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Entre Ríos

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Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionaron el Presupuesto 2026. Alertan sobre los fondos que perderá Entre Ríos con la reforma laboral

Durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió el Presupuesto Nacional, el diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y fundamentó la posición de su bloque, que presentó un dictamen alternativo. Por su parte Blanca Osuna advirtió que se profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.

Bordet cuestionó la idea de una supuesta “batalla cultural” para alcanzar el equilibrio fiscal y recordó su experiencia como gobernador durante ocho años: “Quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno sabemos que el equilibrio fiscal no es una consigna, sino una construcción. En Entre Ríos fue una de mis principales preocupaciones y, al finalizar mi gestión, dejé las cuentas de la provincia en perfecto orden fiscal y financiero”.

En ese sentido, señaló que el problema de fondo no es el equilibrio fiscal en sí, sino cómo se construye el presupuesto, y remarcó dos variables centrales: los ingresos y la asignación de los recursos.

Sobre la primera, advirtió que el Gobierno nacional ha resignado ingresos “para favorecer a los sectores más concentrados del poder económico, en detrimento de la clase media y de los sectores más vulnerables”.

Respecto de la asignación de recursos, Bordet sostuvo que el Presupuesto marca una senda regresiva y de ajuste de cara a 2026, con prioridades que no responden a las necesidades de la mayoría de los argentinos.

Para este gobierno las prioridades son la seguridad interior y los servicios de inteligencia, mientras no lo son nuestros jubilados, las personas con discapacidad —cuya emergencia se deroga— ni la educación, que atraviesa una profunda crisis, especialmente en las escuelas técnicas y agrotécnicas”, afirmó.

También alertó sobre la paralización de la obra pública en las provincias, mencionando rutas abandonadas, viviendas discontinuadas y problemas de hacinamiento y calidad ambiental que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

“El debate de fondo es qué presupuesto queremos. Desde nuestro bloque queremos un presupuesto, por eso presentamos un dictamen alternativo que contempla estas variables y asigna recursos para vivir en un país con valores federales y con respeto por todas las personas, independientemente de su condición”, subrayó.

Finalmente, Bordet se refirió a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y advirtió sobre una contradicción grave: “Entre Ríos recibirá 20.000 millones de pesos en ATN, pero al mismo tiempo en el Senado se debate una reforma laboral que modifica el impuesto a las ganancias para sociedades. Si se aprueba, nuestra provincia perderá 80.000 millones de pesos en 2026. Es incomprensible”.

Por todo ello, el diputado explicó por qué no acompañó el proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional y reiteró el compromiso de su bloque con un modelo de país que respete el federalismo, la equidad y los derechos de quienes habitan la República Argentina.

“Los más débiles no deben ser las víctimas del ajuste de Milei y Frigerio”

En tanto la diputada Blanca Osuna cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno nacional y advirtió que profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.

Osuna señaló que el presupuesto recorta derechos y desfinancia políticas públicas esenciales, y convocó a los diputados entrerrianos que anticiparon su voto a favor del proyecto a “recorrer las escuelas técnicas ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos y dar la cara frente a estudiantes y docentes”, destacando que, pese al ajuste, existen experiencias concretas que muestran capacidad de innovación, compromiso y trabajo en instituciones educativas que resisten el abandono.

En ese sentido, puso especial énfasis en la situación de la educación técnica, al advertir que el proyecto avanza sobre los mecanismos de financiamiento que la sostienen y pone en riesgo a miles de escuelas que forman jóvenes para el trabajo y el desarrollo productivo del país.

Asimismo, la diputada sostuvo que “no se puede sostener al estado con aportes mínimos de los más poderosos y despojando a los más débiles en beneficio del sector financiero y de la especulación”, y cuestionó el rumbo económico y social del gobierno nacional.

Finalmente, Osuna planteó la necesidad de avanzar en una modificación del Código Penal a fin de incorporar un agravante en la configuración del delito previsto en el Título XI, “Delitos contra la Administración Pública”, Capítulo IV, vinculado al incumplimiento del funcionamiento de la administración pública. En ese marco, recordó que agravar las penas que establecen los artículos 248 y 249 ya servirá para quienes incumplen sus deberes y “quienes hoy votan en contra de la salud, la educación, los trabajadores y las necesidades del pueblo respondan ante la ley”. Y afirmó que la historia demuestra que “los pueblos no se suicidan” y se movilizan en defensa propia. Más temprano que tarde, la justicia debe cumplir el rol que le corresponde.

