Tras cuatro años y tres meses de litigio judicial, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos fue restituida en su cargo luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declarara nulo el jury que la destituyó el 30 de noviembre de 2021.
La decisión llega después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara el proceso por graves vicios de imparcialidad y ordenara dictar un nuevo pronunciamiento. Con conjueces designados —ante la excusación de los jueces titulares— el máximo tribunal provincial concluyó que se violaron garantías básicas del debido proceso y la defensa en juicio.
Contexto: la causa Urribarri y el “caso contratos”
El conflicto institucional que derivó en la destitución de Goyeneche tuvo su origen en investigaciones sensibles para el poder político provincial, especialmente las vinculadas al exgobernador Sergio Urribarri.
Urribarri fue condenado en 2022 por delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos para campañas políticas durante su gestión (2007–2015), en un juicio histórico para la provincia. Aquella condena —aún no firme— marcó un punto de inflexión en la relación entre el Ministerio Público Fiscal y sectores del poder político entrerriano.
En paralelo, avanzaba la denominada “causa de los contratos” de la Legislatura, una investigación por presuntas contrataciones irregulares que habría canalizado millones de pesos mediante estructuras administrativas formales pero presuntamente ficticias. Esa causa, considerada una de las más voluminosas en la historia judicial provincial, impactó transversalmente en el sistema político.
Fue en ese contexto que se promovió el jury contra la entonces Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción.
Lo que dijo la Corte: falta de juez imparcial
La Corte Suprema nacional detectó irregularidades estructurales en la integración del jury. Señaló que algunos miembros habían intervenido previamente en causas conexas, lo que comprometía su objetividad.
El nuevo fallo del Superior Tribunal provincial, integrado por camaristas que actuaron como conjueces, fue categórico: el tribunal que juzgó a Goyeneche no fue imparcial. Se mencionaron, entre otros, los casos de magistrados que debieron apartarse por haber intervenido en etapas anteriores o por tener intereses comprometidos en causas vinculadas.
El fallo también cuestionó la designación de un fiscal “ad hoc” para acusarla, luego de que se apartara a todo el Ministerio Público Fiscal. Esa decisión fue considerada “manifiestamente ilegítima y arbitraria”, configurando un proceso que, según el tribunal, nació viciado desde su origen.
En palabras de la propia Goyeneche: “Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían derecho a la impunidad, pero las investigaciones demostraron que no”.
Memoria institucional: antecedentes en Entre Ríos
La restitución de Goyeneche no es un hecho aislado en la historia política entrerriana. Desde la reforma constitucional de 2008, el Ministerio Público Fiscal ganó autonomía formal respecto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, distintos episodios demostraron que la tensión entre independencia institucional y poder político continúa siendo un eje crítico en la provincia.
El jury contra la fiscal fue interpretado por sectores académicos y asociaciones de fiscales del país como un precedente riesgoso para la estabilidad funcional de los investigadores en causas de corrupción. Su anulación, en cambio, reabre el debate sobre los límites del control político sobre los órganos de acusación.
Doble lectura: versión formal y lectura política
Versión formal: el Superior Tribunal corrigió un procedimiento viciado, garantizando el debido proceso y restableciendo el orden constitucional.
Lectura política: el fallo fortalece al Ministerio Público en momentos en que varias causas sensibles avanzan hacia instancias decisivas. También implica un mensaje institucional hacia el poder político provincial respecto de los límites en la utilización de mecanismos disciplinarios.
Lo que viene
Goyeneche fue reinstalada por el procurador Jorge García en un acto acompañado por fiscales de otras provincias y representantes de la Asociación de Fiscales. Confirmó que continuará coordinando investigaciones y no descartó intervenir personalmente en juicios futuros.
Queda pendiente la firmeza de la condena a Urribarri y el avance del caso contratos hacia juicio oral. Ambos expedientes serán termómetro de la nueva etapa institucional que se abre en Entre Ríos.
Lo que no se dice
Durante cuatro años, la destitución funcionó como advertencia silenciosa para el resto del Ministerio Público. La reposición, en cambio, opera como contrapeso institucional. La pregunta de fondo es si este episodio marcará un antes y un después en la autonomía real de los fiscales o si será apenas un capítulo más en la larga tensión entre justicia y poder en la provincia.
Porque en Entre Ríos, la historia demuestra que los procesos judiciales nunca transcurren en un vacío político. Y que cada fallo relevante reordena el tablero.
Fuente original: Hernán Cappiello para La Nación
