El exgobernador entrerriano Sergio Daniel Urribarri vuelve a quedar en el centro de la escena judicial a partir de la incorporación de un extenso informe pericial contable que reconstruye su evolución patrimonial entre 2008 y 2012. El documento —firmado por los peritos Stepanic, Pouey y Dumé— expone un patrón reiterado de gastos superiores a los ingresos declarados, uso de terceros como presuntas personas interpuestas, adquisición de bienes de lujo, viajes internacionales y movimientos millonarios en moneda extranjera sin respaldo suficiente.
La pericia no sólo detalla cifras: describe una mecánica financiera que, según la acusación, sustenta la causa por enriquecimiento indebido que mantiene al exmandatario bajo la lupa judicial y política.
Año 2008: el inicio del esquema
Durante 2008, Urribarri declaró ingresos por $164.923,13. Sin embargo, las erogaciones superaron ampliamente ese monto.
Monto no justificado:
- $108.538,81
- USD 469.300
Ese año marca el inicio de pagos por un departamento en el complejo Zencity, ubicado en Puerto Madero, por USD 433.950. La operación fue firmada por Diego Armando Cardona Herreros, señalado como presunta persona interpuesta. También se registraron pasajes aéreos internacionales por más de USD 35.000.
Año 2009: consumos de lujo y viajes
Ingresos declarados: $168.920,86
Erogaciones no justificadas:
- $499.138,53
- USD 302.100
Se documentaron nuevas cuotas del inmueble por USD 294.550, la compra de un reloj Rolex, consumos en hoteles de alta gama, viajes internacionales facturados a terceros y movimientos financieros sin respaldo por más de $268.000.
Año 2010: expansión del gasto en el exterior
Ingresos declarados: $146.525,67
Monto no justificado:
- $550.935,44
- USD 371.463,80
Ese año incluye pagos adicionales por USD 212.000 del departamento y viajes reiterados a Europa —Atenas, París, Roma y España— contratados mediante agencias del exterior, además de movimientos financieros relevantes.
Año 2011: salto patrimonial significativo
Resultado no justificado:
- $482.815,97
- USD 2.461.639,80
- €16.300
Se registra la cancelación total del inmueble (USD 286.500), la compra de un vehículo Ford Focus a nombre de terceros, adquisición de obras de arte en Europa y movimientos financieros superiores a USD 2,1 millones.
Año 2012: el pico del enriquecimiento no explicado
Resultado no justificado:
- $1.643.119,64
- USD 3.582.601,09
Pese a ingresos elevados —incluida la venta de derechos económicos del futbolista Bruno Urribarri—, la pericia concluye que gran parte de los fondos carece de respaldo. Se consignan viajes a Brasil, Miami, Nueva York y Cancún, compras de vinos de alta gama, tecnología y operaciones facturadas a terceros.
Un patrón reiterado según la pericia
Los expertos identifican elementos comunes a lo largo del período analizado:
- Gastos muy superiores a los ingresos formales
- Uso sistemático de interpósitas personas
- Bienes registrables a nombre de terceros
- Importantes movimientos en moneda extranjera
- Consumos de alto nivel económico sin respaldo documental
Antecedentes judiciales que agravan el contexto
El informe se inserta en un escenario judicial más amplio:
- Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua por delitos de corrupción.
- La condena aún no está firme debido a recursos en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso su liberación mientras continúan instancias recursivas.
- La suspensión de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, vinculada a investigaciones de alto impacto, profundizó el debate sobre independencia judicial.
Cuestionamiento institucional: justicia lenta y percepción de complacencia
La sucesión de hechos reavivó críticas públicas y políticas sobre el funcionamiento de la justicia provincial:
- Demoras prolongadas en la firmeza de sentencias
- Liberaciones que generan percepción de lenidad
- Conflictos institucionales en investigaciones anticorrupción
En este marco, diversos sectores sostienen que la magnitud del caso debería motivar revisiones institucionales por parte de organismos nacionales como el Consejo de la Magistratura de la Nación, a fin de fortalecer la credibilidad del sistema judicial.
Conclusión
El peritaje patrimonial no sólo agrega cifras al expediente: reabre un debate profundo sobre responsabilidad política, control institucional y eficacia judicial. El caso Urribarri se proyecta así como una prueba de estrés para la justicia entrerriana y, en sentido más amplio, para la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
