La provincia retorna al mercado internacional tras casi 10 años con una primera emisión por 300 millones de dólares. Esto permite refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil del pasivo, mejorando liquidez y previsibilidad para los próximos años.
Este jueves, la provincia de Entre Ríos realizó una exitosa colocación en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de 300 millones de dólares, que se ubica dentro de los límites autorizados por la Legislatura en la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
La estructura del bono tiene una vida promedio de seis años, un cupón anual del 9,55 por ciento con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033.
En términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano americano de similar duración, lo cual representa una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread (en inglés, diferencia entre el precio de compra y el de venta) convalidado en la emisión de 2017.
Asimismo, la operación incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá este viernes.
La emisión internacional tiene como objetivo la refinanciación del título actual, como así también la cancelación de pasivos denominados en pesos, de mayor costo y que presentan vencimientos de corto plazo.
En síntesis, esta estrategia rediseña el perfil global de vencimientos de la provincia, dotándolo de una estructura más armonizada en el tiempo, lo cual permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejoría respecto al perfil heredado por nuestra gestión.
Entre la oportunidad perdida y los deberes no hechos, el debate vuelve a mostrar una falla estructural que atraviesa gobiernos y generaciones dirigenciales.
El planteo que responsabiliza exclusivamente a Javier Milei por la no inclusión de los cítricos dulces en el acuerdo con Estados Unidos omite algo central: este protocolo está técnicamente aprobado desde 2019. No nació ayer, ni depende de una sola firma reciente. Lleva años en el cajón, atravesó distintos gobiernos, cambios de administración en ambos países y negociaciones inconclusas.
Entonces, antes de hablar de traición, conviene hablar de contexto.
Primero: competir no es traicionar. Competir es la regla del comercio internacional. Las empresas que hoy sostienen cupos exportables constantes lo hacen porque durante años aprendieron a jugar en mercados exigentes, incluso en condiciones desfavorables. Invirtieron en calidad, trazabilidad, tecnología, logística y, sobre todo, en fidelización de clientes. No improvisaron cuando el escenario cambió.
Segundo: el argumento de la oportunidad histórica perdida parte de una verdad incompleta. Es cierto que el mercado norteamericano es atractivo y que 20.000 toneladas adicionales podrían haber significado oxígeno para el sector. Pero ningún mercado externo es garantía automática de rentabilidad si la estructura productiva arrastra problemas de competitividad, costos internos elevados, baja escala o dependencia permanente de decisiones estatales.
Tercero: se menciona la falta de lobby sectorial y la amnesia negociadora. Allí aparece el verdadero punto. Si durante años el expediente no avanzó, si no se logró sostener presión institucional y si el sector quedó debilitado en representación nacional, eso no puede explicarse sólo por el actual presidente. Es una falla estructural público-privada acumulada.
Cuarto: el mundo cambió. Las políticas comerciales de Donald Trump endurecieron el escenario global. La defensa de productores locales en Estados Unidos, las tensiones comerciales y la volatilidad macroeconómica argentina no ayudaron. Pretender que un acuerdo bilateral complejo se resuelve con voluntad declamativa es desconocer cómo funciona la diplomacia comercial.
Ahora bien, el punto más incómodo es este: durante años muchos productores apostaron al mercado interno saturado, a la inercia productiva y a un esquema donde el Estado funcionaba como amortiguador permanente. Algunos hicieron los deberes. Otros no. Algunos integraron cadena, innovaron y diversificaron. Otros dejaron la quinta a la buena de Dios.
Competir no es un castigo ideológico. Es una condición del mercado global. Y en ese mundo sobreviven quienes invierten, se adaptan y gestionan con previsión.
Lo que no se dice
El proceso de apertura comenzó durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se destrabó el conflicto del limón argentino con Estados Unidos y se avanzó en auditorías para los cítricos dulces.
En 2019, tras inspecciones sanitarias y certificaciones de empaques, el protocolo quedó técnicamente aprobado.
Durante la presidencia de Alberto Fernández tampoco se concretó la habilitación efectiva, pese a que el comercio bilateral continuó en otros sectores.
El expediente atravesó tres administraciones argentinas y distintos contextos en Washington. Cinco años de letargo no pueden resumirse en una sola firma.
Y otro dato incómodo: el propio sector reconoce que no mueve el amperímetro país. Esa admisión describe una pérdida de peso estratégico que antecede largamente a la actual administración.
Los números que ordenan la discusión
En los últimos 15 años, las exportaciones argentinas de cítricos dulces cayeron entre un 40 y un 50 por ciento. De más de 200.000 toneladas anuales en sus mejores campañas, el volumen se redujo prácticamente a la mitad.
