Los montos fueron para Orlando Alfonso (alias Kiwi), Francisco Llorente (Pancho), Lorenzo Juárez (Indio) y Bernardino Castor Esquivel, quienes llegaban a instancia de debate como imputados de asociación ilícita en concurso y por incumplir los deberes de funcionario público y cohecho.
Los miembros del Tribunal Federal de Posadas dieron a conocer esta tarde el veredicto en el debate oral contra los exfuncionarios de Aduana Orlando Ariel Alfonso (alias Kiwi), Francisco Antonio Llorente (Pancho), Lorenzo René Juárez (Indio) y Bernardino Castor Esquivel, imputados de asociación ilícita en concurso y por incumplir los deberes de funcionario público y cohecho.
Luego de otra maratónica jornada de debate que inició bien temprano este miércoles y que tuvo la lectura del fallo cerca de las 18, los jueces dictaminaron: Bernardino Esquivel (6 años), Francisco Llorente y Orlando Alfonso (5 años) y Lorenzo Juárez (3 años), aunque en este último caso bajo régimen de ejecución condicional.
Todos estos fueron considerados miembros de una asociación ilícita, en calidad de coautores de cohecho y en concurso ideal.
Además, los condenados fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos y deberán consensuar con la parte querellante una reparación económica para el Estado Nacional que se fijará oportunamente.
Previo al detalle de las penas, el tribunal resolvió no hacer lugar a los planteos de nulidad presentados por las defensas durante la etapa de alegatos.
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Cabe recordar que la parte querellante por parte de la AFIP-DGA, representada por la abogada Rosana Sierna, había solicitado duras penas contra los imputados. En sintonía, la fiscal Vivian Barboza también pidió penas de entre 4 y 7 años, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Para Bernardino Castor Esquivel: 7 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita como miembro y cohecho como autor.
Para Orlando Ariel Alfonso: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita y cohecho.
Para Francisco Antonio Llorente: 5 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita y cohecho.
Para Lorenzo René Juárez: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita y cohecho.
Además, se solicitó la imposición del 20% de los bienes de los imputados y la devolución de los viáticos cobrados en horarios hábiles, como reparación económica al Estado Nacional.
“Tenemos la trazabilidad del delito, el antes, el cruce internacional y el post con los allanamientos”, señaló la querellante, y agregó que “todos los testigos confirmaron la operatoria y la existencia del delito”.
Pedidos de nulidad
Por su parte, en la exposición de los alegatos, el defensor Ramón Camargo —que representa a Orlando Alfonso alias “Kiwi”— solicitó que su cliente sea sobreseído del cargo de contrabando.
El pedido se sustentó en que testigos del proceso no involucraron directamente a Alfonso con el delito de contrabando, ocurrido el 13 de agosto de 2017. También cuestionó las normas vigentes para el oficio de los aduaneros, alegando que “no es obligatorio el control” de los vehículos que cruzan por pasos fronterizos, en este caso el puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
Camargo sostuvo que su cliente “sí controló los vehículos, porque el control es visual: uno primero mira y elige si pasa o no. La actuación del señor no incumple ninguna norma”.
En un primer tramo de sus alegatos, el letrado insistió en la nulidad del proceso por incluir en un mismo expediente el juicio abreviado de Miguel Jara, quinto imputado que no fue al banquillo como sus colegas. “En el debate no hemos podido distinguir cuándo estábamos hablando del expediente de Jara o de este”, refirió.
Luego fue el turno del abogado Roberto Benítez, defensor de Bernardino Castor Esquivel, formoseño y ex aduanero imputado en la causa.
En reiteradas ocasiones, y en consonancia con lo declarado por su cliente en la quinta audiencia del debate que comenzó en mayo, el letrado argumentó la inexistencia del delito, al considerar que “Castor no tenía una sola sanción disciplinaria” y que “agarró a narcos, a bandas de ventas ilegales de cigarrillos”.
Siguiendo la línea de los demás defensores, solicitó el sobreseimiento para su cliente de todos los cargos que se le endilgan “por inexistencia de pruebas en su contra y por mala transcripción de audios”.
La incorporación de escuchas telefónicas al expediente fue materia de discusión constante para la defensa. Benítez alegó que “en el 70% de los audios se refieren a Castor y él no figura en ninguno de los hechos, no estaba de turno”, en referencia a los episodios ocurridos entre 2016 y 2017 en la cabecera del puente internacional que conecta Posadas con Encarnación.
Benítez no negó que existiera contrabando, pero consideró que “Castor fue un chivo expiatorio” y que “en el debate estamos condenando a inocentes”. Tras enumerar operativos en los que su cliente participó en el secuestro de mercadería contrabandeada, sostuvo: “La Aduana se manchará si lo condenan”.
Al igual que su colega Camargo, el letrado pidió la nulidad del proceso y discutió la validez de las escuchas telefónicas, en las que quedaría expuesta la supuesta coordinación de los aduaneros con paseros, incluyendo quiénes estaban de turno, la hora y qué carril estaban controlando.
