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El Concejo Deliberante de Paraná aprobó hoy, con el voto del oficialismo y del bloque libertario, el proyecto de ordenanza enviado por la intendenta Rosario Romero a través del cual se busca restituir a sus dueños unas 7.000 motos que han sido secuestrados en distintos operativos de control y que permanecen en los depósitos municipales y de la Policía.
«El proyecto de ordenanza en cuestión se enmarca en las especiales circunstancias que se presentan en nuestro país respecto a una profunda crisis del sistema público de transporte de pasajeros, el cual afecta a los vecinos de la ciudad de Paraná y se avizora en un futuro no muy lejano el agravamiento de la situación», dice la iniciativa que envió el Ejecutivo.
Y agrega: «Este regimen especial de regularización de contravenciones y multas para motovehículos retenidos le permitirá a los y las paranaenses alcanzados por la misma acceder a la cancelación de sus deudas por faltas que atañen a moto vehículos que se encuentran retenidos en depósito, teniendo como fin último la restitución de los mismos, y a ello a los efectos de dotar a las personas de un medio más para su transportabilidad, en muchos de los casos de una herramienta de trabajo».
El jefe de la bancada del oficialismo en el Concejo Deliberante, Enrique Ríos, fundamentó la necesidad del proyecto. «El Ejecutivo plantea que, en el marco de la actual situación difícil en lo económico y social que atravesamos, y también con la situación del transporte público de pasajeros, que no podemos desconocer, se plantea la necesidad de facilitar la devolución de más de 7.000 motovehículos retenidos en los depósitos municipales», arguyó.
Dijo Ríos que «cuando se llevó adelante todo el proceso de control de infracciones de tránsito, bajo ningún punto de vista se planteó como algo confiscatorio. El objetivo era la prevención y garantizar la seguridad vial y que los vehículos cumplan con la normativa. Pero con el devenir del tiempo y ante la falta de recursos económicos (para recuperar las motos retenidas) por la gran mayoría de las personas, devino en una clara medida de confiscación, porque no podían ser recuperados por los altos costos que eran la multa y los gastos administrativos y lo que significa la estadía».
«Para nada esto significa romper con esa lógica de la regularización sino todo lo contrario: es dar la oportunidad aquellos vecinos de la ciudad cuyos vehículos fueron retenidos que una vez que se pongan en condiciones, puedan recuperar y transitar en la ciudad», señaló. «Con esta medida no se altera en nada la seguridad vial y el control del tránsito, y sí se está dando una oportunidad en un marco difícil a los vecinos de la ciudad para que puedan recuperar los vehículos retenidos», apuntó.
Ríos planteó que el programa de condonación de multas para que los vecinos puedan recuperar motos retenidas apunta a afrontar «una situación de gravedad en el transporte público de pasajeros para lo cual lamentablemente no avizoro una solución en el corto plazo».
La bancada de Juntos no acompañó el proyecto. La postura de la oposición la fundamentó el concejal Maximiliano Rodriguez Paulin que si bien aseguró que «nos preocupa la saturación en los depósitos municipales y policiales, donde hay más de 7 mil unidades retenidas, la condonación no nos parece la medida más adecuada y sí una moratoria».
«Nos parece que lo más prudente no sería una condonación, sino más bien una moratoria», sostuvo. Además, agregó, plantea una situación de desigualdad con aquellos vecinos que les han retenido la moto, han regularizado su situación y han hecho frente a los costos, como el parking, que tiene un valor mensual de $100 mil. En cambio, agregó, la ordenanza enviada por el Ejecutivo plantea un pago mínimo para recuperar la moto de $7.126, que «nos parece un pago meramente simbólico y que una situación económica compleja, hubo paranaenses que cometieron infracción y que han hecho el esfuerzo por pagar la multa. el acarreo y el parking, parking que nos parece oneroso».
Ríos retrucó la postura de la oposición con la situación actual del transporte público, cuyo contrato de concesión se firmó durante la gestión del exintendente Sergio Varisco. «Tienen que hacerse cargo de ese contrato de concesión, que agudizó los problemas y dejamos un sistema que no tiene nada que ver con la realidad de los paranaenses».