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La exfuncionaria cuestionó en redes sociales la política habitacional del Gobierno nacional y provincial. Sin embargo, persisten interrogantes sobre proyectos anunciados durante su gestión que nunca fueron explicados públicamente.

Hay silencios que pesan más que los discursos grandilocuentes. Y hay voces que, cuando reaparecen, no lo hacen para hacerse cargo de su pasado, sino para señalar desde una supuesta superioridad moral que ya no les pertenece.

Blanca Osuna volvió a hablar. Esta vez desde Facebook. Acusó al gobierno nacional y provincial de “bastardear el derecho a la vivienda”, de rematar tierras públicas y de entregarlas a la especulación inmobiliaria. Palabras fuertes. Denuncias graves. Conceptos constitucionales bien declamados. Pero una pregunta se impone antes de cualquier debate ideológico: ¿con qué cara, con qué derecho y con qué representación se anima Blanca Osuna a señalar a otros?

Porque cuando la ciudadanía le pregunta —con razón— por qué no hicieron ustedes las viviendas cuando gobernaron, la respuesta nunca llega. Cuando se le recuerda el Estadio Único de Paraná, presentado con bombos y platillos en el Teatro 3 de Febrero junto al gobernador de turno, el silencio es absoluto. ¿Dónde está ese estadio? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la explicación?

Blanca Osuna habla de derecho a la vivienda, pero nunca explica qué pasó con las promesas incumplidas, con los anuncios que quedaron en renders, con los actos oficiales que hoy sólo sobreviven en archivos y recuerdos incómodos. Habla de tierras públicas, pero no explica qué ocurrió en barrios como Amarras del Paraná, donde los vecinos no tienen acceso público al río. ¿Eso también es justicia social? ¿O ahí la Constitución no aplica?

Más grave aún: cuando una dirigente política acusa delitos, negociados y maniobras ilegales, no alcanza con hacerlo en redes sociales. En un Estado de Derecho, quien acusa tiene la obligación de denunciar ante la Justicia. Lo contrario no es valentía política: es irresponsabilidad institucional. Y peor todavía, puede ser complicidad. No queremos pensar que Blanca Osuna sea cómplice de los delitos que insinúa. Pero entonces, señora, ¿ya presentó la denuncia donde corresponde?

Resulta llamativo —por no decir indignante— que quien jamás rindió cuentas por el Estadio Único, quien nunca explicó el destino de fondos públicos ni asumió responsabilidades políticas por promesas fallidas, hoy pretenda erigirse en fiscal moral del presente. En un país normal, ese historial impediría ocupar cargos públicos, cobrar sueldos del Estado o pontificar sobre derechos vulnerados.

Antes de acusar a Milei, a Frigerio o a cualquier otro, Blanca Osuna debería hacer algo mucho más simple y mucho más honesto: devolver la plata del Estadio Único, explicar su gestión y llamarse a silencio. Después, recién después, podrá hablar de derechos, de Constitución y de vivienda digna.

La política no necesita más discursos altisonantes sin memoria. Necesita respuestas. Y Blanca Osuna todavía debe muchas.

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Durante la mañana del viernes 19 de diciembre de 2025, el diputado provincial Roque Fleitas mantuvo una reunión protocolar con el intendente Francisco Azcué y luego encabezó un encuentro partidario en el local de La Libertad Avanza. El eje estuvo puesto en la gestión, el fortalecimiento territorial y la articulación política como camino para el desarrollo local.

El presidente de La Libertad Avanza Entre Ríos y diputado provincial, Roque Fleitas, junto a la vicepresidenta del espacio, Zuly Cauzzi, desarrollaron este viernes 19 de diciembre de 2025 una agenda política e institucional en la ciudad de Concordia, caracterizada por un marcado perfil de diálogo, articulación y búsqueda de consensos.

Durante la mañana, Fleitas y Cauzzi mantuvieron una reunión protocolar y de cortesía con el intendente Francisco Azcué, en la que se abordaron distintos aspectos vinculados a la gestión municipal, la realidad actual de la ciudad y la importancia de sostener canales de diálogo institucional abiertos, más allá de las pertenencias partidarias.

Desde el entorno del diputado provincial destacaron el rol de Fleitas como articulador político, con una mirada orientada a construir puentes entre los distintos niveles del Estado, entendiendo que la cooperación institucional resulta clave para generar oportunidades concretas para Concordia. En ese marco, también se conversó sobre futuras gestiones y posibles buenas noticias para la ciudad por parte del Gobierno nacional, siempre dentro de un enfoque responsable y de respeto institucional.

