En las últimas horas se ha denunciado que:
• La Carlota, una base militar que alberga sistemas de misiles y activos estratégicos, está siendo utilizada para una feria con civiles, niños y adultos, durante tres días seguidos, incluso hasta altas horas de la madrugada.
• En Petare, dentro de una base policial del DAES (antiguo FAES), se realiza otro evento de distribución de comida, igualmente lleno de civiles y menores.
Esto no es un detalle menor.
Esto es extremadamente grave.
Se están utilizando objetivos militares como escenarios de recreación y asistencia civil. En cualquier estándar internacional —desde el Derecho Internacional Humanitario hasta los manuales básicos de protección civil— esto es una violación directa del principio de distinción: la población no debe mezclarse con instalaciones militares porque los convierte automáticamente en escudos humanos.
Y aquí no hay ingenuidad posible.
Con el nivel de tensión en el Caribe, los movimientos militares en la región y el riesgo de escaladas, cualquier base militar es un blanco prioritario. Meter civiles allí es exponerlos deliberadamente, convertirlos en “carne de cañón” y usar la presencia de niños como blindaje político.
Nada justifica esto.
Ni ferias.
Ni comida.
Ni propaganda.
