacidad de la Municipalidad para viajar a Encarnación, Paraguay, junto a familiares y realizar compras particulares.
Tras quedar firme la condena judicial y luego de que los empleados no presentaran la renuncia prevista en el acuerdo alcanzado durante el proceso penal, el Ejecutivo municipal ordenó la apertura de un sumario administrativo y dispuso su suspensión por 45 días sin goce de haberes.
La medida alcanzó a Héctor Javier Muñoz, Lidia Liliana Ruiz Díaz, Dante Nelson Piñeyro Giovanetty y Silvia Rosa Benítez. El Municipio fundamentó la decisión en la Ordenanza 11.275/49, que establece como causales de separación del cargo tanto la existencia de una condena judicial como la falta de dignidad en la conducta pública o privada de los agentes.
Al anunciar la decisión, Azcué sostuvo que su administración no tolerará incumplimientos de las obligaciones por parte del personal municipal y remarcó que busca diferenciar a los trabajadores que cumplen con sus funciones de quienes utilizan su cargo para obtener beneficios personales.
Al anunciar la decisión, Azcué sostuvo que su administración no tolerará incumplimientos de las obligaciones por parte del personal municipal y remarcó que busca diferenciar a los trabajadores que cumplen con sus funciones de quienes utilizan su cargo para obtener beneficios personales.
¿Alcanza con estos casos?
Los expedientes conocidos hasta el momento muestran una decisión política de avanzar sobre situaciones de ausentismo e irregularidades dentro de la planta municipal. Sin embargo, en distintos ámbitos de la ciudad persiste una pregunta que todavía no encuentra una respuesta oficial: ¿estos son todos los casos o apenas la punta del iceberg?
Desde hace años circulan denuncias y versiones sobre empleados que prácticamente no concurrirían a cumplir funciones, otros que desarrollarían actividades privadas durante el horario laboral e incluso algunos que, según testimonios que reclaman ser investigados, residirían fuera de Concordia mientras continuarían percibiendo sus haberes como si registraran asistencia perfecta.
Si el objetivo es transparentar el funcionamiento del Estado municipal y recuperar la confianza de los contribuyentes, el desafío para la gestión de Francisco Azcué será demostrar que los controles alcanzan a toda la estructura por igual, sin excepciones, privilegios ni apellidos protegidos.
Porque cada empleado que cobra sin trabajar no solo perjudica a la administración: les roba recursos a los vecinos que sostienen con sus impuestos el funcionamiento del municipio y desprestigia a la enorme mayoría de los trabajadores municipales que sí cumplen diariamente con su obligación.
