Se realizó la apertura de sobres para la concesión de 741 kilómetros en los Tramos Oriental y Conexión, dentro de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. Este proyecto busca mejorar rutas estratégicas del corredor del Mercosur, conectando Argentina con Brasil y Uruguay. En total, seis empresas presentaron siete ofertas.
A través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura de sobres para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión, que forman parte de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proyecto contempla la explotación, administración y mantenimiento de rutas estratégicas que conectan varias provincias y países vecinos.
En el proceso licitatorio, las empresas participantes presentaron dos sobres: uno con información sobre la calidad técnica de los oferentes y otro con la propuesta económica, que incluye la tarifa de peaje sugerida. En total, se recibieron siete propuestas de seis empresas interesadas.
El Tramo Oriental incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Por su parte, el Tramo Conexión abarca el Puente Rosario-Victoria (Ruta Nacional 174), que une Entre Ríos y Santa Fe. Esta concesión inicial abarca más de 700 kilómetros del corredor del Mercosur, clave para el comercio con Brasil y Uruguay, y conecta con pasos fronterizos estratégicos, puertos y centros productivos del Gran Rosario.
La Dirección Nacional de Vialidad será responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de circulación y seguridad para los usuarios.
Cabe destacar que este nuevo esquema no contará con subsidios estatales, eliminando un modelo anterior considerado deficitario, afirman desde Vialidad nacional.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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