Finalizada la reunión en el municipio, las autoridades provinciales se trasladaron al local de La Libertad Avanza Concordia, donde fueron recibidas por Ignacio Cabrera, referente del espacio en la ciudad, junto a militantes y miembros del equipo local. Allí se desarrolló un encuentro de trabajo en el que se analizó el crecimiento del partido, el ordenamiento territorial y los desafíos políticos de cara al futuro.

Durante la actividad partidaria, Fleitas remarcó la necesidad de consolidar equipos locales fuertes, con vocación de diálogo y anclaje territorial, subrayando que el crecimiento del espacio debe ir acompañado de responsabilidad política y compromiso con la realidad social de cada ciudad. En la misma línea, Cauzzi destacó la importancia de la unidad interna y el trabajo coordinado como pilares para fortalecer el proyecto libertario en Entre Ríos.

También formaron parte de la actividad Hermes Roy Liberman y María de los Ángeles Frencia, concejales de La Libertad Avanza en la ciudad de Colón, quienes vienen desarrollando una labor legislativa sostenida y con fuerte impronta libertaria en el ámbito del Concejo Deliberante local. Desde la conducción provincial del espacio destacan su trabajo como una referencia concreta de cómo trasladar los principios de transparencia, control del gasto, defensa del contribuyente y coherencia discursiva a la práctica legislativa cotidiana. Su accionar, señalan, no sólo fortaleció la presencia de La Libertad Avanza en Colón, sino que además es observado como un modelo a replicar por otros equipos del interior de la provincia, en el marco del proceso de consolidación territorial que impulsa el espacio a nivel provincial.

La jornada cerró con un mensaje común orientado a construir una alternativa política sólida, basada en el diálogo, la presencia territorial y la articulación institucional, reafirmando a La Libertad Avanza como un espacio en expansión en Concordia y la provincia.

Redaccion: Análisis Litoral

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Juicio político, segundas líneas y una vacante demasiado tentadora**

En Entre Ríos, los juicios políticos rara vez se explican por lo que figura en los expedientes. Detrás de los tecnicismos, los descargos jurídicos y las declaraciones formales, suele haber algo más: poder, vacantes, equilibrios rotos y nombres que no aparecen en los títulos pero sí en las decisiones.

El caso de Susana Medina de Rizzo parece encajar, una vez más, en esa lógica.

El expediente dice una cosa, la política otra

Formalmente, la vocal del Superior Tribunal de Justicia enfrenta dos denuncias graves: ausencias prolongadas de la jurisdicción durante años completos y un presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, organización que Medina integra y preside. A eso se suma el cuestionamiento sobre la marcha de su despacho, con cifras de morosidad que ella niega de plano.

En su descargo, Medina hace lo esperable: niega todo, denuncia persecución institucional, pide el rechazo in limine y se presenta como víctima de un mecanismo de hostigamiento que amenaza la independencia judicial. Jurídicamente, su defensa está bien armada. Políticamente, llega tarde y sin respaldo.

Porque si algo queda claro es que Medina está sola.

La soledad como síntoma

No hay pronunciamientos fuertes del Poder Judicial en su defensa. No hay operadores visibles que salgan a bancarla. No hay señales de que alguien esté dispuesto a pagar el costo político de sostenerla.

En los tribunales se comenta —en voz baja— que su salida es casi un hecho. No por la contundencia del expediente, sino porque ya nadie la necesita en ese lugar.

Y ahí empieza a aparecer la segunda línea del caso.

El verdadero botín: una silla en el STJ

El juicio político avanza con una velocidad inusual porque habilita algo mucho más valioso que una sanción ejemplar: una vacante en el Superior Tribunal de Justicia.

El oficialismo de Rogelio Frigerio tiene la mayoría en Diputados para impulsar el proceso. El peronismo, lejos de resistir, parece dispuesto a acompañar. Las diferencias internas existen, pero no alcanzan para frenar la maquinaria.

La historia se repite: Chiara Díaz, Castrillón, antes. Ahora Medina. Denuncia, presión, desgaste, jubilación anticipada. El procedimiento rara vez llega a su fin. El resultado, casi siempre, es el mismo.

¿Quién empuja desde las sombras?

