Exfuncionarios del gobierno Bordet-Stratta admitieron el fraude: desviaron más de 100 millones de pesos destinados a emprendedores y recibirán penas condicionales. La Justicia ahora deberá responder quién permitió que semejante maniobra funcionara durante años sin que nadie la advirtiera.
La corrupción vuelve a golpear de lleno a Entre Ríos. Cuatro de los principales imputados en la causa “Jóvenes Emprendedores” confesaron haber integrado una organización que desvió más de 100 millones de pesos del Estado provincial mediante 319 créditos fraudulentos, utilizando a estudiantes, desocupados y personas en situación de vulnerabilidad como simples instrumentos para concretar el saqueo.
Los condenados son Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky, quienes aceptaron un juicio abreviado y recibieron tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de reintegrar el dinero fijado en la condena.
Una condena que genera indignación
Sin embargo, lo que más indignación provoca no es solamente la magnitud del fraude, sino la desproporción entre el daño ocasionado y las consecuencias que afrontarán sus responsables.
De acuerdo con las estimaciones realizadas durante la investigación, las maniobras ejecutadas entre 2018 y 2022 representarían, a valores de la época, un perjuicio equivalente a entre uno y dos millones de dólares. Sin embargo, la reparación económica acordada representa apenas una fracción de ese monto. Una diferencia que alimenta la sensación de impunidad y deja un profundo interrogante sobre la verdadera capacidad del Estado para recuperar lo que les fue quitado a todos los entrerrianos.
Robaron un programa destinado a quienes más necesitaban ayuda
El aspecto más perverso del caso es el destino del dinero.
No se trataba de recursos destinados a grandes obras ni a inversiones privadas. Eran fondos públicos creados para que jóvenes con dificultades económicas pudieran iniciar un emprendimiento, conseguir trabajo y construir un futuro.
Según la investigación, los acusados confeccionaban expedientes falsos, inventaban proyectos inexistentes, falsificaban documentación y utilizaban los datos personales de personas vulnerables para obtener créditos que luego terminaban en manos de la organización. Incluso se habrían presentado facturas apócrifas y simulado controles administrativos para ocultar el fraude.
No fue un error administrativo.
No fue una desprolijidad.
Fue una estructura organizada que funcionó durante años.
La pregunta que todavía nadie respondió
Quizás el dato más inquietante sea otro.
La maniobra se habría desarrollado durante aproximadamente cuatro años dentro de áreas sensibles del Gobierno provincial.
Durante ese período pasaron por esas estructuras funcionarios de máxima responsabilidad política. Sin embargo, la investigación judicial concluyó, hasta el momento, que ninguno de ellos tenía conocimiento del mecanismo fraudulento.
Y allí aparece una pregunta inevitable.
¿Cómo pudo sostenerse durante años un sistema con 319 expedientes irregulares, movimientos bancarios, documentación adulterada y múltiples actores involucrados sin que ningún organismo de control interno detectara absolutamente nada?
Si nadie sabía, los controles fallaron de manera estrepitosa.
Y si alguien sabía, entonces el problema es todavía mucho más grave.
La causa aún no terminó
Las cuatro confesiones no significan el cierre del expediente.
La investigación continúa respecto de otros imputados y la Fiscalía de Estado anunció que intentará recuperar la totalidad del dinero presuntamente sustraído mediante las acciones civiles correspondientes.
Mientras tanto, queda instalada una sensación difícil de disipar.
Porque cuando un programa creado para ayudar a jóvenes emprendedores termina convertido en una herramienta para enriquecer a funcionarios y particulares, no sólo se roba dinero público.
Se destruye la confianza en las instituciones, se les arrebatan oportunidades a quienes realmente las necesitaban y se profundiza el descreimiento de una sociedad que vuelve a preguntarse si la corrupción, en la Argentina, sigue siendo un delito que paga demasiado poco frente al enorme daño que provoca.
