El Gobierno de Entre Ríos informa que la actualización de la tarifa eléctrica vigente desde diciembre responde a la modificación de los precios mayoristas definida por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de ajustes que alcanzan por igual a todas las jurisdicciones del país y que resultan necesarios para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
En este marco regulatorio, la provincia ratifica su decisión de proteger a los hogares y sectores que necesitan acompañamiento. Por eso continúa aplicando un esfuerzo financiero propio que modera el impacto de las actualizaciones nacionales, con especial atención en las familias de menores ingresos y en actividades productivas estratégicas.
A través de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, se mantienen vigentes:
* El congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD).
* El subsidio provincial al VAD para los hogares de menores ingresos (Nivel 2).
* Los programas de acompañamiento tarifario: Tarifa Social, Tarifa para la Salud, Electrodependientes y los beneficios destinados a instituciones educativas, deportivas y sectores productivos -entre ellos el arrocero- y diversas industrias estratégicas.
Gracias a estas políticas provinciales, las familias entrerrianas, especialmente aquellas que atraviesan situaciones económicas más vulnerables, continúan accediendo a un esquema de protección diferencial que la Provincia sostiene con recursos propios.
En diciembre, el ajuste aplicado representa un incremento promedio del 1,4% para usuarios residenciales urbanos y alrededor del 1% para usuarios rurales. Estos valores se explican exclusivamente por la actualización nacional del precio de la energía mayorista.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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