Axel Kicillof quiere eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes bonaerenses y convertir a los jefes comunales en la primera línea de una eventual campaña presidencial. La jugada tiene lógica territorial: intendentes, estructuras partidarias, recursos y una maquinaria política con décadas de experiencia. Pero existe una diferencia sustancial entre controlar buena parte del territorio bonaerense y tener capacidad real para conducir al peronismo en todo el país. Y allí comienza el verdadero problema para el gobernador.
Axel Kicillof decidió avanzar a fondo con el proyecto que busca eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), comenzará a moverse en la Legislatura bonaerense, incluso sin tener garantizados todos los votos necesarios para convertirla en ley.
La estrategia no es solamente institucional. Es esencialmente política y electoral.
En el entorno del gobernador entienden que los intendentes son una pieza decisiva para cualquier proyecto presidencial que pretenda disputar el poder en 2027. El argumento es sencillo: quien controla el territorio dispone de estructuras, militancia, fiscales, conocimiento electoral y capacidad para movilizar votantes.
Pero hay una cuestión que desde La Plata parecen mirar con excesivo optimismo: una cosa es el armado político que Kicillof puede realizar hoy en la provincia de Buenos Aires, con la estructura territorial de los intendentes y todo el poder político y económico que implica gobernar el principal distrito del país, y otra muy diferente es pretender convertir ese esquema en una plataforma nacional.
El país no termina en el conurbano.
El poder de los intendentes no alcanza para construir un liderazgo nacional
Kicillof puede tener razones para confiar en los intendentes bonaerenses. Muchos de ellos necesitan imperiosamente que se modifique la legislación que limita sus mandatos. Para 2027, son 81 los jefes comunales que podrían quedar alcanzados por las restricciones vigentes.
Por eso la eliminación del límite a las reelecciones no es una discusión menor. Es una negociación de poder.
Y allí aparece una de las cartas que juega el gobernador: llevar el proyecto al recinto y obligar a cada legislador a exponer públicamente su posición.
La advertencia ya circula en el entorno de Kicillof: quienes no acompañen podrían quedar señalados como responsables de debilitar las posibilidades electorales del peronismo.
Es una forma de presión política tan antigua como conocida.
Pero también revela una preocupación: Kicillof necesita que el aparato territorial bonaerense funcione como una maquinaria electoral capaz de compensar sus debilidades fuera de la provincia.
Porque una elección presidencial no se gana solamente con intendentes.
Y mucho menos con intendentes que, en numerosos casos, cargan con un fuerte desgaste ante sus propios vecinos.
Una cosa es el aparato y otra, muy distinta, el país real
El gobernador bonaerense parece confiar en que una estructura territorial aceitada puede convertirse automáticamente en liderazgo nacional.
No necesariamente es así.
El llamado “país profundo” tiene otras preocupaciones, otras realidades y otras demandas. Las provincias del norte, Cuyo, la Patagonia, el litoral y el interior productivo no pueden analizarse exclusivamente desde la lógica del conurbano bonaerense.
Allí Kicillof enfrenta un desafío adicional: no es percibido en todos esos territorios como un dirigente con conocimiento real de sus particularidades, sus economías regionales y sus problemas concretos.
Y hay algo todavía más importante.
El peronismo llega a esta discusión profundamente disperso. No existe hoy una conducción nacional indiscutida que ordene a gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes detrás de una misma estrategia.
Kicillof aspira a ocupar ese lugar.
Pero aspirar a conducir no significa necesariamente ser reconocido como conductor.
En buena parte del peronismo existen sectores que lo observan con desconfianza, otros que directamente disputan su liderazgo y algunos que todavía consideran que su proyecto político está demasiado condicionado por la interna bonaerense.
El problema que el aparato no puede esconder
A eso se suma un problema todavía más delicado: el enorme desgaste que el peronismo arrastra por los innumerables casos de corrupción y sospechas de enriquecimiento ilícito que durante años atravesaron gobiernos, municipios y estructuras partidarias.
No se trata solamente de lo que aparece en expedientes judiciales o en los titulares de los medios.
En muchas ciudades del interior, la población conoce perfectamente las historias de dirigentes que llegaron al poder con patrimonios modestos y terminaron exhibiendo niveles de riqueza difíciles de explicar desde sus ingresos públicos.
Son situaciones que se comentan en los barrios, en los comercios, en los pueblos y en las ciudades. Las conocen propios y extraños.
Y ningún aparato electoral puede borrar completamente esa memoria social.
Por eso, pretender que la maquinaria de intendentes bonaerenses sea suficiente para construir una candidatura presidencial puede convertirse en un error estratégico.
Una cosa es movilizar estructuras.
Otra es generar confianza.
Una cosa es contar con dirigentes territoriales.
Otra muy distinta es convencer a millones de argentinos que no viven en Buenos Aires.
El dilema del desdoblamiento
En este escenario aparece también la discusión sobre el calendario electoral de 2027.
En el entorno de Kicillof saben que una elección bonaerense separada de la nacional puede permitirle medir fuerzas en su propio territorio y convertir un eventual triunfo en un argumento para proyectarse hacia la elección presidencial.
Pero también existe el riesgo contrario.
Si el peronismo bonaerense obtiene una victoria contundente, podrá presentarla como una señal de fortaleza. Si pierde, la derrota quedará instalada como un golpe directo al liderazgo del gobernador.
El propio escenario electoral es, entonces, una apuesta.
Y la discusión sobre las PASO agrega todavía más incertidumbre.
Desde La Plata sostienen que si las primarias continúan vigentes, un desdoblamiento podría generar una sucesión de elecciones demasiado cercana en el tiempo. Si las PASO son eliminadas, en cambio, el gobernador tendría mayor margen para decidir qué calendario le resulta políticamente conveniente.
Pero nuevamente aparece la pregunta central: ¿qué sirve para Kicillof y qué sirve para el peronismo nacional?
No necesariamente son la misma cosa.
El verdadero desafío de Kicillof está fuera de Buenos Aires
Kicillof puede construir una poderosa alianza con los intendentes bonaerenses. Puede negociar reelecciones, ordenar estructuras, sumar legisladores y convertir a los jefes comunales en soldados electorales.
Todo eso puede ser determinante en Buenos Aires.
Pero una candidatura presidencial exige bastante más.
Exige gobernadores. Exige dirigentes del interior. Exige una propuesta económica. Exige capacidad de representar a sectores productivos que no viven de la administración pública. Exige recuperar credibilidad en millones de argentinos que durante años observaron cómo el discurso de la justicia social convivía con el crecimiento patrimonial de buena parte de la dirigencia política.
Y, sobre todo, exige liderazgo.
El gran interrogante para Kicillof no es si puede reunir a los intendentes bonaerenses detrás de su proyecto. Probablemente pueda hacerlo. La verdadera pregunta es si puede conseguir que el peronismo nacional lo reconozca como conductor y que el resto del país lo vea como una alternativa presidencial.
Porque el poder territorial bonaerense puede abrirle la puerta a una candidatura.
Pero no necesariamente puede llevarlo hasta la Casa Rosada.
Y esa diferencia, en 2027, puede terminar siendo decisiva.