El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, defendió el rol de la Provincia como actor civil en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura. Sostuvo que la demanda civil a los 32 implicados podría sumar a otros responsables que quedarían al descubierto de avanzar la investigación administrativa, en paralelo al trámite del expediente penal.
De haber condena en el fuero penal, el Estado quiere demandar la reparación del daño económico por la operatoria de los contratos truchos, que una pericia contable calculó, a valor histórico, en $ 372.924.249, suma, que, aseveró, debe actualizarse. Rodríguez Signes espera que los 32 imputados originales -de estos, 15 ya acordaron salidas por probation o juicio abreviado, por lo que quedan 17 en el proceso- acuerden resarcimiento con el Estado por la vía administrativa, y si no la hubiere, irá por la demanda en los Tribunales. Aunque a ese listado original podrían agregarse algunos responsables más, en función de lo que arroje la investigación que hará el propio Estado.
El gobernador Rogelio Frigerio pidió a los titulares de Senadores, Alicia Aluani, y de Diputados, Gustavo Hein, que declaren nulos los 771 contratos tildados de “truchos” y que conforman la base medular de la investigación penal del Ministerio Público Fiscal, cuyo pedido de remisión a juicio oral tramita la jueza de Garantías Marina Barbagelata.
“Vamos a ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción dramáticos”, dijo Frigerio en abril último. “Tenemos una herida profunda, somos protagonistas de una de las casusas de corrupción más importantes de la historia del país, la causa de los contratos truchos, causa que ha sido probada. Se ha probado que hubo cerca de 800 contratos truchos en una década. La Justicia tiene que definir quiénes han sido los responsables y qué pena les cabe”, señaló Frigerio.
Y agregó: “Pero la política no puede quedarse de brazos cruzados. En la campaña hemos sido claros al respecto. Hay República, hay división de podres, la Justicia tiene que hacer su trabajo, pero la política tiene que dejar de mirar para un costado, tiene que actuar”.
El argumento de Fiscalía de Estado para mantenerse como actor civil
“Acá lo que se busca es la reparación del daño que consiste básicamente en la devolución de los fondos que se utilizaron irregularmente a partir de esos contratos que son 771. Los defensores han planteado una serie de cuestiones de tipo penal en las audiencias de esta semana, que tienen que ver con exclusión de prueba, con pedidos de sobreseimiento para algunos imputados y también sobre la legitimación de la Fiscalía para intervenir. El argumento fundamental que están utilizando las defensas es que no intervino el Tribunal de Cuentas como previo a los reclamos de reparación del año. Nosotros sostenemos que nuestra pretensión no requiere de ninguna intervención de nadie más que de la propia Fiscalía de Estado, porque el artículo 209 de la Constitución de la Provincia establece que la Fiscalía es la que representa en juicio a la Provincia. No creo que exista ninguna posibilidad que esa defensa prospere”, dijo el fiscal de Estado al programa Puro Cuento (Radio Plaza).
Sostuvo que “otro tema de discusión es la oportunidad. Ahora estamos en la etapa de previa a la remisión a juicio. Se están discutiendo cuatro puntos que plantearon los defensores: la prescripción, la falta de legitimación activa. la falta de legitimación pasiva y el defecto legal en el modo de proponer la demanda. Son cuatro excepciones ya las cuatro nosotros las contestamos, fueron rechazadas. Lo que estamos discutiendo ahora son las apelaciones a esos rechazos. Entendemos que ninguna de las oposiciones planteadas puede prosperar”.
Subrayó que “la Provincia va a pedir la reparación del daño. No podemos decir cuál es el monto actualizado porque no se ha definido. En esta causa, hay tres situaciones: por un lado, hay ya personas que han ido a juicio abreviado con un reconocimiento de la culpabilidad de la responsabilidad y se empezó a reparar el daño, así que ahí hay que descontar; por el otro lado, en el juicio, si hay condena hay obligación de reparar pero además el Poder Ejecutivo pidió a la Legislatura la declaración de nulidad de esos contratos con lo cual se abre un tercer canal que es de índole administrativa y en todo caso contencioso administrativa por el cual también vamos a tener esa ocasión de intentar recuperar. Es decir hay distintas maneras, distintas formas de obtener reparaciones. Para la Fiscalía de Estado esa es la cuestión central; el Ministerio Público Fiscal persigue la condena penal. Para nosotros, la reparación civil. O sea que podría haber otra vía para recuperar o reclamar ese daño que es con la declaración de la unidad que todavía no ha ocurrido. El Ejecutivo dictó el decreto Nº 604 este año por el cual le pidió a las Cámaras que declaren la nulidad de los contratos. Entonces, se abre otro canal para obtener la reparación económica. Pero primero será la vía administrativa: se va a invitar a las personas involucradas -que puede ser un universo más amplio de personas que los que están estrictamente imputadas en la causa penal- a quienes pidan la reparación. En sede penal son 32 imputados, de los cuales 15 ya han hecho acuerdo. Quedan 17 personas en la causa. Pero en sede administrativa la realidad es que la situación puede cambiar porque pueden existir otras responsabilidades administrativas que vayan más allá de los 32 imputados penales. Habrá que ver quiénes intervinieron en el trámite de los contratos. Así, puede haber más cantidad de personas responsables administrativos”.
