La reciente declaración del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, anunciando que será candidato a gobernador para el 2027 y su intención de contratar a la firma internacional Kroll Associates para investigar a dirigentes del Partido Justicialista que impulsaron su expulsión de esa fuerza política, abrió un debate que excede la disputa partidaria y se proyecta sobre un terreno mucho más sensible: los límites legales del poder público, la protección de los derechos políticos y el funcionamiento del Estado de Derecho.
“Nosotros no tenemos nada que ver con la runfla mafiosa, denominada PJ”, dijo, tras lo cual apuntó a varios dirigentes del peronismo entrerriano. “Vamos a hacer un proyecto antimafia; acá no hay término medio. Vamos a ser la topadora en un proyecto de gobierno”, dijo, tras lo cual remarcó que la empresa Kroll “vendrá a investigar y meter presos a todos aquellos que se robaron los presupuestos de esta provincia”. Los contratos de la empresa van de 300 mil a 350 mil dólares por investigación.
El anuncio de Rossi excede los límites de una interna partidaria dentro del peronismo entrerriano, y avanza arrollando valores de relevancia institucional. ¿Puede un funcionario municipal contratar servicios privados para investigar adversarios políticos? ¿Cuál es el límite entre una auditoría privada, una investigación patrimonial y una actividad de inteligencia? ¿Qué protecciones establece la legislación argentina para impedir que organismos públicos o actores privados recopilen información sobre ciudadanos por sus opiniones políticas?
Las respuestas a estas preguntas son centrales para comprender la gravedad potencial de los anuncios realizados y por qué es muy sensibles para cualquier democracia constitucional.
El anuncio y su significado político
La controversia comenzó cuando Rossi, a través de declaraciones públicas difundidas en sus redes sociales, afirmó que recurrirá a la empresa Kroll para avanzar en investigaciones vinculadas a lo que describió como corrupción dentro del Partido Justicialista entrerriano.
En sus manifestaciones, el jefe comunal sostuvo que no apelará la decisión partidaria que determinó su expulsión y que buscará canalizar su respuesta política por fuera de la estructura partidaria tradicional. Como lo hizo en la última elección, por citar un antecedente inmediato.
Sin embargo, la referencia expresa a la contratación de una firma internacional dedicada históricamente a investigaciones corporativas o “de inteligencia”, generó preocupación en distintos sectores políticos y jurídicos, especialmente por el contexto en que fue anunciada: una disputa abierta con dirigentes partidarios identificados como adversarios
La cuestión central no es únicamente quién sería investigado, sino bajo qué facultades, con qué recursos y dentro de qué marco legal podría desarrollarse una actividad de esa naturaleza. ¿La Justicia no tiene nada que decir al respecto?
El antecedente de Kroll en la provincia
La referencia a Kroll no es nueva en Entre Ríos. Durante la administración provincial de Sergio Montiel, a comienzos de la década de 2000, el gobierno contrató servicios vinculados a investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas en organismos estatales. Y uno de los funcionarios montielistas, el entonces fiscal de Estado, Sergio Avero -actual secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos-, era el hombre de contacto con Frank Holder, dueño de la empresa de seguridad norteamericana, que tanto preocupó a Jorge Busti, que en esos tiempos era legislador nacional del PJ.
Aquella decisión generó controversias políticas, cuestionamientos judiciales y debates sobre la conveniencia y legalidad de recurrir a consultoras privadas para tareas relacionadas con la detección de fraude y corrupción en el sector público.
Con el paso de los años, distintas actuaciones judiciales vinculadas a aquella contratación tuvieron desenlaces diversos, sin que llegaran a consolidarse condenas definitivas derivadas de ese episodio.
Más allá de sus resultados concretos, el antecedente demuestra que la discusión sobre el rol de empresas privadas en investigaciones vinculadas al Estado no es nueva en la provincia.
Inteligencia estatal versus investigaciones privadas
En Argentina las actividades de inteligencia están reguladas por el Estado y las investigaciones privadas que pueden ofrecer empresas particulares están reguladas y con estrecho margen de acción.
La producción de inteligencia estratégica constituye una función estatal y así está expresamente establecido por la Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520. Esa norma establece cuáles son los organismos autorizados para producir inteligencia. Pero, también delimita sus competencias específicas, siempre vinculadas a la defensa nacional y la seguridad interior.
Como se podrá apreciar: no fue diseñado de manera caprichosa, sino para evitar que estructuras paralelas o no controladas por los mecanismos institucionales puedan desarrollar actividades de seguimiento político ilegales, vigilancia ideológica persecutorias o recopilación de información sin motivaciones claras, sobre adversarios partidarios o cualquier otro ciudadano.
Esto explica claramente por qué los organismos estatales de inteligencia se encuentran sometidos – formalmente- a controles parlamentarios, pero también judiciales y administrativos.