Estados Unidos importa cerca de 500 millones de dólares anuales en frutas frescas. La apertura hubiera representado unas 20.000 toneladas adicionales para Argentina, con un impacto estimado de alrededor de 10 millones de dólares extra.
Para el mercado norteamericano, el ingreso argentino sería marginal. Para el citrus entrerriano, sería relevante.
Pero el problema estructural persiste: altos costos laborales y logísticos, competencia creciente de países como Egipto y Marruecos, concentración empresarial en la cadena y mercado interno saturado.
Las empresas que integraron producción, empaque, comercialización e industria son las que hoy resisten. Eso no es ideología. Es estructura.
Decir que Milei obliga a competir como si eso fuera una anomalía es, en el fondo, reconocer que durante demasiado tiempo no se compitió en serio.
La realidad es más compleja: el protocolo existe desde 2019, hubo años para empujarlo, la representación sectorial reconoce debilidad propia y el problema de competitividad es estructural.
La discusión no debería ser quién traicionó, sino por qué durante tantos años no se consolidó una estrategia exportadora sólida que no dependiera de una sola ventana diplomática.
Porque cuando la competitividad es real, los mercados se abren o se buscan otros.
Estas cinco entidades bancarias ofrecen líneas de préstamo a largo plazo para la adquisición de vivienda no permanente
esde que se relanzó el crédito hipotecarioUVA en abril de 2024, la posibilidad de adquirir una casa propia tomó protagonismo y empezó a ser un tema de conversación recurrente entre los argentinos.
En el mercado donde el ladrillo tiende a ser considerado uno de los refugios de valor más estables y duraderos, la vuelta de los préstamos para la compra de vivienda a largo plazo abrió el abanico para quienes también están pensando en comprar para invertir.
Por lo que, en este contexto, muchos se preguntan si se puede comprar una vivienda no permanente con un crédito hipotecario. La respuesta es sí, pero no todos los bancos tienen esta posibilidad.
Estos son los bancos que hoy ofrecen líneas para segunda vivienda
Banco Nación
La entidad nacional mantiene una línea que admite destino segunda vivienda o propiedades de valor superior a 210.000 UVAs. La tasa para ese segmento es 12% fija más UVA.
Financiahasta el 75% del valor de compra o tasación (el menor de ambos) y el monto máximo prestable es el equivalente en pesos a 260.000 UVAs, con un tope de asistencia que puede llegar hasta 157.000 o 260.000 UVAs según el caso.
El plazo va de 5 a 30 años. Pueden solicitarlo empleados en relación de dependencia, jubilados, autónomos y monotributistas. La edad límite para cancelar es 85 años y permite hasta dos titulares y dos codeudores familiares directos.
Es posible comprar una propiedad como segunda vivienda con crédito hipotecario UVA
BBVA
La entidad financiera ofrece línea para vivienda no permanente, es decir, segunda propiedad. Financia hasta el 80% del valor y no establece un tope nominal de monto: depende de los ingresos del solicitante.
Es crédito en UVA a tasa fija en pesos, con plazo de 5 a 30 años. La tasa es del 15% para clientes que acreditan haberes y del 17% para quienes no y exige ingreso mínimo equivalente a cuatro salarios mínimos para el titular. Por su parte, la edad mínima para iniciar la solicitud es de 18 años y de 75 años la máxima al finalizar el préstamo. El seguro de incendio es obligatorio y se integra en la cuota.
Banco Hipotecario
histórico jugador del mercado inmobiliario, financia hasta $250.000.000, cubriendo hasta el 80% del valor de la vivienda, tanto para primera como segunda. El plazo máximo es de 180 meses (15 años), mientras que la tasa nominal es de 13,90% para clientes con plan sueldo y la relación cuota-ingreso no puede superar el 20%.
ICBC
La línea del banco da hasta $180.000.000 para compra de vivienda de uso no permanente (y hasta $360.000.000 para vivienda principal). En el caso de segunda vivienda, financia hasta el 50% del valor y la tasa es del 12%, y baja al 11% para quienes acreditan sueldo en el banco. El plazo máximo es de 20 años. Exige ingresos mínimos de $1.100.000 y que la cuota no supere el 25% del ingreso.
Banco Supervielle
La entidad financia hasta el 65% tanto para vivienda permanente como no permanente. No fija límite nominal de monto, pero sí condiciones estrictas: plazo máximo 15 años (180 cuotas), tasa UVA + 15% y requisito de ingresos mínimos de $5.000.000 para el titular.
