El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ordenó una medida cautelar para asegurar un lote de ampollas de fentanilo en el Hospital Santa Rosa de Villaguay.
En cumplimiento de la resolución, personal de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina (PFA), junto al equipo directivo y farmacéutico del hospital, se presentó en el establecimiento para realizar el procedimiento.
Según indicaron desde la PFA , se firmó un acta compromiso con el fin de dejar a resguardo un lote de 55 ampollas de fentanilo y demás medicamentos vinculados al laboratorio HLB Pharma. Con esta medida, se busca garantizar la inmovilización de los productos y brindar tranquilidad a pacientes y vecinos.
El operativo sucede en el marco del escándalo del fentanilo contaminado que provocó al menos 52 muertes en todo el país. Hasta el momento, solo se logró recuperar cerca del 40 % de las 932.880 ampollas producidas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo durante 2024; quedan más de 550.000 dosis aún en circulación en hospitales, farmacias y droguerías.
Según la ANMAT, muchos de los lotes han sido inmovilizados mediante disposiciones como la 3156/25, que prohibió su uso, comercialización y distribución, aunque la recuperación total del stock avanza de forma lenta y exige la firma de actas por parte de cada institución.
Apoyo judicial y avances en la causa
El magistrado Kreplak intervino activamente en la investigación. El Juzgado Federal cuenta con facultades para ordenar la inmovilización de lotes sospechados, lo que ha permitido la actuación de la PFA y de fuerzas provinciales en múltiples puntos del país. Además, los procedimientos se complementan con operativos en droguerías y laboratorios, coordinados con ANMAT, que permitieron incautar insumos sospechosos, ampollas, bidones y registros vinculados a casos con pacientes afectados.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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