El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, ya se encuentran alojados en la Unidad Penal El Potrero de Gualeguaychú, luego de ser trasladados durante la madrugada desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná. El movimiento comenzó alrededor de las 4.30 y concluyó a las 8.16, cuando los tres condenados ingresaron al establecimiento penitenciario del sur entrerriano bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.
El traslado representa algo más que un cambio de establecimiento. Después de años de recursos, apelaciones y planteos judiciales, las condenas impuestas en el denominado Megajuicio por corrupción comenzaron finalmente a cumplirse de manera efectiva.
Urribarri, Báez y Aguilera habían sido detenidos días atrás luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exgobernador. La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejó firme la sentencia y despejó el último obstáculo para la ejecución de las penas.
La resolución de la Corte cerró así un recorrido judicial que se había iniciado con la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná del 7 de abril de 2022.
Ocho años para Urribarri y seis años y medio para Báez y Aguilera
En aquella sentencia, Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Pedro Báez recibió una pena de seis años y seis meses de prisión, mientras que Juan Pablo Aguilera fue condenado a una pena de igual duración.
La investigación había reunido 13 imputados y abarcó cinco hechos considerados centrales por la acusación. Entre ellos estuvieron las contrataciones de publicidad oficial, el manejo del negocio de cartelería estatal y la denominada causa del “Sueño Entrerriano”.
Uno de los elementos de mayor relevancia para la investigación surgió a partir de información encontrada en un disco extraíble durante uno de los allanamientos. Ese material permitió reconstruir parte del entramado investigado por el Ministerio Público Fiscal y terminó adquiriendo un peso significativo dentro de la acusación.
La Justicia determinó que durante la gestión de Urribarri se produjo un direccionamiento de contrataciones de publicidad estatal que, de acuerdo con la sentencia, terminó beneficiando a personas vinculadas al esquema investigado.
Más de cuatro años después, la sentencia empieza a cumplirse
La condena de abril de 2022 no significó el final del proceso. Por el contrario, comenzó entonces un extenso recorrido por las distintas instancias de revisión.
La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la sentencia el 31 de mayo de 2024. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, rechazó una impugnación extraordinaria de las defensas, lo que llevó el expediente hasta la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
En el caso de Báez, el propio Superior Tribunal dejó establecido que su defensa no había presentado recurso contra la decisión de Casación, por lo que su condena había quedado firme con anterioridad a la de Urribarri y Aguilera.
En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ habilitó a Urribarri a llevar su reclamo ante la Corte Suprema. Ese último intento terminó esta semana con el rechazo del máximo tribunal.
A partir de entonces, ya no quedaron instancias ordinarias que pudieran impedir la ejecución de las penas.
Del despacho de gobernador a una celda
El caso tiene además una dimensión política que excede el expediente judicial.
Sergio Urribarri gobernó Entre Ríos durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015. Durante esos años construyó una fuerte relación con el kirchnerismo nacional y llegó incluso a posicionarse como uno de los dirigentes que buscaban integrar la fórmula presidencial del oficialismo en 2015.
Ahora cumple una condena de ocho años de prisión.
El recorrido que llevó al exgobernador desde la máxima posición institucional de la provincia hasta una unidad penitenciaria constituye uno de los episodios judiciales de mayor impacto político de la historia reciente de Entre Ríos.
Su ingreso efectivo a prisión también adquiere una dimensión nacional: Urribarri se convirtió en el primer gobernador argentino en ingresar a una cárcel para cumplir una condena firme por hechos de corrupción cometidos durante su gestión.
El traslado a Gualeguaychú y una nueva etapa
Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena, Urribarri fue detenido en su domicilio de Concordia y trasladado a Paraná, donde quedó alojado transitoriamente en la Unidad Penal N° 1 junto con Báez y Aguilera.
La defensa del exgobernador había solicitado que cumpliera la pena bajo prisión domiciliaria y con monitoreo electrónico, planteo que no prosperó.
Ahora los tres fueron trasladados a Gualeguaychú, donde continuarán cumpliendo las penas impuestas por la Justicia.
El dato central ya no está en los recursos que podían presentar ni en las instancias que todavía quedaban por recorrer. El escenario cambió.
Después de más de cuatro años desde la sentencia de primera instancia, el Megajuicio por corrupción dejó definitivamente atrás la etapa de las apelaciones y entró en la etapa más concreta de todas: la del cumplimiento efectivo de las condenas.
Redaccion: Análisis Litoral