Solo para clientes en relación de dependencia y todos los titulares deben contar con paquete de cuentas en el banco. Se pueden sumar ingresos con cónyuge, concubino o padres. La edad para la solicitud es desde los 18 a los 65 años, con cancelación hasta los 75.
así funcionan muchos videos virales en redes. Se mezclan cifras reales con datos incompletos, se alteran contextos, se usan dólares nominales sin explicar tipo de cambio y se simplifican procesos complejos para construir un relato emocional. No buscan informar: buscan atrapar seguidores ingenuos que no van a chequear una sola cifra. Es tergiversación premeditada disfrazada de “datito”.
Cuando alguien arranca un video tratando de “bruto” al que piensa distinto, no está enseñando economía: está militando números.
Vamos a responderle directo.
Nos dice que Néstor Kirchner dejó el país con “4 mil millones de deuda”. Falso. La deuda fue reestructurada después del default de 2001. No desapareció. Se cambió por nuevos bonos. Bajó en términos relativos porque el PBI rebotó tras la peor crisis de la historia y porque la soja estaba en niveles récord. No fue magia: fue contexto internacional excepcional. Observación: crecer después de una depresión histórica no es un milagro, es rebote técnico.
Decís que Cristina Fernández de Kirchner dejó “cero deuda”. Falso. Dejó default técnico en 2014, cepo cambiario, reservas netas negativas, déficit fiscal crónico y juicios abiertos. Y dejó un sistema de subsidios energéticos impagable que hoy seguimos corrigiendo. Observación: si el país estaba “desendeudado”, ¿por qué no podía financiarse en los mercados internacionales?
Decís que Mauricio Macri “se la llevó toda”. Tomó deuda, sí. Porque heredó déficit fiscal y aislamiento financiero. Se puede criticar su gradualismo. Lo que no se puede es inventar enriquecimiento sin condenas judiciales equivalentes a las que sí existen en causas de obra pública direccionada. Observación: la deuda no empieza en 2015; el déficit tampoco.
Nos quiere decir que Alberto Fernández “no pidió deuda”. Falso. Reestructuró pasivos, firmó nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y emitió pesos a niveles récord. La inflación pasó a tres dígitos. Las reservas se agotaron. El PBI en dólares “subía” porque el dólar oficial estaba artificialmente atrasado. Cuando se sinceró, el número cayó. Observación: PBI en dólares con tipo de cambio ficticio no es crecimiento real, es contabilidad política.
Decís que Javier Milei en dos años llevó la deuda a cifras descomunales. La deuda argentina es acumulativa desde 2001. Incluye pasivos del Banco Central generados por años de emisión para financiar política, subsidios y déficit estructural. No nació en 2023. Observación: confundir deuda bruta, deuda neta y pasivos monetarios es desinformar.
Ahora hablemos de lo que tu video omite deliberadamente: juicio internacional por YPF, sobreprecios en obra pública, esquemas de retornos, subsidios energéticos sin respaldo, INDEC intervenido, cepo prolongado y emisión crónica para sostener gasto político. Cada peso de sobreprecio fue financiado con impuestos, inflación o deuda. Eso lo estamos pagando hoy en tarifas, en ajuste fiscal, en pérdida de poder adquisitivo y en menor crédito internacional.
No es un debate de hinchadas. Es matemática fiscal.
Argentina no se deterioró en cuatro años. Se desgastó durante dos décadas de déficit estructural, distorsiones energéticas, uso partidario del Estado y corrupción con condenas judiciales.
La deuda financiera es visible. La deuda institucional y productiva es más profunda. Y esa, lamentablemente, la vamos a pagar varias generaciones.
La próxima vez que quieras explicar economía, empezá sin insultar. Cuando el argumento es sólido, no necesita agresión.
En base a los datos oficiales del Banco Central (BCRA), el deterioro golpea con mayor crudeza a los hogares: mientras que el ratio de irregularidad en las empresas se ubicó en un moderado 2,5%, la mora en los préstamos a las personas físicas trepó al 9,3%
La irregularidad en el pago de créditos al sector privado volvió a encender las alertas del sistema financiero tras cerrar el 2025 con un índice general de morosidad del 5,5%, confirmando una tendencia ascendente sostenida.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas en base a los datos oficiales del Banco Central (BCRA), el deterioro es asimétrico y golpea con mayor crudeza a los hogares: mientras que el ratio de irregularidad en las empresas se ubicó en un moderado 2,5%, la mora en los préstamos a las personas físicas trepó al 9,3%.
El impacto en las familias y el consumo
El aumento de los problemas para afrontar los compromisos financieros está impulsado principalmente por el retraso en el pago de créditos personales y prendarios. A lo largo del año pasado, el financiamiento a las familias ganó un fuerte peso dentro del balance de los bancos, pero esa misma expansión elevó significativamente la exposición al riesgo.
