En una resolución firmada por la Cámara Nacional Electoral confirmó la caducidad de la personería jurídica del Partido Conservador Popular (PCP) en el distrito Entre Ríos, espacio político liderado por la actual diputada provincial Liliana Salinas. La medida fue adoptada en el marco de la causa “Partido Conservador Popular s/reconocimiento de partido de distrito”, expediente N° CNE 8008341/2011/4/CA2.
De acuerdo al oficio de referencia, la decisión judicial se basó en dos causales principales:
La falta de afiliación mínima requerida por la ley 23.298 (art. 50 inciso “e”), Y la no realización de elecciones internas partidarias durante más de cuatro años (art. 50 inciso “a”).
Según se desprende del informe remitido por el Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos, el PCP no alcanzó el mínimo de afiliaciones requeridas por los artículos 7° y 7° ter de la legislación vigente, lo que constituye motivo suficiente para la pérdida de la personería política.
Asimismo, la Cámara evaluó que el partido no realizó elecciones internas durante el período estipulado por ley, lo cual también implica incumplimiento de sus obligaciones estatutarias y constitucionales.
Argumentos rechazados por la Justicia
La apelación fue presentada por María Pía Lombardo, apoderada del partido, quien intentó revertir la decisión del juez de primera instancia. Sin embargo, sus argumentos fueron considerados insuficientes por el tribunal, que concluyó que “en reiteradas oportunidades se requirió a la apoderada partidaria que subsanara las observaciones” sin obtener respuestas concretas.
Incluso el hecho de que el partido haya estado intervenido no fue considerado un justificativo válido, ya que —según los fallos citados— era responsabilidad de la intervención cumplir con la normativa vigente y con la carta orgánica partidaria.
La sentencia ya es firme
De esta forma, la Cámara Nacional Electoral resolvió confirmar la caducidad de la personería jurídica del Partido Conservador Popular en Entre Ríos, ordenando la correspondiente notificación al juzgado de origen, así como a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con esta resolución, el espacio político que encabeza Liliana Salinas, una de las voces más visibles dentro de los sectores conservadores de la provincia, queda oficialmente fuera del mapa electoral en Entre Ríos, sin posibilidad de postular candidaturas ni participar de futuras elecciones bajo dicha denominación.
Nace un frente político sin ataduras en Entre Ríos , donde participa desde este viernes la diputada provincial Liliana Salinas En el salón de conferencias del Gran Hotel Paraná, el viernes por la tarde se realizó la presentación oficial de un nuevo frente político multipartidario y territorial. La iniciativa está encabezada por el concejal Darío Báez, del bloque La Libertad Avanza, junto al diputado provincial Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos), la diputada nacional Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y el ex jefe de la Policía de Entre Ríos, Mario Marín (Agrupación Independiente).
Se espera que, en los próximos días, Salinas y su equipo definan si buscarán construir un nuevo espacio o incorporarse a otra fuerza política habilitada, en un contexto marcado por reconfiguraciones partidarias a nivel nacional y provincial.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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