En una sesión especial del Senado programada para este martes a las 13, se tratará en el recinto la postergada Ley de Ética Pública y Ficha Limpia impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en febrero de 2024 y ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
El texto reglamenta los artículos 37º y 40º de la Constitución provincial y establece directrices en materia de declaraciones juradas, incompatibilidades, conflictos de intereses y antecedentes penales. Es aplicable a magistrados, funcionarios y empleados del Estado de los tres poderes, incluyendo entes autárquicos, municipios y comunas.
Ficha limpia: qué dispone
Una de las disposiciones centrales de la iniciativa es la denominada “ficha limpia” que prohíbe que sean candidatos quienes tengan condena con doble conforme por homicidio, trata de personas y delitos financieros, contra la integridad sexual y contra la administración pública, entre otros.
Este articulado podría modificar el mapa político entrerriano excluyendo de la contienda electoral a distintas figuras del oficialismo y de la oposición, tanto a nivel provincial como en los territorios.
Cristina, Ruiz Orrico, Rossi y Urribarri, quedarían afectados
En Concordia, por ejemplo, no podría volver a ser candidato Eduardo Cristina (JxER) y en Concepción del Uruguay, si se confirma su condena en segunda instancia, quedaría excluido Juan Ruiz Orrico (JxER).
La normativa alcanzaría también al exgobernador Sergio Urribarri (PJ) y al exintendente de Santa Elena, Domingo Rossi (PJ), ambos con condenas con doble conforme.
La exigencia de ficha limpia proyectaría, además, una sombra sobre dirigentes con causas judiciales en curso, como el exgobernador Gustavo Bordet (PJ), el exsenador nacional Edgardo Kueider (PJ), el secretario general de UPCN y exdiputado José Allende (PJ) o el exfuncionario Juan Domingo Zacarías (JxER).
En el caso de los exvicegobernadores peronistas Adán Bahl, José Lauritto, José Cáceres y Pedro Guastavino, un resultado adverso en la causa denominada “Contratos II” podría complicarlos para eventuales candidaturas futuras.
DDJJ, dobles sueldos y regalos
Otro aspecto relevante del proyecto es la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, que serán de acceso público.
La ley también establece un régimen de incompatibilidades que prohíbe que los funcionarios tengan vínculos con proveedores del organismo en el que se desempeñan hasta dos años después de haber dejado el cargo.
Además, se prohíbe la acumulación de cargos en distintos poderes o jurisdicciones -con excepciones para la docencia y algunas situaciones particulares- y la percepción simultánea de salario estatal y jubilación.
Este punto específico podría afectar a dos funcionarios del gabinete de Rogelio Frigerio: el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.
A inicios de la gestión, Roncaglia optó por cobrar su haber de retiro de la Policía Federal y desempeñarse ad honorem como ministro, pero en febrero del año pasado un dictamen de Fiscalía de Estado lo autorizó a percibir ambos haberes. Con la nueva ley, tendría que optar por uno de los dos ingresos.
Vazón, por su parte, fue denunciado por cobrar su sueldo y, a la vez, un contrato en el Consejo de la Magistratura de la Nación y el expediente fue archivado al considerarse que no había incompatibilidad. Pero con la nueva ley, tendría que elegir uno de los dos cargos.
La iniciativa también prohíbe expresamente a los funcionarios recibir regalos, donaciones o servicios de personas o empresas vinculadas a la jurisdicción donde se desempeñan.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas, la autoridad de aplicación podrá disponer multas de entre el 10 y el 25 por ciento de la remuneración bruta mensual del gobernador, con posibilidad de duplicar la escala ante reincidencia.
Nuevos cargos y organismos
Para la implementación de la ley se prevé la creación de dos organismos: un Observatorio Asesor dependiente de la Cámara de Diputados, con funciones consultivas y de formación institucional, y una Oficina de Ética Pública en el ámbito del Ministerio de Gobierno, que reemplazará a la actual Oficina Anticorrupción creada en 2003 y cuyo titular será elegido por concurso, durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido una sola vez.
Los poderes Legislativo y Judicial deberán, por su parte, establecer sus propias autoridades de aplicación, al igual que los municipios y comunas.
El periplo legislativo
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2024 y tomó estado parlamentario en la sesión de la semana siguiente.
Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se debatió en sucesivas reuniones, con el aporte de distintos funcionarios y representantes de universidades y gremios.
A principios de agosto de 2024, se logró dictamen de comisión con modificaciones en más de 10 artículos, en un trabajo articulado entre oficialismo y oposición. Dos aportes del peronismo fueron la creación de un observatorio y que se elija por concurso al titular del organismo de aplicación.
El proyecto obtuvo media sanción el 29 agosto. La votación fue por unanimidad en general y en particular, salvo una excepción del bloque de La Libertad Avanza, que acompañó el proyecto, pero no votó el artículo que obliga a los funcionarios públicos a abstenerse de reivindicar el terrorismo de Estado. “Hay un hilo muy fino en cuanto a la libertad de expresión”, justificó el presidente de la bancada, Roque Fleitas.
El 4 de septiembre el proyecto tomó estado parlamentario en el Senado y fue girado a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, ambas presididas por los peronistas Nancy Miranda (Federal) y Juan Pablo Cosso (Villaguay) respectivamente.
Desde entonces, se paralizó hasta hace algunas semanas, cuando se retomó el debate y finalmente se logró el dictamen que este martes llegará al recinto.
Fuente: Análisis Digital.