-Causas del ahogo: El impacto de las tasas de interés aún elevadas, la inflación y la falta de una recomposición sólida de los salarios presionan fuertemente sobre la capacidad de pago de los trabajadores.
-Crecimiento real: Pese a la mora, el crédito al sector privado creció con fuerza, registrando un salto del 36,9% en términos reales (combinando pesos y dólares).
Si bien los especialistas del BCRA señalan que el nivel de mora dentro de las entidades bancarias tradicionales todavía se ubica por debajo de los picos observados en grandes crisis anteriores, el panorama cambia drásticamente fuera del circuito formal.
En las entidades no bancarias (como cooperativas, mutuales o financieras de crédito para el consumo), la situación reviste una gravedad mayor: el índice de irregularidad en los pagos alcanza un alarmante 22,8%, afectando a los sectores más vulnerables de la población que no acceden al sistema bancarizado.
Esta suba en la morosidad se da en el marco de un profundo cambio de época para los balances de los bancos, impulsado por la gestión económica de Javier Milei.
Actualmente, el crédito a empresas y familias pasó a representar el 43,9% del activo total de las entidades financieras, desplazando al financiamiento al sector público (Leliqs, pases y bonos del Tesoro), que había sido la principal vía de rentabilidad del sistema durante el gobierno de Alberto Fernández.
Hay momentos en la historia de un país en los que el debate público deja de ser técnico para convertirse en una radiografía cultural. El actual choque alrededor de la reforma laboral en Argentina es uno de esos casos: no se discuten sólo artículos de ley, sino la forma en que una sociedad interpreta —o se resiste a interpretar— que el mundo productivo ya no es el mismo.
El gobierno de Javier Milei impulsa cambios que, según su narrativa, buscan adaptar el sistema laboral a una economía global dinámica, tecnológica y competitiva. Del otro lado, sindicatos, sectores del peronismo y organizaciones sociales denuncian una avanzada sobre derechos históricos. La tensión no es nueva, pero el contexto sí lo es. Lo que está en discusión no es únicamente un paquete de normas, sino la concepción misma del trabajo, la inversión y el riesgo en una economía que dejó atrás las lógicas de mediados del siglo pasado.
Gran parte del régimen laboral argentino tiene raíces conceptuales en el modelo de industrialización y protección social impulsado por Juan Domingo Perón, cuando el empleo formal, estable y de largo plazo era la norma. Ese esquema funcionaba en una economía relativamente cerrada, con sindicatos fuertes y una estructura productiva más previsible. Hoy el escenario es radicalmente distinto: globalización, automatización, trabajo remoto, economía de plataformas y cadenas productivas fragmentadas. En ese marco, sectores empresariales y economistas sostienen que la rigidez normativa, el alto costo de contratación y la litigiosidad desalientan la creación de empleo formal, especialmente en pymes.
El argumento central a favor de la reforma es que sin previsibilidad laboral no hay inversión sostenida, y sin inversión no hay crecimiento genuino del empleo. No se trata —según esta mirada— de eliminar derechos, sino de rediseñar incentivos para que contratar deje de ser percibido como un riesgo estructural. Aquí aparece un punto incómodo que rara vez se explicita: buena parte del debate está atravesado por experiencias vitales muy distintas. Muchos actores que han encontrado, con genuina vocación de ayudar al prójimo, una salida laboral dentro del Estado, han construido allí una carrera estable que rara vez los expuso al riesgo empresario. En contraste, quien levanta una pyme, un comercio o un pequeño emprendimiento sabe que una indemnización mal dimensionada puede significar perder en meses lo que llevó años construir como fuente de ingresos. No se trata de negar derechos, sino de reconocer que el sistema impacta de manera muy diferente según el lugar que cada uno ocupa en la estructura productiva.
El debate laboral tampoco puede separarse de una discusión más amplia: la incapacidad crónica de Argentina para consolidar reglas económicas estables. Durante los ciclos de gobiernos asociados al peronismo kirchnerista —con figuras centrales como Cristina Fernández de Kirchner— el país alternó crecimiento coyuntural con crisis recurrentes, inflación persistente y conflictos con el sector privado. Los críticos de ese período sostienen que la combinación de alta presión fiscal, intervencionismo y desconfianza institucional generó un clima poco atractivo para inversiones de largo plazo. Desde esta óptica, la legislación laboral sería parte de un ecosistema más amplio que, en lugar de promover formalidad, terminó conviviendo con altos niveles de empleo informal.
