La jueza de Garantías Elisa Zilli rechazó esta tarde dictar el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal y la el dictado de la prescripción por violación de plazos razonables de Sofía Riquelme, esposa del exministro urribarrista Pedro Báez, en una causa por enriquecimiento en la que está imputada. La petición la habían impulsado los defensores José Velázquez e Ignacio Díaz, ante la oposición del Ministerio Público Fiscal.
Pero en cambio, la magistrada sí hizo lugar a otra petición de los defensores: que intervenga un perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que realice la pericia contable y dictamine si Báez y Riquelme se enriquecimiento de manera ilícita mientras el primero ocupó la función pública, y en caso positivo, cuál es el monto. Se trata de un dato clave que vuelve atrás todo el trámite de remisión de la causa a juicio, que Fiscalía ya había solicitado.
En tanto, la magistrada no resolvió de momento si va a hacer lugar a la devolución de una caución de $20 millones que Báez depositó en garantía cuando en enero último le otorgaron la prisión domiciliaria en el marco del megajuicio -en el que fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel-, monto que el Ministerio Público Fiscal reclamó que sea embargado en la investigación por enriquecimiento.
Báez estuvo en la cárcel desde el 22 de noviembre y hasta el 31 de enero último como medida cautelar ante el riesgo de fuga. Esa decisión sin embargo fue revocada por el STJ al hacer lugar a una impugnación extraordinaria, y se le permitió cumplir arresto domiciliario.
El Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, Pedro Ángel Báez, y a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, con una solicitud de pena para el primero de 5 años de cárcel, y para su cónyuge de 3 años y medio.
Báez ya fue condenado en el marco del megajuicio, en 2022, a la pena de 6 años y 6 meses, fallo que de momento no está firme por cuanto está en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario federal.
La petición fue formalizada este miércoles ante la jueza de Garantías Elisa Zilli por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, y señala: “Pedro Ángel Báez durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial, en el período comprendido entre el año 2007 hasta el año 2016 inclusive, y con el aporte necesario e indispensable de su cónyuge Sofia Raquel Riquelme, incrementó su patrimonio de manera injustificada en relación a los ingresos percibidos; enriqueciéndose así por un monto histórico total de $4.179.885,62. Suma que expresada en dólares equivale a un valor de U$S 632.053,35”
De su esposa Sofía Riquelme señalan: “Haber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial de Pedro Ángel Báez, ocurrido en el periodo durante el cual éste se desempeñó en la función pública comprendido entre el año 2007 hasta el año 2016 inclusive, a sabiendas que su capacidad económica y la de su esposo Báez era insuficiente para justificar inversiones y compra de bienes y servicios, en relación a las distintas fuentes de ingreso percibidos, actuando Sofía Raquel Riquelme en calidad de persona interpuesta para disimular el real patrimonio de Báez y gestionar sus fondos y bienes”.
Riquelme “realizó: consumos con tarjetas de crédito, erogaciones, adquirió como co-titular y enajenó el vehículo automotor marca Chevrolet Zafira GLS dominio GNG246, adquirió como co-titular los inmuebles ubicados en calle Juan Manuel Jozami Nº 2105, 2123 y 2135/2161 de Paraná, y realizó mejoras a los mencionados, como así al inmueble sito en calle Cervantes 472 de Paraná. Asimismo efectuó la constitución, integración del capital, aportes irrevocables formales y cedió las cuotas partes de la empresa Innova Turismo S.R.L. Además realizó gastos en viajes y turismo. Todo ello posibilitó el incremento patrimonial de Pedro Angel Báez de manera injustificada en relación a los ingresos percibidos; enriqueciéndose así por un monto histórico total de $4.179.885,62. Suma que expresada en dólares equivale a un valor de U$S 632.053,35”.
La sospecha de la Fiscalía es que, siendo funcionario público incrementó de manera desproporcionada su patrimonio. Como detalló Entre Ríos Ahora, hasta ahora, en el expediente surgió que entre su patrimonio figuran una casa quinta en la zona de calle Jozami al 2000, en la Toma Vieja; una casona sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico – una embarcación modelo Mamba 25, a un costo de mercado de unos 50 mil dólares, bautizado Petit Pois-; además, junto a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, manejan la firma Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.
Además, la Fiscalía considera que existen elementos de convicción que permiten sostener como probable que el empresario Germán Buffa sería testaferro de Báez. Buffa manejó una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, y también estuvo al frente de la empresa Global Means, que en 2011 consiguió que la gestión de Sergio Urribarri y Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente. Por ese hecho, el juez de Transición Gustavo Maldonado lo procesó junto a los actuales diputados en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública.
En la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito de Báez, la fiscalía cuenta entre la prueba con un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fechada el 17 de abril de 2017, en el que surge que Buffa es apoderado de la firma Innova Turismo, en la que la cónyuge de Báez es socia. Además, existe un documento firmado por una escribana mediante el cual se autorizó a la pareja del diputado y a su hijo a conducir un automóvil propiedad de la empresa Global Means SA, que preside Buffa.