En Casa de Gobierno dejaron trascender que detrás de Medina estaría Guillermo Michel. El argumento es endeble y roza lo anecdótico: un voto en el Tribunal Electoral que benefició a Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. Demasiado poco para explicar una operación de esta magnitud. Más parece una cortina de humo que una hipótesis seria.

Otros apuntan hacia la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, surgida al calor del jury contra Cecilia Goyeneche. No es un dato menor: ese espacio ya demostró capacidad de presión, instalación mediática y vocación por incidir en la conformación del poder judicial.

En los pasillos se dice algo más concreto: hay un nombre dando vueltas para ocupar la vacante. Y cuando eso ocurre, el resto es trámite.

Frigerio, Romero y el control de daños

Que el gobernador se reúna en su casa con los diputados de la Comisión de Juicio Político no es un gesto inocente. Que Rosario Romero haga lo propio con el bloque del PJ, tampoco.

Ambos saben que el problema no es solo Medina, sino el precedente. Frigerio pide “responsabilidad” mientras deja correr el proceso. Romero intenta frenar, pero llega sin fuerza. El peronismo, dividido y debilitado, parece más preocupado por no quedar expuesto que por defender una posición institucional coherente.

El discurso de la ética y la práctica del poder

Medina habla de independencia judicial. Sus denunciantes hablan de ética pública. Pero el sistema muestra otra cosa: el juicio político como herramienta de reordenamiento interno, no como mecanismo excepcional.

Las ausencias, las licencias, los viajes y los vínculos institucionales pueden ser discutibles. Lo que no se discute es que durante años fueron tolerados. El problema no es lo que hizo Medina, sino cuándo dejó de ser funcional.

La pregunta incómoda

Entonces, la pregunta no es si Susana Medina es culpable o inocente.
La verdadera incógnita es otra:

👉 ¿Quién gana con su salida y quién pierde si se queda?

Cuando la respuesta aparece clara, el expediente pasa a segundo plano.

Y en Entre Ríos, como tantas veces, la justicia vuelve a ser el escenario donde se dirimen disputas que poco tienen que ver con la ley y mucho con el poder.

Redacción: Análisis Litoral con información de Entre Ríos Ahora / Pagina política /pagina Judicial

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 No se trata de una vecina más ni de un conflicto entre particulares sin relevancia pública. La Justicia condenó a Liliana Salinas, Diputada Provincial en funciones, a devolver el inmueble que ocupaba irregularmente y a pagar casi tres millones de pesos en concepto de alquileres adeudados, en una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la conducta de quienes ocupan cargos públicos.

La notificación judicial llegó antes de Navidad, casi como una ironía del calendario. Con Cédula Judicial en mano, el fallo del juez Ponce en la causa “Iriarte Francisco Ramón c/ Salinas Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres” dejó al descubierto una situación que dista mucho del discurso de austeridad y ejemplaridad que suele exigirse —y proclamarse— desde la política.

La sentencia es clara: la diputada provincial oriunda de Concordia tiene un plazo de 10 días para abandonar la vivienda ubicada en calle Laprida Nº 1747, inmueble que habría ocupado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.

No es un dato menor que en diciembre del año pasado este medio ya había informado sobre el embargo al sueldo legislativo de Salinas, medida judicial que se le impuso en su carácter de diputada. Salinas, además, es presidenta del Partido Conservador, sello que fue utilizado por Javier Milei en Entre Ríos para competir en las elecciones presidenciales de 2023. Un dato político que vuelve inevitable la pregunta sobre la coherencia entre los discursos de orden, legalidad y respeto a la propiedad privada, y los hechos concretos.

Un año después de aquel embargo, llegó el fallo definitivo. En su primer dictamen, el juez resolvió:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas a desalojar el inmueble sito en calle Laprida Nº 1747 de esta ciudad, la que se hace extensiva a cualquier otro ocupante, restituyéndolo a Francisco Ramón Iriarte”.

El segundo punto del fallo agrava aún más la situación:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez a pagar al actor Francisco Ramón Iriarte, en forma solidaria y en el término de diez días, la suma de $2.182.500, en concepto de alquileres adeudados”.

Condenaron a la Diputada Provincial Liliana Salinas a devolver el inmueble que usurpaba y a pagar casi $3 millones de pesos

Iglesias y Rodríguez, cabe aclarar, son los garantes que respaldaron a la diputada al momento de alquilar el inmueble. Por la morosidad de la legisladora, serán ellos quienes deban responder en primera instancia ante el propietario, quedando luego habilitados a reclamar judicialmente a Salinas lo que eventualmente deban pagar.