El punto clave es que ninguna ley laboral opera en el vacío: la inversión no depende sólo de normas de contratación, sino de estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y credibilidad política. Reducir la discusión a “flexibilización sí o no” simplifica un problema estructural que excede largamente a cualquier gobierno de turno.
La oposición sindical —con la Confederación General del Trabajo como actor central— interpreta la reforma como un retroceso que puede precarizar condiciones laborales y debilitar la negociación colectiva. Para este sector, la historia argentina demuestra que los períodos de flexibilización suelen trasladar el costo del ajuste al trabajador. La resistencia, por lo tanto, no es sólo jurídica o económica: es cultural. El sindicalismo argentino se constituyó como un actor de poder que asocia derechos laborales con identidad política, por lo que cualquier intento de reforma se lee como una disputa por el modelo de país.
Mientras tanto, la realidad muestra tensiones difíciles de ignorar: Argentina mantiene altos niveles de informalidad laboral, millones de trabajadores quedan fuera de cualquier protección efectiva y el costo de la rigidez muchas veces recae en quienes directamente no logran ingresar al empleo formal. Sin crecimiento sostenido, cualquier esquema de protección termina financiándose con emisión, deuda o presión impositiva. La pregunta que subyace es si el sistema actual protege a la mayoría o si, en los hechos, consolida privilegios de quienes ya están dentro.
La reforma laboral en debate es, en el fondo, un síntoma de algo mayor: la tensión entre un país que necesita integrarse a dinámicas productivas modernas y una cultura política que teme que ese proceso implique pérdida de derechos. Ni la reforma por sí sola atraerá inversiones de manera automática, ni la defensa del statu quo resolverá la informalidad estructural. La experiencia comparada sugiere que el empleo crece donde conviven reglas claras, estabilidad macroeconómica y marcos laborales que protegen sin asfixiar.
Negar que el mundo cambió no detiene el cambio. Pero asumirlo sin discutir sus consecuencias sociales tampoco garantiza progreso. Argentina enfrenta una decisión que no es sólo técnica: es política, cultural y moral. La verdadera cuestión no es si reformar o no reformar, sino cómo construir un sistema que genere empleo real, inversión sostenida y protección efectiva, sin repetir ciclos de promesas que nunca logran estabilizar el país. Esa respuesta exige algo más difícil que la confrontación: memoria histórica, comprensión de las distintas realidades productivas y voluntad de interpretar el presente sin negar la experiencia del pasado.
Bajo la fachada de precios bajos, toneladas de ropa de descarte de Estados Unidos y China viajan por el mundo en busca de un nuevo uso. En Argentina ingresan principalmente a Jujuy desde Chile. Los riesgos para la industria local, la salud y el ambiente.
Ni ropa usada, ni de segunda mano, ni outlet. Ni economía circular, ni solidaria. Por cielo, agua y tierra se distribuyen a distintos países ropa de descarte de la industria del ultra fast fashion, esa que se cose rápido y se vende barato para abastecer a un mercado que busca estar “a la última moda” de una moda que cambia frenéticamente. Prendas, muchas veces en muy mal estado y desgastadas, que pasaron de temporada y que sin poder regresar al circuito comercial en sus lugares de origen –principalmente Estados Unidos, Europa, China o Turquía–, alimentan verdaderos cementerios de tela en otras latitudes. En Argentina, caen en Jujuy, principalmente desde Chile.
Los “fardos” preocupan no sólo por el impacto económico en las pymes del sector, sino también por la contaminación ambiental y las enfermedades que pueden instalarse en territorio argentino. La Fundación ProTejer, organización sin fines de lucro cuya misión es asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agro-industrial textil y de confecciones de la República Argentina, que actualmente junta firmas en la plataforma Change.org para impedir la importación de ropa usada, recordó que ésta era una práctica prohibida en la Argentina hasta 2022, por cuestiones de salud pública, higiene y seguridad de productos, y para resguardar la producción local. Sin embargo, según datos de la misma Fundación, aumentó a octubre de 2025, un 26.538% interanual.
“El fast fashion produce cada vez más y más rápido. Los países que consumen este modelo ya no saben qué hacer con los excedentes porque gran parte de esas prendas son de fibra sintética y de políester, justamente las que no se pueden reciclar, y si se queman, liberan gases tóxicos”, explicó Luna Rey Cano, antropóloga y fotógrafa.
