En un suceso que subraya el compromiso de la actual administración con la transparencia y la legalidad, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, ha ordenado la inmediata separación de sus funciones a Alberto Aquiles Ocampo, un funcionario de la Subsecretaría de Servicios Públicos. La decisión fue tomada luego de que Ocampo fuera detenido en un allanamiento judicial en su domicilio.
Detalles del Allanamiento y la Detención
El procedimiento policial, llevado a cabo en la residencia de Ocampo, se originó a raíz de una denuncia por coacción. A medida que la investigación avanzaba, los agentes encontraron en la vivienda diversos elementos que sugieren la venta de estupefacientes. La gravedad de estos hallazgos llevó a la detención no solo de Ocampo, sino también de su pareja y su hijo, quienes se encontraban en el lugar al momento del operativo.
Este tipo de acciones judiciales, que parten de denuncias específicas y se amplían a otros delitos, demuestran la complejidad y seriedad de los cargos que se le imputan al ahora exfuncionario. El hallazgo de drogas en el domicilio de un empleado público añade una capa adicional de gravedad al caso, lo que justifica la rápida y enérgica respuesta del gobierno municipal.
La Postura de la Municipalidad: Tolerancia Cero
Ante esta situación, el intendente Azcué emitió un decreto formalizando la separación de Ocampo de su cargo. En un comunicado contundente, Azcué fue enfático al declarar que su gestión no tolerará ningún acto que viole la ley. “En esta gestión no se van a tolerar incumplimientos de la ley. No habrá ningún tipo de contemplación, ni beneficios. La Justicia debe actuar con total libertad”, afirmó.
Esta declaración es un claro mensaje a la ciudadanía y a los empleados municipales: la administración actual está firmemente comprometida con la ética pública y la lucha contra la corrupción. La rapidez de la decisión de separar a Ocampo busca preservar la imagen y la integridad de la institución, asegurando que cualquier investigación judicial pueda proceder sin la más mínima interferencia o cuestionamiento sobre la influencia política.
Desde la Municipalidad, se subraya que esta medida no es una condena, sino una acción preventiva para garantizar la transparencia del proceso. La separación del cargo permite que la Justicia trabaje sin presiones ni condicionamientos, reforzando la confianza pública en que no se encubrirán delitos, sin importar quién sea el implicado. La premisa es clara: los funcionarios públicos deben ser los primeros en dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley.
