Por Análisis Litoral | URGENTE – Entre Ríos
En la Argentina de las capturas de pantalla, la verdad dejó de ser un punto de llegada para convertirse en una construcción instantánea. Basta un chat, un audio reenviado o una frase sacada de contexto para instalar sospechas que luego nadie se encarga de desmontar.
El caso que hoy trata de instalar en algunos medios de Entre Ríos expone con crudeza ese mecanismo.
El periodista Tomás Méndez vuelve a escena con denuncias que, lejos de apoyarse en pruebas judiciales sólidas, se sostienen en chats atribuidos a personas condenadas por narcotráfico, como Daniel “Tavi” Celis y Griselda Bordeira.
No es un detalle.
Es el núcleo del problema.
LA FRAGILIDAD DE LAS “PRUEBAS”
En cualquier investigación seria, una fuente vinculada al delito —y más aún condenada— no es prueba: es apenas un indicio que debe ser corroborado por múltiples vías independientes.
Sin ese proceso, lo que se presenta como denuncia es, en realidad, una narración interesada.
Y cuando esa narración apunta contra funcionarios como Néstor Roncaglia, la ministra Patricia Bullrich o el gobernador Rogelio Frigerio, el daño deja de ser mediático para convertirse en institucional.
EL DETALLE QUE CAMBIA TODO
Uno de los puntos más sensibles es la omisión de un dato clave: la supuesta “interlocutora” en los chats no sería la ministra nacional, sino una ex funcionaria condenada por narcotráfico.
Ese silencio no es menor.
Es una maniobra que altera la interpretación completa del hecho.
Porque en política y en comunicación, lo que se omite también construye sentido.
LO QUE NO SE DICE
Desde la Asociación Antidrogas de la República Argentina, su titular Claudio Izaguirre fue contundente: habló de una posible operación para desgastar la figura de Roncaglia, en un contexto donde el avance contra estructuras narco en el litoral genera resistencias.
La hipótesis es incómoda, pero verosímil: cuando el delito se siente acorralado, no solo responde en la calle, también lo hace en el terreno mediático.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
No es la primera vez que Tomás Méndez queda envuelto en polémicas por el contenido o la metodología de sus denuncias.
En paralelo, durante la gestión de Mauricio Macri, figuras como Patricia Bullrich y Roncaglia encabezaron operativos que derivaron en la detención de estructuras narco en Entre Ríos.
Ese dato permite entender por qué ciertos sectores podrían tener interés en invertir los roles: de perseguidores a sospechados.
QUIÉN RESPONDE POR EL DAÑO
Hay un punto que no admite ambigüedades: los funcionarios señalados están obligados a presentarse ante la Justicia para defender su buen nombre y honor, exigiendo pruebas a quienes los acusan.
No hacerlo implica dejar que la sospecha se consolide.
Pero también hay otra responsabilidad, igual de grave: quienes difunden acusaciones sin sustento —por malicia, resentimiento o la necesidad de congraciarse con su audiencia— abandonan el terreno del periodismo y entran en el de la difamación.
En ese escenario no se informa, no se investiga y no se prueba. Solo se instala.
Y en ese proceso, muchos terminan funcionando como piezas útiles de intereses mucho más oscuros, incluso como engranajes funcionales a estructuras del narcotráfico que buscan condicionar o desplazar a funcionarios incómodos, como en este caso con Néstor Roncaglia y Rogelio Frigerio.
DOBLE LECTURA
Versión superficial: un periodista revela chats comprometedores.
Lectura real: una operación construida sobre fuentes contaminadas, sin verificación independiente, amplificada para generar daño político.
En el medio, actores que —conscientes o no— terminan siendo funcionales a estrategias ajenas.
CONCLUSION
En un país donde la credibilidad está en crisis, cada denuncia sin pruebas no solo afecta a los acusados.
Erosiona algo más profundo: la confianza pública.
Porque cuando todo se vuelve verosímil, la verdad deja de importar.
Y en ese escenario, ya no gana quien tiene razón, sino quien logra instalar mejor la sospecha.
Redaccion Análisis litoral
