Paraná — 14 de octubre de 2025. Los congresales del Partido Justicialista de Entre Ríos Domingo Daniel Rossi y Carlos Guillermo Reggiardo presentaron ante la Justicia Federal con competencia electoral una denuncia penal–electoral y solicitaron la intervención judicial urgente del PJ–ER. En su escrito afirman que se habrían canalizado aportes ilícitos vinculados al funcionario nacional Guillermo Michel, con impacto tanto en la campaña presidencial de 2023 como en la vida interna del partido.
Según el escrito presentado, los denunciantes aseguran haber sido “damnificados directos por la manipulación económica y política del proceso interno”, ya que —afirman— se les impidió competir en igualdad de condiciones bajo el argumento de que el partido “no contaba con fondos”, mientras se habrían canalizado “aportes ilícitos provenientes del funcionario nacional Guillermo Michel”, con incidencia tanto en la campaña presidencial de Javier Milei como en la estructura financiera del PJ provincial.
La presentación, dirigida al Fiscal Federal Electoral y al Juzgado Federal de Paraná, solicita que se investiguen los hechos mencionados y que se determinen las eventuales responsabilidades penales y electorales, en el marco de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional y el Código Penal Argentino.
Hechos y pruebas ofrecidas Entre los elementos mencionados en la denuncia, Rossi y Reggiardo hacen referencia a una publicación del portal Página Política, en la que se menciona que “el aporte del peronismo para posicionar a Milei formó parte de la estrategia electoral de tercios”. Según los denunciantes, esa frase constituiría una “confesión institucional” sobre el uso de fondos partidarios para financiar a un espacio opositor.
Asimismo, citan declaraciones televisivas de la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que Guillermo Michel habría sido el “financista de la campaña presidencial de Javier Milei en Entre Ríos”, y afirman que dichas manifestaciones fueron reproducidas por diversos portales provinciales. Pagano será ofrecida como testigo en la causa.
También incluyen en la presentación las palabras del exvicegobernador y congresal partidario José Cáceres, quien —según la denuncia— afirmó públicamente durante un acto partidario que “Michel hacía los giros para pagar los sueldos del partido”.
Los congresales sostienen además que cuatro listas internas fueron dadas de baja en 2023 bajo el argumento de falta de recursos, mientras —según plantean— circulaban fondos en actividades políticas externas. Los apoderados y candidatos de esas listas fueron ofrecidos como testigos.
La denuncia incorpora también artículos de prensa sobre el desbalance económico del PJ entrerriano y solicita una pericia informática para determinar los responsables del pago de pautas digitales durante 2023 en plataformas como YouTube, Meta y X (ex Twitter).
Posibles delitos y medidas solicitadas Rossi y Reggiardo sostienen que los hechos podrían encuadrar en delitos como violación del régimen de financiamiento partidario, falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado y violación a la Ley 26.571 de internas abiertas, al haberse “impedido la competencia interna mediante manipulación económica dolosa”.
En ese marco, pidieron que la Justicia disponga una auditoría externa e intervención judicial del Partido Justicialista de Entre Ríos, con designación de un veedor judicial y preservación de toda la documentación contable y bancaria.
Entre las medidas requeridas figuran también pedidos de informes a la Dirección Nacional Electoral (DINE), a la Cámara Nacional Electoral, y a entidades bancarias como el Banco Nación, Bersa, Galicia y Macro, además de requerimientos a las plataformas digitales mencionadas para preservar registros de pauta.
Finalmente, los denunciantes solicitaron la publicidad y transparencia del proceso y realizaron reserva federal para acudir ante la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de considerar afectada la tutela judicial efectiva o el principio republicano de transparencia política.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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