Según pudo confirmar este medio, los garantes ya iniciaron acciones legales para resguardarse económicamente y han expresado su solidaridad con el propietario, manifestando sentirse —junto a él— perjudicados por el accionar de quien ostenta una banca en la Legislatura provincial.

El monto fijado por la Justicia corresponde a los alquileres impagos desde mayo de 2022 hasta febrero de 2024, pero el fallo agrega que deberán sumarse los meses posteriores hasta la efectiva restitución del inmueble, más intereses y costas judiciales, que fueron impuestas a los demandados bajo el principio objetivo de la derrota.

El caso vuelve a instalar una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué estándar ético se les exige a los representantes públicos? Porque cuando una diputada provincial es condenada por no pagar alquileres durante casi tres años y por retener un inmueble contra fallo judicial, ya no se trata solo de un problema habitacional.

Se trata de credibilidad, responsabilidad institucional y del ejemplo que se da desde el poder.

Efectivamente, alquilar está cada vez más duro.
Pero cumplir la ley debería ser obligatorio, sobre todo para quienes la votan.

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La localidad de Ubajay presentó en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires la 28.ª edición de la Fiesta Provincial del Yatay y una nueva edición de los Carnavales Ubajayenses, dos celebraciones emblemáticas que forman parte de la identidad cultural, turística y comunitaria de la región.

El encuentro permitió dar a conocer en la Ciudad de Buenos Aires estas festividades que, año tras año, convocan a vecinos y visitantes de toda la provincia y del país, poniendo en valor las tradiciones, la producción local y las expresiones artísticas de Ubajay.

Participaron de la presentación Verónica Luxen, presidenta municipal de Ubajay, y Lisandro Giménez, director de Cultura y Turismo, quienes brindaron detalles sobre la grilla de actividades, las propuestas artísticas y las distintas acciones previstas para ambas celebraciones, que conjugan tradición, música, danza y participación popular.

En relación a la Fiesta Provincial del Yatay, se informó que la jornada se realizará el sábado 21 de febrero, de 10 a 16 horas, con acceso gratuito al predio, donde el público podrá recorrer stands gastronómicos y de artesanos. A partir de las 18 horas comenzarán los espectáculos de destreza criolla y las presentaciones artísticas en el escenario principal, junto con clases de gastronomía en vivo basadas en el fruto de la palmera Butiá Yatay. La entrada general tendrá un valor de $15.000.

Durante la jornada se realizarán montas en distintas categorías y se presentarán artistas como Sentimiento Campero (Santa Fe), El Patrón del Chamamé (Entre Ríos) y el cierre musical estará a cargo de Mario Pereira.

Por su parte, los Carnavales Ubajayenses se llevarán a cabo el 13 de febrero sobre una de las principales avenidas de la localidad, con la participación de la Comparsa Butiá Yatay y comparsas invitadas de distintas ciudades de la provincia, como Concordia y Concepción del Uruguay, en una celebración que rinde homenaje permanente a la identidad local y a la palmera yatay.

Durante la presentación, José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, expresó:  “Quiero agradecer a todas las personas que formaron parte del calendario de actividades de la Representación durante el año, a las localidades entrerrianas, a los productores, a los artistas y a los periodistas, cuyo acompañamiento y difusión permiten ampliar el alcance de nuestras acciones y visibilizar el trabajo que se realiza desde la Casa de Entre Ríos.”

“Quiero agradecer al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza y la libertad de trabajo, y destacar el trabajo articulado con las áreas de Turismo, Cultura y la Secretaría General de la Gobernación, que nos permitió avanzar de manera conjunta en los objetivos planteados para el año.”

“Y, especialmente, un reconocimiento al equipo de la Representación, cuyo compromiso y trabajo cotidiano hacen posible la realización de cada uno de estos encuentros.”

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En un acto realizado en la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al Jefe de la fuerza, oficializó los cambios en Direcciones y Jefaturas Departamentales dispuestos por el gobierno provincial para optimizar la seguridad.

El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de  Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.

“Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y , generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho”, explicó el ministro Roncaglia.

Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.

La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.

A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos:

Direcciones Generales
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra.
Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo.
Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore.
Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.

Subdirecciones Generales
Ayudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio.
Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez.
Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello.
Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino.
Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez.
Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo.
Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero.
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.

Jefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday.
La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk.
Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez.
Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente.
Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez.
Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda.
Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina.
Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda.
Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.

Subjefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler.
Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra.
Federal: Crio. Inspector José Luis Luna.
Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger.
Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos.
Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra.
Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong.
San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.

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Susana Medina dio un nuevo paso en su defensa ante la Comisión de Juicio Político: presentó un descargo en el que negó las acusaciones de mal desempeño, pidió el rechazo in límine de las denuncias y dijo estar dispuesta a declarar ante los diputados, aunque pidió hacerlo por vía remota.
La suprema enfrenta dos denuncias donde se le atribuyen, principalmente, haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, en los períodos 2016-2019 y 2024-2025, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellas por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, lo que habría provocado un abandono de sus funciones y retraso en la tramitación de causas; y haber aceptado o gestionado “contribuciones” del Banco de Entre Ríos SA, o fundaciones que le pertenecen, a favor de la AMJA, lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo, que integra Medina, tiene para resolver causas contra el agente financiero.

El descargo ingresó en horas del mediodía por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y será girado a la Comisión de Juicio Político. Tiene la firma de la propia Medina y de sus abogados, Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo.

En lo esencial, Medina rechazó las acusaciones: “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno” e insistió en que su despacho se encuentra al día, las licencias han sido aprobadas por el alto cuerpo en aplicación del régimen orgánico que las establece y las cuentas del Poder Judicial durante el ejercicio de su presidencia han sido aprobadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas.

Pero también dedicó párrafos críticos a los denunciantes, al afirmar que las presentaciones en su contra “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, algo que ya había planteado públicamente el constitucionalista Diego Armesto, que la asesora en la defensa.

En ese marco es que solicitó que las denuncias sean rechazadas in límine, “no solo por inexistencia de causa, sino como acto necesario de defensa del debido proceso, de la independencia judicial y del sistema republicano de gobierno”, sostuvo.

Negarlo todo

En su descargo, Medina respondió a los hechos que le atribuyen el dirigente gremial Eugenio Jacquemain y la asociación Entre Ríos Sin Corrupción, una entidad que nació al calor del jury contra Cecilia Goyeneche y que ha hecho de esa causa una bandera.

En su descargo dijo que las acusaciones constituyen “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.

En ese punto, señaló que las licencias han sido autorizadas por el STJ y que mayormente se debieron a razones institucionales, al tiempo que enfatizó que los supremos tienen un régimen especial de licencia, diferente a los jueces y camaristas inferiores; del mismo modo que justificó las comisiones de los vocales a tareas inherentes al gobierno del Poder Judicial.

En cuanto a las ausencias por capacitación, aseveró que “es un deber de la magistratura”, aunque insistió en que todas fueron autorizadas por el STJ.

“Muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”, insistió la magistrada en otro tramo de su descargo.

No obstante, insistió que tiene su despacho al día, “sin morosidad”, como lo había hecho en la presentación espontánea que hizo ante la comisión; en respuesta a lo vertido por Entre Ríos Sin Corrupción en su denuncia, que le atribuye una demora en la tramitación de causas del 90 por ciento en 2024 y 88 por ciento en 2025.

Hostigamiento

Respecto del conflicto de intereses que le atribuyen por los aportes del Bersa, o fundaciones vinculadas a la AMJA, dijo: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.

En principio, la Comisión de Juicio Político parece haber descartado planteos por irregularidades en la designación de subrogantes ante excusaciones o recusaciones de integrantes del STJ y la prohibición de ingreso a tribunales a ciertos integrantes de Entre Ríos Sin Corrupción por haber protagonizado incidentes en una audiencia donde se debatían asuntos de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri.

Sobre el primer punto dijo que el orden de subrogancia no es potestad exclusiva suya, “sino que es materia de consideración y aprobación por el pleno”. En cuanto al segundo aspecto, habló de “actos violentos” dijo que la prohibición de ingreso posterior se tomó en un contexto de “emergencia” y “en ejercicio del poder de policía de preservar la integridad y seguridad de magistrados, funcionarios del Poder Judicial y profesionales del derecho”; y enfatizó que los hechos tuvieron tal entidad que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo una investigación sobre ello.

Por último, Medina insistió en que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.Fuente: Página judicial

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Hubo una vez, en Concordia, un sonido que volvía a latir después de años de silencio. Era el rumor metálico de los rieles, el soplido cansado pero digno de una locomotora que regresaba, y la emoción contenida de quienes nunca dejaron de creer que el tren podía volver. No era una fantasía romántica ni un capricho nostálgico: era trabajo, era identidad, era futuro.

