En la Argentina de los últimos años parece haberse instalado una curiosa paradoja moral: después de décadas de convivir con escándalos de corrupción estructural, con redes organizadas para el saqueo del Estado, parte del debate público se concentra hoy en episodios menores que, sin dejar de ser cuestionables, difícilmente puedan compararse con los sistemas de corrupción que marcaron a la política nacional durante décadas.
Digamos lo evidente: si se observan los temas que ocupan la agenda mediática en estos días —el lugar de la esposa de un funcionario en un avión oficial, un vuelo privado a Punta del Este o un mensaje en X (Twitter) vinculado a una criptomoneda— cuesta encontrar allí un daño directo comprobado al Estado o un esquema de apropiación sistemática de fondos públicos.
Eso no significa que todo esté bien ni que la ética pública deba relativizarse. No. La ética debe ser exigente siempre. Pero también debe ser coherente. Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuándo nos volvimos tan puristas?
La memoria corta de la política argentina
La historia política reciente ofrece múltiples ejemplos de cómo la discusión pública ha oscilado entre escándalos menores y otros de magnitud estructural.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, uno de los episodios que ocupó titulares fue la polémica por la importación de pollos congelados en medio de la crisis económica de los años 80. A comienzos de los 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, la prensa dedicó semanas a discutir el llamado “caso del jardinero”, una controversia administrativa menor si se la compara con los escándalos posteriores que sacudirían al país.
Algo similar ocurrió años después con Mauricio Macri, cuando parte del debate político giró durante meses en torno a las empresas de su familia y a las decisiones empresariales de su padre, Franco Macri.
Nada de eso fue irrelevante. Pero tampoco puede ponerse en la misma escala que las estructuras de corrupción que, según múltiples investigaciones judiciales, funcionaron durante años en distintos niveles del Estado.
Cuando la corrupción se vuelve sistema
Los argentinos también hemos sido testigos de otra cosa: organizaciones piramidales de corrupción, donde el saqueo no era un hecho aislado sino un mecanismo de funcionamiento.
Las causas judiciales vinculadas a la obra pública, los sistemas de retornos empresariales o los circuitos de recaudación ilegal que surgieron en investigaciones como la conocida causa de los Cuadernos de las Coimas, revelaron la existencia de redes complejas de funcionarios, empresarios y operadores políticos.
En ese contexto, la figura de Cristina Fernández de Kirchner quedó en el centro de múltiples procesos judiciales, incluido el que culminó con una condena en la causa conocida como Causa Vialidad, vinculada al direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Esos expedientes —independientemente de las interpretaciones políticas que se hagan de ellos— describen mecanismos que implicaban miles de millones de pesos del erario público, redes de empresas y un entramado institucional destinado a sostener el sistema.
Ahí es donde aparece la diferencia de escala.
Ética sí, doble vara no
¿Puede haber corrupción en cualquier gobierno? Sin dudas. El poder siempre genera tentaciones y oportunidades.
Por eso, cuando surge un hecho cuestionable, debe investigarse y, si corresponde, sancionarse. Incluso puede haber responsabilidades políticas que obliguen a una renuncia. La ética pública no es negociable.
Pero confundir un episodio individual con una estructura organizada de saqueo estatal es otra cosa.
No es lo mismo un hecho irregular que un sistema diseñado para apropiarse de recursos públicos durante años.
La sociedad frente al espejo
Hay una reflexión más incómoda aún: la política no surge en el vacío. Es, en gran medida, un reflejo de la sociedad que la produce.
Cuando los argentinos naturalizan pequeñas transgresiones cotidianas —desde eludir reglas hasta justificar ventajas indebidas— terminan creando un clima cultural donde esas conductas también encuentran espacio en la política.
En ese sentido, el problema de la corrupción no es exclusivamente institucional. También es cultural.
El ejemplo del fútbol argentino
Para entenderlo basta mirar otro universo de poder: el fútbol.
La Asociación del Fútbol Argentino suele ser asociada a la figura de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, pero quienes conocen el funcionamiento interno del fútbol argentino saben que el sistema está compuesto por decenas de dirigentes, intereses cruzados y estructuras que trascienden a una sola persona.
El problema no es un nombre propio. Es la lógica de funcionamiento.
Y cuando esa lógica se naturaliza, el riesgo siempre es el mismo: la impunidad.
El verdadero peligro: la impunidad
La diferencia fundamental entre un sistema republicano saludable y uno degradado no es que exista o no corrupción —porque lamentablemente siempre existe— sino si esa corrupción puede ser investigada, juzgada y sancionada.
Cuando el poder político necesita perpetuarse para evitar rendir cuentas, aparece otra deriva peligrosa: el debilitamiento institucional, el avance sobre la Justicia, la persecución a la prensa crítica y, en los casos más extremos, el autoritarismo.
La historia latinoamericana está llena de ejemplos de ese proceso.
Una vara única
Por eso el desafío no es bajar el nivel de exigencia ética. Al contrario: la vara debe mantenerse alta siempre.
Pero debe ser la misma vara para todos.
Porque cuando la indignación se vuelve selectiva, cuando ciertos hechos se exageran mientras otros se minimizan, el debate público deja de ser moral y se convierte simplemente en una herramienta política.
Y en ese terreno, la sociedad termina perdiendo algo mucho más importante que una discusión mediática: pierde la capacidad de distinguir entre un error, un abuso y un sistema organizado de corrupción.
No cambiemos la vara.
Porque cuando se pierde la medida de las cosas, también se pierde la memoria.
Por Alejandro Monzon para Análisis Litoral
