Por primera vez en años, la Justicia entrerriana parece animarse a mirar hacia lo más alto de la pirámide del poder. La apertura de la segunda etapa de la causa conocida como “Contratos Truchos” no representa solamente un movimiento procesal: es, sobre todo, una deuda institucional con una sociedad que durante más de una década vio evaporarse 53 millones de dólares de fondos públicos mientras los responsables políticos continuaban transitando los pasillos del poder.
La noticia sacudió este miércoles por la noche a los despachos más influyentes de Entre Ríos. Tras años de dilaciones, el Ministerio Público Fiscal —bajo la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro— formalizó lo que distintos sectores de la sociedad venían reclamando desde hace tiempo: el inicio de la investigación conocida como “Contratos Truchos II”.
Y esta vez el foco ya no está solamente en los engranajes operativos del fraude.
La lupa apunta más arriba.
Mucho más arriba.
De los “recaudadores” a la responsabilidad política
Durante años, la causa se concentró en los eslabones intermedios del sistema: prestanombres, operadores administrativos, estudios contables y recaudadores que retiraban dinero en cajeros automáticos.
Pero siempre quedó flotando una pregunta incómoda.
Una pregunta que en la política entrerriana nadie lograba responder con claridad:
¿Cómo pudieron salir 53 millones de dólares de la Legislatura provincial sin que las máximas autoridades lo advirtieran?
La investigación se originó en 2018, cuando un policía detectó en la ciudad de Paraná a un hombre que retiraba dinero de cajeros automáticos de manera reiterada, en lo que luego se conocería popularmente como el sistema de “ordeñe” de cuentas bancarias vinculadas a contratos legislativos.
Lo que parecía un hecho aislado terminó destapando una estructura que operó durante al menos diez años.
Nombres pesados bajo la lupa
La segunda etapa del expediente avanza ahora hacia quienes tenían la responsabilidad política de controlar el sistema.
Entre los nombres que aparecen en el radar judicial figuran los ex vicegobernadores:
- Pedro Guastavino
- José Cáceres
- Adán Bahl
Mientras que en la Cámara de Diputados aparecen mencionados:
- José Ángel Allende
- Sergio Urribarri
La investigación también menciona la eventual responsabilidad institucional de autoridades que firmaban —o debían firmar— los contratos, lo que podría involucrar a vicepresidencias legislativas, como la que ocupó el ex senador Aldo Ballestena.
El punto central es simple:
si la firma no era del titular, alguien debía autorizarla.
Y esa cadena de responsabilidades ahora empieza a investigarse.
El ritmo cansino de la justicia
El recorrido judicial de la causa estuvo marcado por demoras y estrategias defensivas que lograron frenar el avance del expediente durante años.
Uno de los principales intentos fue trasladar el caso a la Justicia Electoral, bajo el argumento de que los fondos retirados mediante contratos legislativos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas.
Ese planteo generó un conflicto de competencias que terminó escalando hasta la Corte Suprema, provocando una larga parálisis procesal.
Mientras tanto, el esquema investigado seguía mostrando ramificaciones.
Durante 2024 y 2025 comenzaron a aparecer detalles particularmente sensibles: inversiones inmobiliarias, campos y emprendimientos agropecuarios que habrían sido financiados con dinero público.
Lo que no se dice
Durante años la causa avanzó sobre los actores más débiles de la estructura: prestanombres, administrativos o intermediarios.
Pero en la política entrerriana siempre circuló una sospecha:
un mecanismo de esta magnitud difícilmente pueda sostenerse durante diez años sin cobertura política.
Ese es, precisamente, el punto que ahora intenta dilucidar esta segunda etapa del expediente.
Una prueba de fuego institucional
La primera etapa de la causa —la que involucra a los ejecutores del sistema— tiene prevista su elevación a juicio durante este año.
Pero el verdadero test institucional para la provincia será Contratos Truchos II.
Porque ya no se trata únicamente de determinar cómo funcionaba el mecanismo.
Ahora se trata de saber quién lo permitió.
Si la investigación logra demostrar que el sistema de contratos truchos no fue una anomalía administrativa sino un esquema sistemático sostenido por la política, Entre Ríos podría estar frente a uno de los juicios de corrupción más importantes de su historia.
La pregunta que queda abierta
Los 53 millones de dólares que desaparecieron del presupuesto público no son una cifra abstracta.
Son hospitales que no se construyeron.
Escuelas que no se repararon.
Rutas que nunca se asfaltaron.
La sociedad entrerriana espera algo más que condenas simbólicas.
Espera respuestas.
Y, sobre todo, espera comprobar si la política seguirá siendo un refugio de impunidad o si, finalmente, la justicia se animará a tocar el poder.
