Gracias al trabajo y la denuncia pública realizada por el Foro Ambiental de Gualeguaychú, nos anoticiamos que la planta de tratamiento de efluentes industriales del PIG no funcionaba desde aproximadamente febrero del corriente, se hizo una inspección por parte del municipio primer responsable del contralor del buen funcionamiento de la planta y se comprobó lo denunciado, luego los responsables del PIG y Subsecretaría de Ambiente municipal a cargo de la Licenciada Ivana Zecca salieron a desmentir -en parte- lo denunciado por el Foro Ambiental, éste, enérgicamente en un comunicado salió a ratificar la denuncia y desdecir a la CODEGU y a la Sra. Subsecretaria de ambiente.
Los responsables son muchos, la CODEGU, la Sra. Subsecretaria de Ambiente municipal por la no fiscalización de la planta de tratamiento de efluentes, o si lo hizo lo es por su silencio, el salir presurosamente cuando todo se supo a sancionar a la CODEGU e informar que van a inspeccionar cada 15 días la planta demuestra su ineficaz accionar como funcionaria responsable, está obligada por su cargo a hacerlo.
El mal o nulo funcionamiento de la planta tiene muchos responsables, además de la CODEGU; la Subsecretaria de Ambiente municipal; La Sra. secretaría de Ambiente provincial Ing. Rosa M. Hojman y, con respecto al supuesto daño producido en el río Gualeguaychú le compete al abogado Osvaldo Daniel Fernández por ser el: Director General Legal Y De Gestión Ambiental del Agua de la mentada secretaría.
Los efluentes industriales son volcados al río Gualeguaychú sin tratar como expuse desde aproximadamente febrero del corriente y hasta quien sabe cuándo sea reparada la planta de tratamiento.
Pueden decir que la toma de agua de Gualeguaychú se encuentra lejos del caño de desagote de los efluentes de la planta de la CODEGU, ya que éste se encuentra en la zona del ex Frigorífico Gualeguaychú, falso, cada vez que el río crece sea porque ingresa agua del río Uruguay o por lluvia, se produce un ida y vuelta de la corriente del río, significando esto que, el liquido volcado sin tratan tiene ciertas posibilidades de llegar a la toma de agua donde la municipalidad extrae AGUA para potabilizarla y distribuirla entre los vecinos de Gualeguaychú.
Además, se incumple con el tratado Internacional de Anchorena, que se firmó con la República Oriental Del Uruguay, donde nos comprometimos a NO contaminar el Río Gualeguaychú, es obvio que cada vez que hagamos un planteo en la CARU o donde sea nos van a enrostrar esto.
Como ciudadano damnificado presenté denuncia penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú NºFPA 6554, ahora está en manos de la justicia establecer si hubo y hay contaminación hasta que la planta de efluentes industriales funcione, se determinará quienes son responsables en el marco del art Nº41 de la Constitución Nacional; Nº22 y 85 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos; Código Civil y Comercial art. Nº240; la Ley Nº24.051, por citar alguna normativa aplicable.
Se necesitan certeras respuestas de los responsables, no podemos tener duda alguna si nos están contaminando o no, la justicia tiene que ayudarnos despejar toda la incertidumbre.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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