Como no se puede destruir ni procesar o transformar, esa ropa viaja por cielo, tierra y agua a otros países. Argentina es actualmente uno de los pocos que permite el ingreso de esta indumentaria de descarte; tal es así, que en sólo un año, según señaló Rey Cano, “el 11% de todas las importaciones de ropa” llegaron bajo esta nueva modalidad. Y ni siquiera en buen estado: los fardos arrastran prendas rotas, manchadas o de muy mala calidad que terminan en basureros locales o en percheros de oferta sin trazabilidad. “Lo barato para algunos termina siendo caro para todos”, advirtió.
Hay, al menos, tres cuestiones en torno a esta práctica que preocupan a analistas, profesionales y textiles: los bajos precios que perjudican a la industria local; la toxicidad de las prendas; y el daño ambiental.
De acuerdo a ProTejer, un fardo de ropa, que puede pesar de 20 a 45 kilos e incluye prendas y accesorios para todos los géneros y edades, ronda entre 150 y 500 dólares más IVA, lo que afecta de forma directa la competitividad local y las ventas en un contexto donde 7 de cada 10 máquinas de coser están paradas, hay 16 mil empleos formales menos que hace dos años y las fábricas textiles trabajan al 29% de su capacidad.
Otro eje es el sanitario. Las prendas viajan miles de kilómetros envueltas en plástico y rociadas con químicos que desprenden no sólo un olor característico, sino que suponen riesgos para la salud de quienes reciben los fardos, seleccionan la ropa o la visten. Al no pasar por ningún control, pueden arrastrar hongos o bacterias.
Finalmente, el daño ambiental. Si de por sí ya es bastante impactante ver imágenes de basureros textiles a cielo abierto en países vecinos donde miles de personas escarban para seleccionar prendas que serán vendidas y compradas por otros, más impactante es saber – gracias a un estudio difundido por la Organización de las Naciones Unidas – el mal que ocasionan: la producción masiva de ropa es responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global, genera el 8% de los gases de efecto invernadero y es la industria que más emite carbono. Sus restos encimados desprenden contaminantes al aire y las napas de agua subterráneas propias del ecosistema.
“Es el fin de la moda como la conocemos”
Hace once años, Li Edelkoort, investigadora holandesa experta en tendencias, escribió el Manifiesto Anti-Fashion y causó un gran revuelo porque no sólo cuestionó los cimientos de la producción de moda sino también el modelo social de consumirla. En su análisis, la especialista detalla la ruptura de la industria y brinda – desde su recorrido y experiencia – posibles soluciones.
. Los desperdicios del Fast Fashion (EFE)
“Es el fin de la moda como la conocemos”, se lee en una parte del texto que recorrió el mundo y más de una década después, sus palabras vuelven a cobrar sentido porque Edelkoort en realidad, estaba advirtió el presente: falta de innovación conceptual en los diseños, exceso de marketing, condiciones laborales degradadas para crear más prendas que sean amigables al bolsillo pero no resistan más que una temporada y el impacto ambiental como consecuencia.
¿Es posible revertir la forma de crear tendencias? ¿Cómo se trabaja en los talleres locales? ¿A qué tiempos responden sus creaciones? ¿Se piensa en un futuro más sustentable y menos efímero? ¿Cómo es el detrás de escena de una nueva colección?
Se prolongó la estabilidad cambiaria y la divisa mayorista se acercó a $1.400. Las acciones recuperaron impulso, aunque el riesgo país experimentó una leve suba
El verano financiero viene acompañado de ciertas anomalías que los inversores procuran asimilar para su confección eficientes de carteras. Un dólar ofrecido continuó pronunciado la tendencia bajista, a la vez que las acciones y los bonos buscan reencontrar un rumbo positivo, que intermitentemente se les viene negando mientras los índices de Wall Street permanecen cerca de máximos.
No fue bueno el dato del IPC del Indec, tras la polémica por la postergación del cambio en la metodología que llevó a la renuncia de marco Lavagna. La inflación de enero fue de 2,9%, la más alta desde marzo de 2025 (3,7%), en un proceso de crecimiento que encadenó prácticamente nueve meses desde el 1,5% de mayo del año pasado. Asimismo, se trató del cuarto mes consecutivo con aumento de la inflación interanual, ahora en el 32,4 por ciento.
El índice accionario S&P Merval ganó un 2,8% en pesos para ubicarse en los 3.060.605 puntos, mientras que los bonos soberanos arrojaban una ligera tendencia alcista de 0,1% en promedio, con un riesgo país que subió 3 unidades a los 507 puntos básicos. Tras la volatilidad de las últimas jornadas, las acciones líderes mostraron resultados mayoritariamente positivos, con Transportadora de Gas del Norte liderando (5,7%), seguida de Pampa Energía (4,2%), Grupo Galicia (4,2%) y Banco Supervielle (3,9%). Algo similar ocurrió con los ADR argentinos que cotizan en Wall Street, que exhibieron subas de hasta 3,1% como en el caso de Pampa.
