Gravísimo. No por inesperado, sino por previsible. El manual peronista cuando no está en el poder es tan efectivo como perverso: desgaste constante, operetas mediáticas, tensión en la calle y fuego cruzado desde las instituciones. Mini golpes de Estado por goteo, hasta que la silla presidencial empiece a crujir. Lo peor no es la estrategia —que ya conocemos de memoria— sino la facilidad con la que buena parte de la sociedad se vuelve cómplice involuntaria. Ignorantes útiles que, con su voto, terminan alimentando el caos que dicen detestar.
Las escuchas ilegales en Casa Rosada son un escándalo mayúsculo, y sin embargo, pasan como una nota de color en la grieta. ¿Dónde están los defensores de la República ahora? ¿Dónde están los mismos que exigían “institucionalidad” cuando les tocaba a ellos? Las operaciones políticas ya se parecen demasiado a los días previos a la caída de De la Rúa. Por eso sorprende —y decepciona— ver cómo algunos sectores del radicalismo, en vez de aprender de la historia, vuelven a poner la otra mejilla.
Este domingo puede marcar un antes y un después. Si Axel Kicillof gana la provincia de Buenos Aires, se inicia la ofensiva final. No por mérito propio —su gestión habla por sí sola—, sino porque su victoria será leída como luz verde para el regreso del viejo régimen. El club del helicóptero está listo, y la película ya la conocemos: piquetes, saqueos, miedo, y una ciudadanía harta mirando otra vez a Ezeiza con resignación.
La Argentina tiene un don: tropezar con la misma piedra, pero con entusiasmo renovado. Y parece disfrutarlo. Nos acostumbramos a que nos den todo —mal, tarde y a cambio de nada— y creemos que eso es justicia social. Nos hemos vuelto tan fáciles de manipular que terminamos votando a los que nos empobrecen. Otra vez sopa, otra vez promesas vacías, otra vez el circo de siempre.
Aprovechen, quienes puedan, estos últimos días de normalidad: cambiar el auto, viajar, disfrutar de una economía aún sin cepo ni corralito. Porque si vuelven los que siempre vuelven, se termina todo eso. Volverán los controles absurdos, las prohibiciones sin sentido, la caza en el zoológico con la excusa de “proteger lo nacional”. ¿Se acuerdan cuando ni siquiera podíamos comprar un libro en Amazon sin pedir permiso a la AFIP?
Mientras tanto, cruzando el charco, Uruguay —gobernado incluso por la izquierda— jamás cayó en semejante autoritarismo económico. Allá no hubo cepo, ni dólar tarjeta, ni prohibiciones ridículas. Allá entendieron que ser de izquierda no significa castigar al ciudadano. Acá confundimos populismo con justicia, y estatismo con progreso.
El mercado ya da señales de alarma similares a las PASO de 2019 y al colapso de 2001. La economía pende de un hilo, y mientras tanto, muchos en vez de calmar las aguas, se encargan de echarle nafta al fuego. Pero bueno, si no aprendimos nada, si seguimos repitiendo los mismos errores, tal vez es lo que nos merecemos.
Lamentablemente, quienes van a pagar el precio más alto no serán los operadores de siempre, ni los burócratas enquistados, ni los militantes rentados. Serán los jóvenes. Otra vez.
Ya somos grandes. Y algunos ya entendimos que la distancia —física, emocional o financiera— es a veces la única defensa frente a un país que se empeña en castigarnos por no rendirnos al fracaso.
La historia argentina nos enseñó que cuando el peronismo no tiene el poder, se dedica a hacer tronar el escarmiento. El helicóptero ya está calentando motores. Ojalá no se repita. Pero todo indica que… otra vez sopa.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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