La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina compareció este lunes de manera remota durante casi 90 minutos, ante la Comisión de Juicio Político que la investiga por presunto mal desempeño, a partir de tres denuncias presentadas en su contra.
El futuro de la magistrada se definirá en una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde cualquier resolución requiere una mayoría especial de dos tercios y un quórum de tres cuartos de los miembros. El bloque oficialista -salvo una pregunta del libertario Roque Fleitas, que la incomodó por minutos- hizo un interrogatorio demasiado liviano y hasta parecía demasiado acordado con los abogados de la jueza, que estuvieron de reuniones en la cámara baja desde antes del mediodía hasta las 16, publicó Análisis.
Medina reconoció que el empresario Eduardo Eurnekian le pagó los viajes en vuelos privados a España y Colombia, lo que viola la Ley de Ética Pública y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Resultó inexplicable que el bloque opositor decidiera no hacer ni una pregunta para “no prestarse a la situación”, según se indicó a Análisis. También se rechazó in límine la tercera denuncia formulada por una exempleada del Poder Judicial entrerriano, que había padecido situaciones de violencia de parte de la jueza en diferentes instancias.
Medina expuso vía Zoom ante la comisión que preside la diputada radical Gabriela Lena. En su presentación reiteró los argumentos ya expresados en el descargo escrito que había presentado días atrás y negó las acusaciones en su contra.
Durante la audiencia se evidenció un cambio en la postura de los diputados oficialistas, que mostraron una actitud sensiblemente distinta a la que había impulsado la apertura del proceso, la solicitud de informes a distintos organismos y la promesa de una investigación rigurosa. Según pudo saber Análisis, esa impronta dio paso a una postura casi contemplativa frente a las explicaciones de Medina, con preguntas muy poco incisivas, como si incluso se hubiera acordado el tenor de los interrogantes. De hecho, los abogados Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, poco antes del mediodía y luego mantuvieron encuentros con los legisladores del oficialismo en su respectivo bloque, lo que se extendió hasta casi las 16.
El bloque peronista tampoco incomodó a la magistrada. En las horas previas a la reunión, sus integrantes acordaron no intervenir para evitar convalidar lo que varios legisladores definieron como “una puesta en escena”.
El único que formuló alguna consulta fue el diputado libertario Roque Fleitas, quien interrogó a la jueza sobre sus viajes y su vínculo con Eduardo Eurnekian, relación que quedó expuesta luego de que Análisis revelara un informe de Migraciones con el detalle de los desplazamientos internacionales de Medina, algunos de ellos realizados en un avión privado perteneciente al poderoso empresario. La jueza no dudó un instante en reconocer que el conocido empresario le pagó los cuatro viajes a España y otro viaje a Colombia, para que se trasladara en el avión privado que contrata una de las empresas de Eurnekian. Dijo que con Eurnekian hay “una amistad de muchos años” y que su marido, el médico Ricardo Rizzo, lo ha atendido profesionalmente en más de una oportunidad
Cómo sigue el trámite
Durante la reunión, la Comisión de Juicio Político resolvió el rechazo in límine de la tercera denuncia contra Medina, presentada por una ex empleada judicial que la acusó de violencia laboral.
Las dos denuncias restantes, junto con la prueba reunida y el descargo de la magistrada, serán la base de un informe que deberá elaborar la comisión, en el cual los legisladores fijarán posición a favor o en contra de la continuidad del juicio político.
Ese dictamen deberá ser tratado luego por el pleno de la Cámara de Diputados en una sesión especial.
El comportamiento de los legisladores oficialistas permite anticipar que el dictamen será contrario al juicio político. Para que esa posición prospere y Medina quede formalmente desligada del proceso, será necesaria una mayoría especial de dos tercios de los votos, número con el que el oficialismo cuenta.
Un escollo aparece en el requisito previo: la Constitución provincial establece que una sesión de estas características solo puede realizarse con un quórum de tres cuartos de los miembros del cuerpo, es decir, 26 diputados.
Esa exigencia abre un nuevo escenario de negociaciones y conversaciones políticas que será determinante en la definición del caso.
Fuente: Análisis