Dólar 2025 y bandas de flotación – Infogram
Lo más positivo del día pasó otra vez por el dólar, que volvió a acentuar la tendencia a la baja de las últimas semanas, en un marco casi óptimo para que el Banco Central continúe con sus compras diarias de contado, en medio de un sostenido volumen de oferta privada.
El dólar mayorista recortó diez pesos o 0,7% este martes, a $1.406 para la venta, luego de tocar un mínimo en el día en $1.401, precio que no se daba desde el 18 de noviembre ($1.400), casi tres meses atrás.
El Banco Central fijó en $1.580,27 el techo de las bandas cambiarias, lo que dejó al dólar mayorista a 174,27 pesos o 12,4% del límite superior de libre flotación. No se registraba una distancia tan amplia desde hace casi seis meses, en el 12,5% del 20 de agosto último.
“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 26 pesos, muy lejos de la caída de un peso registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
El dólar al público restó 15 pesos o un 1% en su precio de venta, a $1.425 en la ventanilla del Banco Nación. El dólar minorista cae 55 pesos o 3,7% en 2026, mientras que el mayorista recorta 49 pesos o 3,4% en el breve recorrido del año.
El precio del dólar blue recortó otros cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El blue se viene desplomando 105 pesos o 6,9% en 2026.
Con la instrumentación de la ley bautizada como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno busca incrementar los depósitos en dólares en base a sumas no declaradas previamente, con la idea de que la medida ayude a reactivar la economía.
El informe más reciente sobre Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC, correspondiente al cierre del tercer trimestre de 2025, mostró que los residentes en Argentina poseían USD 251.210 millones en efectivo. De ese total, solo USD 31.389 millones se encontraban como depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema financiero nacional.
Esto refleja que, en el contexto de una marcada dolarización de carteras previa a las elecciones legislativas de octubre, alrededor de USD 219.821 millones en billetes estaban fuera del circuito bancario argentino.
En ese contexto, el ministro Luis Caputo convocó a los ahorristas: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, en una arenga que buscó reforzar la confianza en el nuevo marco legal. “Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico; podríamos bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”, afirmó el jefe del palacio de Hacienda.
Por otra parte, el BCRA absorbió USD 42 millones por su participación cambiaria, el 8,3% de la oferta, que superó los 500 millones en el día. En tanto, las reservas internacionales brutas restaron USD 91 millones, a USD 45.232 millones, afectadas por la caída del precio del oro (-0,6%, a USD 5.049,60 la onza).
“En 2026 se estará testeando la capacidad del programa económico para compaginar satisfactoriamente el ‘trilema’ de incrementar las reservas del Banco Central, retomar el proceso de desinflación, que se interrumpió desde setiembre pasado, en simultáneo con la superación del estancamiento del nivel de actividad, que lleva tres trimestres consecutivos y amenaza con extenderse a este primer trimestre de 2026″, indicó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Mientras el debate político argentino vuelve a girar —como tantas veces— alrededor del endeudamiento externo, una imagen resume con crudeza lo que el discurso suele maquillar: la deuda pública no es patrimonio de un solo signo político, pero sí tiene responsables claros según los períodos de gobierno.
El gráfico difundido, elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y el Banco Central (fuente: Econométrica), muestra la evolución del stock de deuda pública nacional entre 2001 y 2025, expresada en miles de millones de dólares. Y los números hablan por sí solos.
En 2001, la deuda se ubicaba en torno a los USD 144.000 millones. Para 2023, tras más de dos décadas atravesadas mayormente por gobiernos peronistas, el stock trepó hasta los USD 529.000 millones, lo que implica un aumento de USD 385.000 millones. Una cifra difícil de relativizar, incluso para los defensores más entusiastas del “desendeudamiento” discursivo.
Durante el período de Cambiemos, el incremento fue considerable pero menor en términos comparativos: USD 61.000 millones, en un contexto de déficit heredado, atraso tarifario, default selectivo y un Estado sin financiamiento genuino. Aun así, ese endeudamiento fue —y sigue siendo— uno de los ejes centrales de la crítica política.
El dato que rompe el tablero aparece al final del gráfico: La Libertad Avanza, con una variación negativa de USD 47.000 millones proyectada a diciembre de 2025. Es decir, una reducción del stock de deuda, algo inédito en un país acostumbrado a patear obligaciones hacia adelante y socializar costos futuros.
Lo que no se dice
El problema de fondo no es solo cuánto se debe, sino para qué se endeudó el país. Porque mientras el relato insistía en soberanía económica, industrialización y justicia social, los números muestran un crecimiento explosivo de la deuda sin correlato visible en infraestructura, desarrollo productivo o mejora estructural de la calidad de vida.
