La decisión judicial que suspendió durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política y abrió un nuevo frente de conflicto entre el oficialismo y la Justicia bonaerense.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien resolvió suspender la aplicación de la nueva normativa.
La medida generó fuertes cuestionamientos desde el oficialismo, que considera que la resolución judicial bloquea una herramienta legislativa aprobada democráticamente y reclamada, según sus dirigentes, por amplios sectores de la sociedad frente al problema de la delincuencia juvenil.
El espacio oficialista, encabezado en la provincia por Sebastián Pareja, junto con sus equipos técnicos y legislativos, trabaja en la presentación formal del pedido de destitución.
Pareja cuestionó duramente la actuación de la magistrada y sostuvo que se trata de una decisión que responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, afirmó el dirigente.
El dirigente oficialista también sostuvo que la magistrada intenta frenar una ley votada por el Congreso para responder a una problemática que la sociedad reclama resolver.
A la ofensiva política se sumó además una denuncia penal impulsada por la asociación civil Usina de Justicia, que acusa a la jueza de presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El argumento de la infraestructura
Uno de los puntos centrales de la resolución judicial fue la supuesta falta de infraestructura adecuada en los centros de detención para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
El fallo hizo lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y, a partir de ese planteo, suspendió durante 60 días la aplicación de la reducción de la edad de imputabilidad.
La decisión provocó una fuerte controversia política y social. Desde el oficialismo cuestionaron que las condiciones de alojamiento de los futuros detenidos sean utilizadas como argumento para impedir la aplicación de una normativa que consideran necesaria para enfrentar la inseguridad.
El conflicto vuelve a colocar en el centro del debate una discusión que excede el caso particular de la jueza Pascual: cuál debe ser el límite entre las facultades del Poder Judicial y las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo en materia de seguridad y régimen penal juvenil.
Un nuevo choque entre el Gobierno y la Justicia
El pedido de juicio político coloca ahora a la magistrada frente a un proceso que podría terminar siendo analizado por los organismos correspondientes de la Justicia bonaerense.
Desde La Libertad Avanza plantearon que el caso debe marcar un límite frente a decisiones judiciales que, según su interpretación, terminan obstaculizando políticas impulsadas mediante leyes aprobadas por los representantes elegidos por la ciudadanía.
La disputa también vuelve a poner sobre la mesa el enfrentamiento entre las posiciones más garantistas del sistema penal y quienes reclaman una política de seguridad más estricta frente al delito cometido por menores.
Para el oficialismo, la discusión ya no pasa solamente por la edad de imputabilidad. El verdadero debate, sostienen, es hasta dónde puede avanzar un juez para suspender la aplicación de una ley y qué responsabilidades deben asumir los magistrados cuando sus decisiones generan un conflicto con una política pública aprobada por el Congreso.
El caso de Marta Elba Pascual promete así convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre seguridad, Justicia y política en la provincia de Buenos Aires.
