Por Análisis Litoral
La morosidad en Argentina dejó de ser un problema individual para convertirse en una señal de alarma económica. Casi 5,8 millones de personas aparecen en mora sobre un universo de 20,9 millones de deudores con bancos y billeteras virtuales. Detrás de esa cifra hay familias, trabajadores y jóvenes que quedaron atrapados entre la pérdida de capacidad de pago, el costo del crédito y un sistema financiero que ahora debería explicar cuánto de esas deudas corresponde al capital recibido y cuánto a intereses, punitorios, comisiones y otros cargos.
Hay números que deberían obligar a detener cualquier discusión económica y mirar de frente la realidad de millones de argentinos.
En mayo de 2026, 20,9 millones de personas tenían algún tipo de deuda con bancos o billeteras virtuales y 5,8 millones registraban atrasos. Es decir, casi 28 de cada 100 deudores estaban en mora. La cifra no es una percepción: surge de datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por CEPA.
Pero detrás del número hay algo todavía más preocupante: la morosidad familiar lleva 19 meses consecutivos de aumento. En los bancos, la irregularidad de las familias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. En las billeteras virtuales el salto fue todavía más brutal: del 7,3% al 29,6%, superando incluso el registro de la pandemia.
Las tarjetas de crédito y los préstamos personales concentran buena parte del problema. La mora llegó al 12,5% en tarjetas y al 14,9% en préstamos personales. Entre los jóvenes, la situación es todavía más grave: cuatro de cada diez créditos otorgados a menores de 24 años presentan irregularidades.
En octubre de 2024 lo anticipabamos a este colapso .
Pero hay una pregunta que falta hacer
¿Todo este deterioro puede explicarse únicamente porque las familias gastaron más de lo que podían pagar?
Sería demasiado sencillo.
Durante los años de inflación elevada, millones de argentinos utilizaron tarjetas y préstamos no para financiar vacaciones o consumos suntuarios, sino para comprar alimentos, pagar servicios, combustible, medicamentos, impuestos y llegar a fin de mes.
Y allí aparece la otra cara del problema: el costo del crédito.
Cuando una familia cae en el pago mínimo de una tarjeta, la deuda puede convertirse en una bola de nieve. Intereses, intereses punitorios, seguros, cargos y otros conceptos pueden hacer que una persona que ya está financieramente debilitada quede atrapada durante meses o años.
Eso no significa que todo interés elevado sea automáticamente usurario. Significa algo más elemental: cuando millones de consumidores terminan atrapados en una deuda que crece más rápido que sus ingresos, el Estado debería preguntarse si el mercado funcionó correctamente y si todos los cargos cobrados fueron razonables, transparentes y legalmente admisibles.
Y esa revisión no debería ser contra los bancos ni a favor de los bancos.
Debería ser a favor de la transparencia y de la competencia.
Los bancos también deben hacerse cargo
Argentina no puede pretender construir una economía sana mientras millones de consumidores quedan atrapados en mecanismos de crédito que, en determinadas circunstancias, pueden terminar siendo económicamente asfixiantes.
Los bancos cumplen una función indispensable. Las tarjetas de crédito también. El crédito es una herramienta necesaria para que una economía crezca.
Pero el crédito no puede transformarse en una máquina de multiplicar deuda cuando el cliente ya demostró que perdió capacidad de pago.
Si durante los años de inflación las entidades financieras cobraron tasas, punitorios, comisiones o cargos que, analizados caso por caso, resultaran abusivos o contrarios a la normativa, corresponde revisar esas operaciones.
No sería un “premio al moroso”.
Sería, precisamente, hacer cumplir las reglas del mercado.
Hay un antecedente que Argentina debería mirar
España ofrece un ejemplo particularmente interesante.
Su Tribunal Supremo estableció criterios para considerar abusivos determinados intereses de las tarjetas de crédito “revolving” cuando no existía transparencia suficiente sobre el verdadero funcionamiento de la deuda. Y en marzo de 2025 resolvió que un usuario podía reclamar la devolución de lo pagado por encima del capital efectivamente recibido, dentro del período reconocido judicialmente.
Es decir: no se trató de regalarle dinero al deudor, sino de determinar cuánto había recibido, cuánto había pagado y qué parte de lo cobrado resultaba jurídicamente improcedente. Ese antecedente merece ser estudiado en Argentina. El Gobierno nacional, el Banco Central y el Congreso deberían analizar un mecanismo excepcional de revisión y saneamiento del endeudamiento de los hogares, no para licuar deudas indiscriminadamente, premiar a quien nunca quiso pagar ni trasladar al Estado el costo de decisiones privadas, sino para responder una pregunta mucho más seria: ¿cuánto de lo que hoy deben millones de argentinos corresponde realmente al capital recibido y cuánto se acumuló por intereses, punitorios, comisiones y cargos durante los años de mayor inflación?
La respuesta podría conducir a tres caminos concretos: recalcular deudas cuando existan cargos abusivos, ofrecer refinanciaciones razonables sobre el capital genuinamente adeudado y establecer mecanismos de devolución cuando se compruebe que un consumidor pagó por encima de lo legalmente exigible. Argentina ya cuenta con normas de defensa del consumidor que exigen información sobre tasas, costo financiero total, sistemas de amortización y gastos adicionales, mientras que el BCRA estableció durante 2026 nuevas disposiciones sobre las tasas de financiación vinculadas con tarjetas. Por eso, la discusión ya no debería limitarse a cuánto deben los argentinos. La pregunta es cuánto de esa deuda merece ser pagado exactamente como fue calculado.
Una oportunidad para el Gobierno de Milei
Si el objetivo es construir una economía basada en reglas, competencia y responsabilidad individual, proteger al consumidor financiero no debería ser presentado como una bandera populista. Todo lo contrario: un mercado verdaderamente libre necesita consumidores informados y empresas que compitan sin abusar de su posición. El presidente Javier Milei, su equipo económico, el Banco Central, sus asesores y los legisladores tienen delante un problema que no debería quedar atrapado en una discusión partidaria. Son 5,8 millones de personas en mora; son familias, trabajadores y jóvenes que comienzan su vida financiera endeudados, pero también millones de potenciales consumidores que necesitan recuperar la confianza en el crédito.
La salida no es perdonar indiscriminadamente las deudas: es auditar, transparentar, corregir abusos y devolverle racionalidad a un sistema que necesita recuperar algo que el dinero por sí solo no puede comprar: confianza. Porque si el nuevo modelo económico pretende terminar con los privilegios, también debería preguntarse si el ciudadano que durante años pagó intereses exorbitantes tiene derecho a que alguien revise la cuenta. Esa pregunta, más temprano que tarde, tendrá que llegar a los escritorios de Economía, del Banco Central, del Congreso y de la propia Casa Rosada.