Darío Báez, del bloque de La Libertad Avanza, informó que su bancada acompaña el proyecto oficial. «Es un beneficio para la sociedad esta ordenanza. Tiene el espíritu libertario, porque reencuentra a miles de personas con su propiedad. Lo vemos bien encaminado», dijo.
Requisitos y monto de multas
La normativa comprende únicamente los vehículos que estén depósito y que no hayan formado parte del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pro. Na.Com) y cuya compactación no se haya llevado a cabo.
La persona que haga el reclamo de devolución debe acreditar la titularidad del vehículo, con la documentación correspondiente, pudiendo presentar también, en su defecto, boleto de compra venta certificado oportunamente por escribano público o factura de la compra del vehículo a nombre de quien lo retira.
En cuanto a las multas, el proyecto establece variantes.
- En el caso de que el titular tenga una única multa por la cual haya sido secuestrado el vehículo, se podrá acceder al “pago voluntario”, aun cuando se encuentre fuera de plazo, que equivale a una suma de $7.500 aproximadamente.
- En el caso de que haya acumulación de multas, al pago voluntario mencionado se sumará la equiparación de tres unidades funcionales por cada infracción.
Es importante aclarar que la condonación es sobre los intereses, los gastos de acarreo y de depósito de los vehículos.
Si la persona no posee, en el momento de querer retirar el moto vehículo, la suma de dinero suficiente, se ofrece la posibilidad de generar un plan de pago por el 20% de entrega sobre el total y seis cuotas.
A los siete días de retirada la moto, la persona deberá acreditar en el Juzgado de Faltas, que el vehículo fue asegurado para culminar el trámite.
Se puede pagar por cualquier medio de pago.
La moto se recibe en las condiciones que se encuentra en el depósito.
La postura del bloque de Juntos
La oposición manifestó su rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo que establece condonar parcialmente multas de motos secuestradas. Explicaron las razones por las que entienden que el nuevo esquema “es injusto” y propusieron una serie de modificaciones que amplía los requisitos para poder recuperar el vehículo retenido.
Los ediles opositores explicaron las razones por las cuales ponen reparos al proyecto y proponen poner en debate una serie de modificaciones. Plantearon cambios en lo que respecta a la opción de pago voluntario por parte de los contribuyentes. En este marco, propusieron que el Juzgado de Faltas determine el monto total de deuda, que se conformará por los importes de los siguientes ítems: multa, acarreo y 30 días de estadía como máximo, siempre con montos vigentes al día de la fecha en que se realice el trámite.
En caso de que se pretenda acceder a una cancelación de contado, “el importe total a abonar equivaldrá al 50 % del monto total de deuda que se establezca”.
Otra de las modificaciones propuestas por el bloque opositor gira en torno a los requisitos que deberán presentar los contribuyentes que soliciten la restitución de sus vehículos. En tal sentido, suman una serie de condiciones: contar con seguro al día, licencia actualizada y casco.
Por otra parte, desde Juntos por Entre Ríos pusieron sobre la mesa un punto que consideran central: en el caso de que el infractor reincida en una falta y ello derive en una nueva retención de motovehículo, ya no podrá hacer uso de los beneficios que determina la ordenanza.
Finalmente, los concejales opositores calificaron como “injusto” el proyecto de ordenanza para con aquellos contribuyentes que hasta el momento tuvieron la predisposición de abonar todo lo que implica una multa de estas características: la infracción, más el acarreo del vehículo y el parking de los días en el que el vehículo estuvo incautado. “Unos hicieron el esfuerzo de pagar todo lo que incluye estos ítems y otros podrán recuperar su moto abonando solo 7.125 pesos. Nos parece que no es justo”.
“Si bien consideramos que es necesario legislar sobre este tema, entendemos que a la iniciativa hay que darle un perfil más cercano a una moratoria que a una condonación a secas”.
“Por ello rechazamos el proyecto de ordenanza y planteamos la necesidad de que se debata en comisión para enriquecer el proyecto y otorgarle una impronta más equitativa”, concluyeron.
