Apartir de un hecho delictivo ocurrido el pasado 8 de mayo, cuando un sujeto armado fue aprehendido tras ingresar a la empresa Perforaciones Arco Iris sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 248, se destapó una compleja red delictiva con conexiones entre Buenos Aires y Entre Ríos. La investigación, liderada por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, continúa arrojando resultados clave que permiten definir los roles de los distintos implicados.
A a las 2.30 de la madrugada de aquel 8 de mayo, funcionarios de la comisaría Calabacilla interceptaron a un hombre armado que acababa de robar dinero de una propiedad rural. Ese sujeto fue identificado como Mario Devito, oriundo de la localidad bonaerense de San Nicolás.
Gracias a cámaras de seguridad y registros de peajes, se pudo reconstruir que este individuo había viajado desde Buenos Aires acompañado por dos cómplices en automóvil, quienes luego fueron recibidos en Concordia por Enrique Ramón Escayola, empleado municipal, y otro sujeto aún no identificado.
Las pesquisas derivaron en el allanamiento del domicilio de Escayola y de un familiar el 10 de junio, donde se incautaron elementos de interés para la causa. El análisis de comunicaciones telefónicas reveló la posible participación de un mecánico local como “entregador”, quien conocía detalles clave sobre la vivienda robada, dado que prestaba servicios allí. También fue identificado un empleado del taller mecánico, cuya presencia en la escena fue corroborada con imágenes de cámaras de seguridad.
Los allanamientos continuaron en los domicilios vinculados a estos sospechosos, con secuestros de teléfonos celulares (más de 10 en total), DVRs de videovigilancia, y documentación útil.
El último gran avance ocurrió en la tarde de este viernes 4, cuando a las 17 se ejecutaron dos órdenes de allanamiento en el taller mecánico del presunto entregador y su vivienda particular, con intervención del Juzgado de Garantías local. El resultado fue positivo, y se secuestraron seis teléfonos celulares y un DVR, que podrían contener pruebas directas de la planificación del robo y comunicaciones entre los miembros de la banda.
Las autoridades sospechan que se trata de una organización estructurada, con roles previamente asignados: autores materiales, facilitadores locales, transportistas y entregadores. La participación de un trabajador municipal y de personas con vínculos laborales con la víctima agrava la situación judicial de los implicados.
La causa está bajo la órbita de la Fiscalía a cargo de José Arias, con intervención del Juzgado de Garantías, a cargo de María Gabriela Seró, y se prevé que en los próximos días se dispongan nuevas medidas, posibles detenciones adicionales y ampliación de las imputaciones.