El sábado 26 de marzo de 2005, después de una década de abandono, el tren volvió a salir desde Concordia hacia la estación del parador Ayuí, en el área de la represa binacional Salto Grande. Más de 170 turistas provenientes de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y distintos puntos de Entre Ríos eligieron ese fin de semana largo para ser parte de una experiencia que combinaba turismo, integración regional y reparación histórica.

Detrás de esa postal había algo mucho más profundo: el esfuerzo silencioso y persistente de los ex trabajadores ferroviarios, organizados en la Cooperativa de Trabajo Ferrotur Mesopotámica, nacida en 1997, cuando el ferrocarril entrerriano había quedado herido de muerte tras el cierre del ramal Urquiza en 1992, durante la década menemista. Aquellos hombres habían visto desaparecer su fuente de trabajo, pero no resignaron ni el oficio ni la memoria ferroviaria.

Ferrotur consiguió unidades en desuso en Paraná y las trasladó a Concordia para recuperarlas. Eran coches primera, pullman y un coche turístico que, tras meses de trabajo artesanal, volvieron a rodar. Con ese material, en 2004 pusieron en marcha el tren turístico que partía desde Concordia Central, recorría 17 kilómetros y finalizaba a metros de la represa. Hasta fines de 2008, transportaron cerca de 8.000 personas, desde jardines de infantes hasta escuelas de adultos.

El recorrido no era solo un traslado: era un viaje por la geografía social y urbana de la ciudad. El tren pasaba por el hipermercado, el polideportivo, el kilómetro 6, la Pampa Soler, el Golf Club, barrios de autoconstrucción, el cementerio del Pinar del Campanario, la cantera de Scebola, la villa termal, el autódromo, el puerto y el Campo El Alambrado, hasta llegar a Ayuí. Desde allí, colectivos llevaban a los pasajeros a recorrer la represa y una lancha los paseaba por el lago. Para muchos chicos y chicas fue la primera vez que vieron su ciudad desde los rieles.

Aquel día inaugural de 2005, el entonces gobernador Jorge Busti recorrió parte del trayecto junto a los visitantes y habló de “un puntapié inicial para la reactivación ferroviaria en toda la provincia”. Se anunciaron gestiones ante la Nación, pedidos de máquinas, autorizaciones para cruzar a Salto, ampliaciones de recorridos. Se habló de unir Concordia con Concepción del Uruguay, de Basavilbaso a Paraná, de atraer turismo desde Buenos Aires e incluso de un servicio desde Federico Lacroze hasta el litoral. Algunas promesas se cumplieron por un tiempo. Otras nunca pasaron del anuncio.

La idea original de Ferrotur siempre fue unir Concordia con la ciudad de Salto, pero nunca obtuvieron autorización para cruzar al vecino país. Las gestiones eran complejas: Cancillería, Aduana, Migraciones. Paradójicamente, no había entonces ningún tren de pasajeros argentino que cruzara una frontera internacional. Aun así, la cooperativa formaba parte activa de cada intento de reactivación y asesoraba a la Provincia en los emprendimientos ferroviarios.

En 2008 llegó otro golpe silencioso. En el convenio de comodato se establecía que los coches seguían siendo propiedad de la Provincia y que, si se decidía reactivar el servicio regular de pasajeros, podían ser reclamados. Así ocurrió. Las unidades en mejor estado fueron llevadas a Paraná y utilizadas en los servicios Paraná–Basavilbaso y Paraná–Concepción del Uruguay. Ferrotur quedó sin material rodante y, con ello, sin actividad directa, aunque nunca dejó de ser parte del proyecto ferroviario entrerriano.

Pero lo que sí fue real —y profundamente humano— fue la escena dentro de los vagones mientras el tren existió: el maquinista, el guarda, el encargado de controles, todos ex ferroviarios, atendiendo a pasajeros y periodistas con una mezcla de profesionalismo y emoción difícil de disimular. En sus rostros se veía algo más que satisfacción laboral: era la alegría de volver a escuchar el tren andar. De volver a ser.

Esa reconstrucción paciente y colectiva fue finalmente brutalmente interrumpida cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri ordenó el retiro de toda la formación ferroviaria que los trabajadores habían recuperado con años de esfuerzo. No hubo explicaciones claras. No hubo debate público. No hubo respeto por el trabajo realizado ni por los fondos nacionales que habían respaldado el proyecto, cuyo destino aún hoy permanece envuelto en dudas, especialmente frente a las cifras millonarias que posteriormente se anunciaron para la supuesta reparación integral de las vías ferroviarias entrerrianas, jamás investigadas por la Justicia.

