Se reanudó la audiencia de elevación a juicio en la causa por los “contratos truchos” de la Legislatura. La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, retomó la instancia intermedia ante los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y los abogados defensores.
“La Fiscalía logró describir los hechos de manera clara y circunstanciada”, valoró la magistrada que controla el proceso. Retomó la “maniobra general” narrada por la Fiscalía en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y fue respondiendo uno a uno los cuestionamientos de los defensores.
Estafa calculada en 53 millones de dólares
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado, tras el requerimiento que presentó el MPF en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
Hay 18 imputados
Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
Los que asumieron la culpabilidad
A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Barbagelata. Se detuvo en las críticas planteadas en cuanto al supuesto monto de dinero desviado, a los cálculos y las actualizaciones posteriores. “Sin perjuicio de ser criticables, los montos son estimados y su actualización no cambia nada de la plataforma fáctica”, sostuvo.
En relación a las quejas sobre la ausencia de contratantes responsables en el requerimiento de elevación a juicio y las imputaciones, Barbagelata recordó: “En esta audiencia se explicó que en la mayoría de los contratos no estaban los contratantes. Y por eso se señalaba a quienes habían actuado como autoridades de Cámara en esos períodos. Algunos contratos no estaban firmados por autoridades, pero todos tenían la misma rúbrica sin aclaración. No escapa a este Tribunal que los hechos que constituyen la plataforma fáctica, difícilmente pudieron cometerse sin la autorización de las autoridades legislativas. Si estuvieran identificadas tales personas, serian coimputados de los actuales. Eso no significa establecer una concreta intervención de cada uno. La Fiscalía refirió que en la investigación se intentó que las Cámaras mandaran la información, con poco éxito. Y toda la información, la totalidad de la información incompleta estuvo a disposición de las defensas”.
Este lunes, la magistrada que controló toda la investigación inicial y, actualmente, se ocupa del pedido para que la causa vaya a juicio oral, indicó que las defensas realizaron “interpretaciones” que no se ajustan al sentido de lo precisado por Fiscalía. “Del análisis de la actividad defensiva se desprende que comprendieron perfectamente la acusación”, apuntó. “Los contratos no consistieron en otra cosa que la utilería para la sustracción, para que la maniobra perdure en el tiempo, y el destino del desvío fueron cuestiones personales. No se contraprestaron tareas por los contratos. Esta no es una instancia en la que se muestra la prueba”, acotó después.
“La licitud o ilicitud en la hipótesis de Fiscalía no se asiento en la existencia de un decreto”, contestó. Los cuestionamientos de los defensores fueron numerosos y diversos, y Barbagelata se ocupó de cada uno. Hace algunas semanas atrás, en la última audiencia adelantó que esta decisión le tomaría varios días, dado que se ocuparía de responder a cada abogado.
“Advierto que las circunstancias que en su investigación la Fiscalía decidiera correr el velo para conocer los contratos de obra y saber si algunos enmascaraban un desvío, nada tiene que ver con la licitud o ilicitud de los actos administrativos. El inicio de la investigación fiscal es relevante en este aspecto, el telón se corrió porque un funcionario policial vio a dos mujeres sacando dinero con muchas tarjetas de débito”, marcó.
Luego, agregó que “la investigación inició pensando que era la defraudación a titulares de tarjetas de débito. La sospecha de delito surge por el funcionario policial permitió descubrir lo que dentro de la Legislatura tenía apariencia de legalidad. Los fiscales no se pusieron a investigar actos ilícitos, sino actos con apariencia de licitud. Resultan como mínimo una desmesura la envestida contra los fiscales. Se vio acá un trabajo responsable que permitió a los fiscales traer hasta acá la investigación”, manifestó también.Fuente: Análisis Digital.
