Disciplina, contención social y un debate incómodo que la política evita
En medio del debate por la seguridad, la educación y la falta de contención institucional para jóvenes en situación de vulnerabilidad, volvió a instalarse en la agenda pública la posibilidad de restablecer el servicio militar obligatorio en la Argentina.
Mientras el narcotráfico gana territorio en los barrios, la violencia juvenil se naturaliza y el Estado discute cómo castigar cada vez más temprano, vuelve a escena una pregunta que incomoda a casi todo el arco político: ¿tiene sentido replantear el servicio militar obligatorio en la Argentina?
Durante años, el tema fue archivado por miedo a la corrección política. Pero el contexto cambió. Hoy el problema ya no es ideológico: es social, estructural y urgente. Miles de adolescentes crecen sin límites claros, sin rutinas, sin referentes estables y, muchas veces, con la droga como única forma de pertenencia. El narco no sólo vende sustancias: organiza, disciplina, contiene y da identidad. Exactamente lo que el Estado dejó de hacer.
En ese vacío, pensar una conscripción moderna deja de ser una provocación y empieza a parecer una alternativa concreta a discutir, especialmente cuando el propio Estado reconoce su fracaso preventivo y debate la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta.
Un eventual regreso del servicio militar no puede pensarse con la lógica del siglo pasado. No se trata de militarizar a los jóvenes ni de imponer obediencia ciega. Se trata de formación integral. Disciplina entendida como orden personal, educación cívica y constitucional, hábitos de higiene y cuidado del cuerpo, entrenamiento físico y salud, capacitación en oficios y habilidades laborales, trabajo en equipo, nociones de estrategia y toma de decisiones, respeto por normas básicas de convivencia y servicio comunitario como forma de reconstruir el valor del esfuerzo.
No como castigo, sino como contención. No después del delito, sino antes del daño. No como encierro, sino como estructura.
La discusión sobre la imputabilidad expone una contradicción profunda: el Estado aparece primero con el Código Penal antes que con una propuesta formativa. Si se acepta que un adolescente puede ser penalmente responsable, también debería aceptarse que el Estado tiene la obligación de intervenir antes, de manera obligatoria, para evitar que ese joven termine absorbido por el sistema penal o el circuito del delito.
Aquí aparece lo que no se dice. El problema no es si el servicio militar “queda bien” en el discurso democrático. El problema es que hoy la única institución que disciplina a muchos jóvenes es el delito organizado. Y eso sí debería escandalizar.
El debate no puede reducirse a consignas fáciles. La conscripción moderna podría focalizarse especialmente en jóvenes en situación de vulnerabilidad, con criterios claros, controles civiles y objetivos educativos medibles. Lo verdaderamente autoritario es mirar para otro lado mientras una generación entera queda librada a la calle, al narco o a la cárcel.
No es casual que esta discusión emerja durante el gobierno de Javier Milei. Para amplios sectores sociales, especialmente familias trabajadoras cansadas de la inseguridad y del abandono estatal, una medida de este tipo reforzaría la imagen de un Estado que recupera autoridad sin caer en el asistencialismo ni en el garantismo vacío. Orden, límites y futuro. Tres palabras que hoy pesan más que cualquier consigna.
Desde esta lectura, un eventual retorno de la conscripción podría aumentar significativamente la valoración presidencial, no por nostalgia, sino porque conecta con una demanda silenciosa: que el Estado vuelva a formar antes de castigar, a ordenar antes de reprimir y a ofrecer un camino antes del abismo.
Quizás el mayor obstáculo para este debate no sea su contenido, sino el miedo de la dirigencia a enfrentarlo. Mientras tanto, el narcotráfico sigue reclutando, las calles siguen educando y el sistema penal sigue llegando tarde.
Reabrir la discusión sobre el servicio militar obligatorio no implica imponer una verdad única. Implica animarse a pensar alternativas reales frente a una crisis que ya no se resuelve con slogans ni con parches legales.
La pregunta no es si el tema incomoda.
La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a dejar que otros formen a nuestros jóvenes.
Por Alejandro Monzon para Análisis Litoral
