Un cheque por $24.000 emitido en mayo de 2018 —equivalente a casi $1,5 millones actuales— destapa una de las aristas más crudas del sistema de recaudación política que operó durante una década en la Legislatura de Entre Ríos.
El documento lleva la firma del entonces vicegobernador Adán Humberto “Beto” Bahl y fue cobrado por Marcelo Casaretto, quien en ese momento presidía el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). El problema: Casaretto figuraba como “contratado” del Senado, un ingreso paralelo incompatible por ley, ya que los funcionarios de entes autárquicos no pueden percibir doble remuneración del Estado.
Ese “contrato” era, en los hechos, un sobresueldo blanqueado dentro de la maquinaria de favores políticos que funcionó entre 2008 y 2018 en la Legislatura provincial. Según la Fiscalía, durante ese período se emitieron al menos 771 contratos falsos, sin contraprestación alguna, por un monto estimado superior a 53 millones de dólares.
La estructura del desfalco
El esquema era simple: los servicios contables del Senado y Diputados emitían los cheques, que luego eran endosados o cobrados por intermediarios, entre ellos Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos hoy imputados por peculado y asociación ilícita. En muchos casos, los “contratados” ni siquiera veían el dinero: firmaban, entregaban su tarjeta o cuenta sueldo, y el dinero era retirado por terceros.
Entre los imputados aparecen también Gustavo Pérez, Roberto Fauré, Sergio Cardoso, Alejandro Almada y Juan Pablo Aguilera, este último conocido operador político ligado al exgobernador Sergio Urribarri.
La maniobra se repitió durante gestiones de distintos vicegobernadores, desde José Lauritto hasta Adán Bahl, pasando por Pedro Guastavino. Todos tenían funciones de control sobre los contratos, pero la auditoría interna fue nula durante años.
La Justicia y los desaparecidos
La causa judicial, conocida como “Contratos truchos de la Legislatura”, avanza lentamente. El Ministerio Público Fiscal investiga un circuito que no sólo drenó millones del presupuesto legislativo, sino que también benefició a militantes, familiares y dirigentes del poder político.
Para agravar el cuadro, parte de la evidencia se esfumó: más de 1.200 cheques desaparecieron del expediente judicial, según confirmó la prensa local. La Fiscalía de Estado solicitó intervenir como actor civil para recuperar el daño económico causado al erario provincial, pero el proceso está lejos de cerrarse.
Casaretto, hoy y ayer
Casaretto, que actualmente respalda la candidatura de Adán Bahl y Guillermo Michel al Congreso, sigue sin dar explicaciones públicas sobre aquel cheque emitido por el Senado cuando él ya cobraba como titular del IAPV.
Aquel pago, fechado el 10 de mayo de 2018, es más que un documento contable: es una radiografía del poder entrerriano en su versión más opaca. Una orgía presupuestaria de cheques y firmas amigas, donde la lealtad partidaria valía más que la legalidad.
Un sistema con firma política
Entre 2008 y 2018, la Legislatura fue una agencia de recaudación encubierta. Los contratos falsos servían para financiar estructuras partidarias y sostener redes de militancia que orbitaban alrededor del PJ entrerriano.
La Justicia ya comprobó que no existió contraprestación alguna por la mayoría de los contratos. En los papeles figuraban profesionales, administrativos o asesores. En la práctica, el dinero terminaba en manos de punteros o dirigentes.
Y todo con la firma institucional del Senado, donde un cheque de $24.000 resume la complicidad de un sistema que durante años confundió el presupuesto público con la caja política.
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