La deuda no se fue en rutas, puertos o energía. Se fue, en gran medida, en gasto corriente, subsidios mal direccionados, corrupción estructural y un Estado elefantiásico que nunca rindió cuentas.
Memoria política vs. amnesia selectiva
La imagen incomoda porque obliga a recordar. Y en Argentina, la memoria suele ser selectiva. Se demoniza un período y se romantiza otro, aun cuando los números desmientan el relato.
La discusión de la deuda no puede seguir siendo ideológica ni sentimental. Es matemática, histórica y concreta. Y cada dólar que hoy se debe es una decisión política tomada ayer.
La pregunta, entonces, no es quién se endeudó más en el discurso, sino quién dejó el país en mejores condiciones para pagar sin condenar a las próximas generaciones.
Y esa respuesta —aunque moleste— empieza a quedar cada vez más clara.
La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no es un hecho menor ni meramente administrativo. En un contexto de reconfiguración profunda del Estado y de redefinición del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei, la salida del funcionario abre un interrogante central: quién y con qué credibilidad deberá conducir el organismo estadístico más sensible del país.
Lavagna presentó este lunes su dimisión, comunicándola internamente al personal del organismo. Su alejamiento se produce poco después de la puesta en marcha de la nueva canasta de consumo para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzó a aplicarse este mes y tendrá su primer impacto visible con el dato de inflación de enero.
Designado en diciembre de 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández, Lavagna logró sostenerse en el cargo tras el cambio de signo político en diciembre de 2023, gracias a un perfil técnico que le permitió atravesar gobiernos sin quedar atrapado en la disputa partidaria. Sin embargo, su origen político —ligado al massismo y al peronismo no kirchnerista— nunca dejó de ser un dato relevante, especialmente en una etapa donde la confianza en las estadísticas oficiales es un activo tan valioso como frágil.
La continuidad del INDEC bajo la administración Milei requiere algo más que prolijidad técnica. Exige una conducción que no solo garantice transparencia metodológica, sino que además sea percibida por la sociedad, los mercados y los organismos internacionales como plenamente independiente de las prácticas que durante años erosionaron la credibilidad del sistema estadístico argentino.
En su carta de despedida, Lavagna destacó los avances logrados durante su gestión y el compromiso del equipo técnico del organismo. Señaló la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema estadístico nacional y valoró a los trabajadores como el principal activo del INDEC. No explicitó los motivos de su renuncia, aunque desde sectores sindicales la vinculan al congelamiento salarial y a la creciente dificultad para retener cuadros técnicos en la administración pública.
La salida de Lavagna se suma a una serie de renuncias relevantes dentro del organismo. En 2025 dejaron sus cargos Georgina Giglio, directora de Índices de Precios al Consumo, y Guillermo Manzano, responsable de Estadísticas de Condiciones de Vida y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este escenario refuerza una preocupación estructural: sin salarios competitivos ni horizonte institucional claro, el riesgo de vaciamiento técnico es real.
Mientras tanto, el subdirector Pedro Ignacio Lines quedó a cargo de manera interina. Pero la discusión de fondo no pasa por la transición, sino por la definición política que deberá tomar el Gobierno nacional. El próximo titular del INDEC deberá reunir condiciones innegociables: solvencia técnica, trayectoria verificable, independencia real y sintonía con el proceso de sinceramiento económico que impulsa la actual gestión.
La reciente actualización de la canasta del IPC —basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018— es una muestra de los desafíos que enfrenta el organismo. La nueva metodología incrementa el peso de servicios como tarifas, transporte, comunicaciones y educación, reflejando de manera más fiel el consumo real de los hogares. Esto implica, también, asumir el costo político de mostrar una inflación potencialmente más alta cuando los servicios aumentan, algo incompatible con cualquier intento de manipulación estadística.
Justamente por eso, el INDEC se convierte en una pieza estratégica del nuevo esquema económico. No para maquillar números, sino para consolidar un diagnóstico crudo pero honesto de la realidad. Sin estadísticas creíbles no hay reforma posible, ni programa económico sostenible.
La renuncia de Lavagna cierra una etapa de transición. Lo que viene será decisivo. El Gobierno de Javier Milei tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de nombrar a un director del INDEC que marque un quiebre definitivo con el pasado, refuerce la confianza pública y acompañe, con datos reales, el rumbo de transformación que la Argentina discute.
El desafío no es menor: sin credibilidad estadística, no hay verdad económica; y sin verdad, no hay futuro.
