La cámara alta logró la sanción con la mayoría que lo había aprobado el 11/2 y el cambio de Diputados. Indemnizaciones subsidiadas y paritarias por región.
Javier Milei completó un viernes soñado: horas después de sancionar el régimen penal juvenil, el Senado convirtió en ley la reforma laboral, con el cambio realizado en Diputados que eliminó una modificación al sistema de licencias que permitía pagar el 75% de los salarios en caso de enfermedades. Patricia Bullrich reiteró la mayoría que se reunió el 11 de febrero.
El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor, 29 en contra -todo el peronismo- y las abstenciones del bloque de Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia). La Libertad Avanza volvió a contar con el apoyo del PRO, la UCR y los partidos provinciales. Acompañó también la cordobesa Alejandra Vigo, quien se opone al fondo creado con recursos de Anses para financiar indemnizaciones.
La sanción quedó sentenciada al comienzo del debate, cuando el peronista Mariano Recalde, experto en derecho laboral, pidió una moción para mandar el proyecto a comisión: perdió 43 a 29. A la mayoría construida por Bullrich, se sumó la santacruceña Gadano
El debate comenzó a las 18, cuando ya se habían disipado los disturbios que hubo en las inmediaciones del Congreso. Duró seis horas y fue una remake del realizado hace 20 días, con algunas menciones del peronismo al fallido régimen de licencias.
Los diferentes bloques aprovecharon la repetición del tratamiento para sumar oradores, pero hubo muy pocas menciones al tema licencias, que es el que obligó a repetir la discusión de hace 20 días. Se escucharon los mismos argumentos de aquella vez, con distintos intérpretes.
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La ley que quería Javier Milei
La reforma laboral flexibiliza las relaciones laborales, según el Gobierno, para mejorar las condiciones que necesitan los empleadores y aumentar la cantidad de puestos de trabajo. El peronismo, unido en el rechazo, tiene la tesis contraria: prevé que no crezca el empleo y aumente la renta empresarial. “¡Cómo va a generar la registración si les han retirado las multas!”, se molestó la riojana María Florencia López, del justicialismo.
Las modificaciones son trascendentes. Las convenciones colectivas deberían renegociarse si una de las partes lo pide, al terminarse la ultra actividad, como se denomina al sistema que permitía sostener un convenio luego de su vencimiento, si no se firma otro.
Las paritarias ya no serán iguales, porque se habilitan convenios por empresa o región con condiciones laxas: podrán aplicarse bancos de horas para los empleados, fragmentación de vacaciones y restricción a las huelgas, al ampliar los sectores esenciales, que como tales, no pueden parar en su totalidad. Las asambleas deberán ser autorizadas.
El proyecto contempla además límites a los juicios laborales, con límites a las indemnizaciones, que se podrán pagar en en seis cuotas y doce las pymes. El monto sólo considerar un salario por año, sin costas extras; aunque actualizable por inflación y 3% de intereses. Según el Gobierno, algunos sentencias superan en hasta diez veces ese monto.
La CGT mantuvo su cuota sindical compulsiva, con un tope de 2% y sin cambios a la recaudación de obras sociales, que continuará siendo del 6% de los salarios. El proyecto original la bajaba a cinco. La ley además le pone un plazo hasta 2028 al financiamiento del cine (Incca); y de un año a los estatutos profesionales, como el del periodista.
El FAL, lo más polémico
La ley crea un régimen de trabajo para plataformas, que evita la relación de dependencia. También ratifica el convenio de traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
Se crea un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) y bajas en la carga tributaria, un capítulo que en su versión original tenía la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades comerciales, eliminado en el Senado por pedido de los gobernadores.
El aspecto más controvertido es sin dudas el FAL, que para la oposición puede convertirse en la versión moderna de las AFJP. Se nutrirán de los aportes a Anses realizados por las empresas: 1,5% deberán abastecer las grandes empresas y 1,5%
El acuerdo llegó recién la segunda semana de febrero luego de múltiples concesiones de Bullrich, con más de 30 cambios al proyecto, algunas que provocaron tensiones con la Casa Rosada. Pero después de la aprobación del 11 de febrero, el PRO lanzó una inesperada rebelión y pidió derogar el artículo 44, que establecía el polémico régimen de licencias.
“En nombre de los trabajadores se mandó a la informalidad durante años a millones de trabajadores. Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley para darle certeza y previsibilidad a los trabajadores y a las empresas”, celebró Bullrich la ley.
Un rato antes, en lo que ya es un clásico del final de las sesiones, el jefe peronista José Mayans había cuestionado la reforma laboral. “Lo único que quiere el trabajador es una vida digna su familia. Tenemos el salario más bajo de latinoamérica y hablan de costo laboral”, gritó el formoseño. “No podes hablar de cierre de empresas, porque no tenes: en tu provincia todos viven del Estado”, le respondió Bullrich.
