El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, visitó la municipalidad de Concordia -este martes- para participar de la presentación de la 1ª Feria Provincial del Libro, que tendrá lugar en la ciudad.
En ese contexto dialogó con la prensa y respondió sobre temas centrales, entre ellos la deuda que solicita el gobierno provincial, el rol que asumirá el gobierno en la campaña electoral que arrancó y -en ese marco- las recientes declaraciones sobre de Benega Lynch sobre una eventual privatización de la represa de Salto Grande.Al ser consultado por las críticas de la oposición a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar con nueva deuda, Troncoso remarcó que la posibilidad ya estaba contemplada en el presupuesto aprobado a fines de 2024 y que los fondos se destinarán exclusivamente a obras.
Luego indicó que, “nosotros nos seguimos preguntando para qué se usó la deuda que tomó el gobierno de (Gustavo) Bordet, ya que nunca entendimos para qué fue aquel empréstito”, y agregó que “nos encontramos con una deuda en dólares y nos dijeron que estaba la plata para pagarla, pero que en realidad, nunca estuvo”.
Ante ello, dijo que “hay sectores que antes de señalar al gobernador (Frigerio) deberían dar cuentas de lo que hicieron ellos. Hoy tenemos la gestión más clara y transparente de la historia de la provincia, con un gobernador que moderniza el Estado, que terminó con los privilegios y con los gastos reservados”, afirmó.
La campaña electoral
Troncoso también habló sobre la campaña política que ya está en marcha y el acuerdo entre el oficialismo provincial y el nacional, que se canalizó a través de la Alianza La Libertad Avanza.
Anticipó que “esta semana vamos a tener una reunión para ordenar las cuestiones políticas”.
Consultado acerca de si el gobierno provincial se pondrá al frente de la campaña en el mapa entrerriano, el Ministro de Gobierno explicó que “el protagonismo no lo tiene un dirigente, ni una lista: lo tiene la gente, por lo tanto, lo que buscamos es materializar esa voluntad en una lista representativa”.
Según ponderó, “hemos logrado un acuerdo muy importante, con un reparto del 50% de lugares para cada sector, provincial y nacional”. En ese contexto, afirmó que lo neurálgico era poner sobre la mesa que “lo que está en juego es si volvemos o no al kirchnerismo. La gente nos pedía unidad, no ir divididos, porque compartimos votantes”. Para seguidamente apuntar que “con madurez política lo conseguimos”.
Privatización de Salto Grande
Al ser consultado por los dichos del candidato a senador del oficialismo, Benegas Lynch, quien se manifestó a favor de privatizar la represa de Salto Grande, Troncoso remarcó que, “primero, quien conoce la génesis de la Comisión Técnica Mixta, sabe perfectamente que eso es imposible, porque es un ente binacional, por lo tanto, no es posible la privatización”.
Allí explicó que “muchas veces los candidatos hablan en términos personales, no siempre en nombre de la lista que encabezan”. Sobre el impacto de esos dichos, dijo: “entiendo la preocupación, pero hay que minimizarlo: porque no se puede hacer”.
También evaluó que “todo libertario es privatizador per se, ideológicamente”, y reiteró que a lo que declaró el candidato a senador nacional por el frente libertario y del oficialismo provincial “hay que dejarlo como una expresión personal y transmitir tranquilidad a la región”.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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