En un juicio abreviado, Pedro Gebhart y otros dos exmiembros de la Secretaría de Desarrollo Emprendedor admitieron haber montado una red de 319 «créditos fantasma». La maniobra se ejecutó entre 2018 y 2023, bajo la órbita de los ministerios conducidos en ese entonces por Laura Stratta y Juan José Bahillo.
Un hito infrecuente para los anales de la justicia penal entrerriana se consumó este lunes por la mañana en los Tribunales de Paraná. Tres exfuncionarios del riñón de la administración del exgobernador Gustavo Eduardo Bordet (período 2015-2023) y un civil imputado como «reclutador» firmaron un juicio abreviado en el que confesaron formalmente su culpabilidad en una millonaria estafa al Estado provincial, consistente en la simulación de créditos destinados a jóvenes emprendedores.
Frente al juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Mauricio Mayer, los imputados aceptaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el compromiso solidario de devolver $100.886.792 al erario público dentro de los próximos 60 días hábiles una vez firme la sentencia.
Los exfuncionarios de la gestión de Bordet que admitieron el delito de Peculado son:
- Pedro Fernando Gebhart: Abogado, escribano y exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor.
- Cristian Silvestre Klein: Exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos.
- Claudio Alberto Rosas Vico: Exdirector de Políticas de Desarrollo Emprendedor (quien hasta hace días ejercía un cargo contable en el área de Turismo y debió renunciar acorralado por el avance judicial).
Por su parte, el civil Alejandro David Usatinsky aceptó la misma pena en carácter de partícipe necesario.
El mapa político de la maniobra
De acuerdo con la acusación formal presentada por el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Gonzalo Badano, el entramado delictivo se desplegó de forma sistemática entre el 31 de enero de 2018 y el 10 de diciembre de 2023, coincidiendo con los años de consolidación institucional del gobierno de Gustavo Bordet.
El área donde se ejecutó el fraude —la Subsecretaría (luego Secretaría) de Desarrollo
Emprendedor— funcionó bajo la dependencia directa de ministerios clave de esa administración. Durante el período investigado, los ministros a cargo de esas carteras fueron Laura Stratta (Desarrollo Social) y Juan José Bahillo (Producción), actuales diputados provinciales por la oposición (Más para Entre Ríos). Hacia el final del mandato, tras el salto de Bahillo al gabinete nacional, la cartera fue absorbida por el entonces ministro de Economía, Hugo Ballay, e interactuó bajo la coordinación del contador Pablo Martín Giampaolo.
Si bien la investigación penal preparatoria eximió a los exministros y al exgobernador de responsabilidad directa o conocimiento del esquema, el fallo expone de manera cruda la absoluta falta de control político y administrativo en áreas sensibles durante la anterior gestión peronista.
La matriz delictiva: De fotos de Pinterest a prestanombres vulnerables
La investigación penal, que se originó a partir de minuciosas auditorías del Tribunal de Cuentas lideradas por la fiscal del organismo Nanci Vinagre, desnudó un modus operandi escandaloso. Los imputados falsificaron firmas, inventaron correos electrónicos para simular intimaciones de pago que jamás existieron y armaron 319 legajos de proyectos totalmente ficticios.
El nivel de improvisación y descaro de la banda quedó expuesto en las pericias informáticas: para justificar las inspecciones de los supuestos emprendimientos, presentaban fotos de catálogos web. En uno de los legajos, utilizaron una foto de fabricación de escobas extraída de la plataforma Pinterest, que correspondía a un taller real ubicado en Ecuador. En otros casos, los inspectores judiciales iban a constatar los domicilios de las supuestas pymes y encontraban terrenos baldíos o descampados.
Para retirar el dinero en efectivo del circuito bancario, la red utilizaba a Usatinsky y otros punteros para captar personas de extrema vulnerabilidad económica en los barrios. A estas personas se las engañaba afirmando que recibirían «subsidios o ayuda social no reintegrable». Los llevaban al banco, les hacían retirar los fondos del crédito, y la organización les entregaba sumas insignificantes de entre $6.000 y $50.000 como «pago», mientras los exfuncionarios se quedaban con el grueso del botín. Testigos de la causa señalaron de forma directa que el propio Gebhart solía retirar personalmente los bolsos con dinero en efectivo en camionetas particulares.
Un acuerdo penal que no frena la vía civil
A pesar de que los acusados lograron evitar la prisión efectiva tras admitir el hecho y acortar los tiempos procesales, la controversia se instaló en torno al monto de la restitución. Los $100,8 millones acordados representan únicamente la suma matemática nominal de los expedientes tramitados entre 2018 y 2023, un valor severamente licuado por los procesos inflacionarios del país en los últimos seis años.
Por este motivo, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes —quien prestó conformidad al fuero penal para asegurar la condena—, adelantó que la provincia iniciará de inmediato un juicio civil contra los condenados. El objetivo del Ejecutivo entrerriano será exigir una actualización financiera real de los montos sustraídos y no descartan ampliar la demanda, ya que continúan ingresando reclamos administrativos de ciudadanos que descubren que figuran como deudores crónicos del Estado por créditos que jamás solicitaron.
Fuente: Analisis
