La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional dependiente de la Cancillería Argentina y responsable de la administración de los puentes internacionales Gualeguaychú–Fray Bentos y Colón–Paysandú, atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años. Documentación interna, notas administrativas y movimientos financieros identificables configuran un cuadro de presuntas irregularidades que comprometen la transparencia en el manejo de fondos y el respeto del marco normativo que rige al organismo.
El punto más sensible emerge de una paradoja difícil de justificar: una delegación argentina designada formalmente “ad honorem” que, pese a esa condición, habría estructurado un mecanismo para disponer de alrededor de 50.000 dólares mensuales en concepto de gastos de representación. La operatoria, impulsada desde la Presidencia de la CARU, expone no solo un uso presuntamente irregular de recursos binacionales, sino también una práctica administrativa que elude controles básicos y desnaturaliza la finalidad del gasto público.
El actual presidente de la CARU, Raúl Luis Montero, fue designado por el Decreto N° 394/2025, publicado el 17 de junio de 2025. Es de profesión abogado, exfuncionario del del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y más tarde asesor general durante la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli, y asumió el cargo de presidente de la delegación argentina de la CARU con un discurso orientado a la austeridad y la eliminación de privilegios. Sin embargo, los hechos documentados parecen contradecir ese encuadre.
Gastos inexistentes para cargos sin remuneración
La delegación argentina está integrada por cuatro miembros -cuando el Estatuto prevé cinco-: el propio Montero (presidente), Francisco Mansanta, Agustina Piñeiro y María Laura Ojeda, los tres como delegados. Todos ellos fueron designados “ad honorem” y continúan percibiendo sus salarios de los organismos de origen, lo que excluye, por definición, la percepción de gastos de representación financiados por la CARU.
Pese a ello, mediante la Nota DACARU N° 52/2025, Montero elevó un proyecto de resolución para que los gastos de representación correspondientes a “cinco” delegados fueran depositados en la cuenta N° 0122773 del Banco Nación, sucursal Montevideo. El argumento formal fue financiar el “mantenimiento” de la delegación. El desvío estimado asciende a unos 50.000 dólares mensuales (1).
El mecanismo presenta al menos tres problemas de fondo: se asignan fondos por un concepto incompatible con la condición “ad honorem”; se centralizan recursos en una cuenta en el exterior sin asignación individualizada; y no se establece un sistema de rendición que permita verificar el destino efectivo del dinero. En los hechos, se diluye la trazabilidad del gasto y se vacía de contenido la noción misma de representación.
Beneficios paralelos y uso intensivo de recursos comunes
A ese flujo mensual se suman beneficios adicionales financiados íntegramente por la CARU: oficinas solventadas junto con la Cancillería, vehículos de alta gama -entre ellos una VW Tiguan y una Corolla Cross-, algunos con chofer; cobertura total de combustibles, peajes, viáticos y alimentación; y alojamiento con modalidad “all inclusive” en dependencias del organismo durante estadías en la sede.
Los recursos utilizados provienen principalmente del cobro de peajes en los puentes internacionales, ingresos que pertenecen en partes iguales a la Argentina y al Uruguay. La ausencia de criterios públicos de asignación y de rendiciones detalladas constituye una vulneración al principio de transparencia que debe regir el manejo de fondos binacionales.
En este contexto, fuentes del organismo indicaron a ANÁLISIS que Pablo Enrique Bertone, chofer del organismo y actualmente asesor, realiza traslados mensuales a Montevideo en vehículos oficiales para retirar los fondos depositados. La operatoria implicaría transporte de efectivo por montos que excederían los límites permitidos por la normativa aduanera, con viáticos diarios superiores a los 150 dólares. De confirmarse, el procedimiento compromete controles elementales sobre circulación transfronteriza de dinero público, ejecutados por orden de altos funcionarios de Cancillería.
Asesores, sueldos elevados y funciones superpuestas
La gestión también incorporó asesores con remuneraciones elevadas y uso de vehículos oficiales con patente diplomática, sin constancias públicas de control. Se destacan los casos de Gabriel Morano, secretario Técnico y Administrador del Puente Internacional General Artigas, y el de Tamara Ivón Cerneaux, asesora externa.
La situación de Morano resulta particularmente sensible: concentra dos cargos estratégicos y registra una presencia laboral limitada, lo que afecta el funcionamiento operativo del organismo y plantea interrogantes sobre la eficacia del control interno. La superposición de funciones sin mecanismos claros de supervisión contradice las buenas prácticas administrativas y expone riesgos de conflicto de intereses.
Un proyecto millonario fuera de competencia
Otra señal de alarma se encendió con la Nota Externa DACARU N° 50/2025, firmada por Montero y acompañada por un “caso de negocio” elaborado por Cerneaux. Allí se propuso un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para repavimentar rutas provinciales argentinas -en particular la Ruta 136 que vincula a Gualeguaychú con Fray Bentos- por un monto estimado en 15 millones de dólares (2).
El esquema de financiamiento incluía fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes, partidas destinadas al dragado del río Uruguay y la evaluación de un aumento de peajes. La delegación uruguaya rechazó la iniciativa por considerarla ajena a las competencias del organismo y por comprometer recursos binacionales para fines externos. El episodio deterioró la relación interna y aporta contexto a la ausencia de la delegación argentina en el acto por los 50 años del Puente General Artigas, luego justificada públicamente en nombre de una supuesta “austeridad”.
Contrataciones bajo sospecha
El cuadro se completa con una compulsa de precios impulsada por Alejandro Primus, que es asesor externo vinculado al presidente Montero, quien firma como integrante del área contable sin integrar la planta permanente. El objeto de la contratación fue la impresión de 6.000 libros institucionales por un monto cercano a los 50.000 dólares.
La recomendación habría recaído sobre Servicios Integrales La Plata SRL, una empresa cuyo giro declarado no se corresponde con servicios editoriales y con domicilio en la ciudad de La Plata, casualmente la ciudad de origen del presidente y su entorno.
La discordancia entre el objeto contratado y la actividad declarada, sumada a la cercanía geográfica y personal, configura indicios de direccionamiento que ameritan por lo menos una auditoría.
