Una investigación iniciada por el testimonio de un recluso reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes por cada objetivo en la lista
Un capo narco detenido le habría pagado a un sicario uruguayo para que ejecute a funcionarios judiciales argentinos: la confesión de otro preso permitió evitar el doble crimen y la Gendarmería allanó la cárcel desde donde se hizo la planificación. El objetivo del plan era terminar con las vidas del fiscal Ignacio Candioti y del juez Leandro Ríos, según información publicada por el diario regional El Argentino de Gualeguaychú. Fuentes oficiales indicaron que el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, también figuraba entre los blancos.
El autor intelectual de la maniobra sería un poderoso capo narco oriundo de Diamante, alojado en la Unidad Penal 9 de esa ciudad. El perfil encaja con la figura de Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural diamantina. Tiene 44 años y es nacido en Mar del Plata. Airaldi enfrenta dos causas por narcotráfico y, en los últimos días, el Tribunal Oral Federal rechazó un planteo de su defensa para dividir los expedientes por los que será juzgado desde el martes 24 en Paraná. Una causa se originó en la capital entrerriana en 2019 y apunta a una banda narco que involucraba a catorce personas. La otra se generó en Santa Fe durante 2022, cuando se incautaron 30 kilogramos de cocaína en la zona de Puerto Gaboto. Su abogada defensora es Mariana Barbitta.
La acusación en esas audiencias estuvo a cargo de Candioti; Ríos, por su parte, tuvo la instrucción de uno de los casos; y Roncaglia fue jefe de la Policía Federal hasta 2019, antes de liderar la división Drogas Peligrosas. Todos residen en Paraná, a 290 km de donde permanece alojado el supuesto autor intelectual.
Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos
El dato sobre el operativo criminal provino de un interno que oficia como informante de las autoridades. Este hombre describió en detalle lo que ocurre dentro de la Unidad Penal de Gualeguaychú, y en particular el poder que ejerce este capo narco sobre los demás internos y el personal carcelario.
Según los dichos del testigo, Airaldi habría mencionado que el magistrado “le había inventado una causa” y el fiscal tendría “todo arreglado para condenarlo a 15 años”.
Cómo se planearon las muertes
El detenido que permitió desbaratar el plan relató además que, con el objetivo de llevar adelante los asesinatos, el capo narco habría contratado a un sicario uruguayo. El pago acordado sería de USD 40.000. El lugar de ejecución: Punta del Este. El momento: las vacaciones de Candioti y Ríos en las playas uruguayas.
El fiscal Ignacio Candioti, uno de los funcionarios a los que querían matar en Entre Ríos
El atentado contra Roncaglia estaba planeado para producirse cuando se dirigiera en moto hasta la quinta de unos amigos cerca de Paraná. El precio por el ministro iba a ser mayor debido a que el crimen debía cometerse en Argentina.
La confesión del testigo policial menciona detalles escalofriantes. El plan criminal debía ejecutarse con dos autos: en uno irían los asesinos y en el otro, un tacho con cal destinada a colocar el cadáver. Esta sustancia, altamente corrosiva, consumiría todos los tejidos orgánicos en poco tiempo.
Cómo se desbarató el plan criminal
El ministro de Seguridad provincial supo de estas acusaciones a través del Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del Director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.
El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien luego requirió al juez Hernán Viri la orden de allanamiento de la cárcel. El operativo se ejecutó el viernes 20 en horas de la tarde por el Escuadrón 56 de Gendarmería, que tiene asiento en la localidad del sur entrerriano.
La Policía y el Servicio Penitenciario provincial apoyaron la requisa. Se secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Así lo informó una alta fuente judicial citada por El Argentino de Gualeguaychú. La gravedad de lo denunciado mantiene abiertas las investigaciones.
La revelación del plan criminal provocó conmoción en los funcionarios públicos que estaban en la mira. Por eso se ha dispuesto un esquema especial de protección de ellos y sus familias.
El fiscal Rebollo tiene a cargo la causa que, por ahora, tramitará en la Justicia Federal de Gualeguaychú.