Lo que siguió fue devastación. Las formaciones retiradas quedaron abandonadas, desmanteladas y canibalizadas en galpones y playas de maniobras de la ciudad de Paraná. Donde hubo motores en marcha, quedaron hierros oxidados. Donde hubo planificación y esperanza, se impuso la soberbia, el egoísmo y la desidia de un poder político que no toleró una experiencia exitosa nacida desde abajo, desde los trabajadores.

Hoy, ese daño es irreparable. Pero la memoria no.

Este relato no es solo un recuerdo: es un homenaje. A los ferroviarios de Concordia que demostraron que el tren podía volver. Que el Estado podía articular con cooperativas. Que el desarrollo regional no era una utopía. Y también es una denuncia histórica: porque lo que se destruyó no fue solo una formación ferroviaria, sino una oportunidad concreta de integración, trabajo y futuro.

Concordia tuvo un tren.
Y quienes lo hicieron posible merecen algo más que el olvido.

Alejandro Monzón – Análisis Litoral
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Dirigentes de la Unión Ferroviaria del Uruguay (UFU) mantuvieron un encuentro con el intendente de Salto, Carlos Albisu, con el objetivo de reimpulsar el histórico proyecto de conexión ferroviaria hasta la represa de Salto Grande. La reunión contó con la presencia del presidente del gremio, Washington Sánchez; el secretario general, Georgy Martínez; y el delegado local, Daniel Godoy.

El encuentro se dio en el marco del plan de modernización ferroviaria presentado recientemente en el Parlamento por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, lo que motivó al sindicato a solicitar audiencias con distintos intendentes del país para analizar el impacto territorial del nuevo esquema ferroviario.

Durante la reunión, los representantes sindicales entregaron al jefe comunal un documento en el que detallan las deficiencias actuales de la red ferroviaria y las obras que consideran indispensables para reactivar el servicio en el norte del país.

Uno de los puntos centrales fue la recuperación del tramo Queguay–Salto, de unos 90 kilómetros, una obra que quedó inconclusa y que formaba parte de los proyectos financiados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado en 2004 con el objetivo de fortalecer la integración regional, la competitividad y la cohesión social. La iniciativa apuntaba, entre otros objetivos, a consolidar la conexión ferroviaria entre Uruguay y Argentina.

Según explicó Sánchez, si bien la obra fue ejecutada en gran parte, surgieron problemas técnicos en su diseño: la vía fue proyectada para soportar 18 toneladas por eje, mientras que los puentes construidos solo admiten 14 toneladas. Ante esta incompatibilidad, se optó por reforzar algunas estructuras y avanzar hasta donde lo permitieron los recursos disponibles, lo que dejó inconcluso el tramo entre Queguay y la ciudad de Salto.

En ese contexto, el dirigente gremial señaló que el intendente Albisu manifestó haber abordado el tema tanto con la ministra Etcheverry como con el presidente Yamandú Orsi, remarcando la necesidad estratégica de recuperar esa conexión ferroviaria. Albisu también destacó el crecimiento sostenido de la actividad citrícola en la región y advirtió que, sin el ferrocarril como alternativa logística, las rutas podrían verse seriamente saturadas.

La reciente llegada de las primeras locomotoras al puerto de Montevideo reavivó las expectativas. La empresa logística involucrada ratificó su intención de conectar el litoral uruguayo con Paraguay y Bolivia, aunque aclaró que el proyecto depende de la rehabilitación de un corto pero clave tramo de vía férrea.

Para el departamento de Salto, esta posibilidad representa mucho más que un anuncio distante: significa la confirmación de que la región forma parte de la hoja de ruta inmediata de una inversión privada capaz de modificar la matriz productiva local.

Sánchez también cuestionó que el nuevo sistema ferroviario se esté desarrollando de manera insuficiente en algunas zonas del país y sostuvo que debería pensarse en un crecimiento real y sostenido. Recordó además que, durante la gestión de Albisu al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se impulsó el servicio de pasajeros entre Salto y la represa, y que el actual intendente ha manifestado reiteradamente su interés en el desarrollo ferroviario.

Finalmente, explicó que el objetivo del encuentro fue conocer de primera mano la visión del intendente sobre las posibilidades concretas de expansión del sistema ferroviario en el departamento.

Fuente: Diario Cambio.