Los bancos más importantes del sistema financiero local le plantearon a la cúpula del Banco Central (BCRA) sus objeciones al rígido esquema de encajes que la entidad les impuso al cierre de la semana pasada, con el objetivo de retirar de la plaza cualquier peso “ocioso” que pudiera alentar una suba del dólar.
Las críticas, que ya aparecieron en la reunión técnica vía zoom del pasado jueves -tras la publicación de la Comunicación “A” 8320- y habían sido dirigidas al gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, Darío Stefanelli, se repitieron este martes, pero esta vez ante la cúpula de la entidad monetaria y desde la boca de representantes de las cuatro entidades privadas con mayor presencia en el mercado.
La principal queja se centró en el cambio en la integración de los encajes, que pasaron a ser de cumplimiento diario en lugar de regir un esquema de promedios mensuales, algo que para los bancos significó una suba encubierta aún mayor a la anunciada.
El cuestionamiento apuntó a la extrema rigidez del nuevo esquema -que contempla penas muy onerosas ante posibles incumplimientos- y a los riesgos de descalce a los que expone a los grandes bancos con sucursales, especialmente porque permiten a sus clientes realizar transferencias por montos elevados hasta altas horas de la noche.
“Mientras la ventanilla de liquidez que van a reabrir funciona solo de 17:00 a 17:30 horas, nosotros tenemos abierta la posibilidad de que nuestros clientes hagan transferencias importantes incluso bien entrada la noche. Es decir, quedamos expuestos a un alto riesgo de descalce. Encima, si eso sucede un solo día, ya se considera incumplido todo el mes y se aplica una fuerte multa. No solo eso: si se repite durante tres períodos, las consecuencias son mucho más graves”, había explicado aquel día un banquero a La Nación.
El planteo, reiterado, fue el eje de un reclamo para flexibilizar los criterios vigentes, algo que -según los bancos- ayudaría a reducir la extrema volatilidad que en las últimas ruedas afectó a las tasas de interés de muy corto plazo, como las de las cauciones, que ayer e incluso hoy oscilaron entre el 400% y el 700% anualizado, en apenas una jornada.
“La caución estuvo operando nuevamente en torno al 2%, el mínimo de ayer. Es un desastre que durante dos horas no haya dónde colocar los pesos. Pésima medida la del encaje diario. Esperemos que haya un volantazo respecto a esto”, observaron desde Target de Mercado al cierre de la rueda.
“Ante esta situación -ampliaron- se divierten los operadores en la Repo: uno coloca al 0,00% (total, si le va a quedar al cero, le da lo mismo); otro coloca al 27,05% a un mes (probablemente equivocándose de plazo, ya que no es habitual poner órdenes a 30 días); otro se posiciona al 61,00% en las especies donde opera el BCRA, tapándolo, ya que el BCRA está en promedio operado del día +200 pbs (61,74%)”.
Los funcionarios, encabezados por el presidente Santiago Bausili, se mostraron receptivos ante los planteos y prometieron revisar el esquema para tratar de contener la volatilidad de tasas.
“Fueron receptivos, aunque reiterando que las medidas tomadas surgieron en respuesta a evidencias de un desequilibrio en el mercado de dinero”, confió uno de los asistentes.
Desde el BCRA reconocieron que recibieron sugerencias para introducir cambios: “Estamos analizando alternativas que puedan servir y cumplir con los objetivos”, concedieron al ser consultados por La Nación.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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