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El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia, se refirió hoy al protocolo antipiquetes que presentó la ministra de Seguridad de la Nación, y aunque dijo que no requiere de ninguna adhesión de parte de la Provincia, se manifestó de acuerdo en su espíritu.
«El derecho a peticionar es un derecho constitucional, pero también nosotros insistimos que hay otros derechos constitucionales: el libre tránsito, el derecho a trabajar, el libre desplazamiento. Entonces, el derecho de uno no puede atacar o poner en riesgo o no cumplir el derecho que tienen otros. En ese sentido vamos a trabajar, pero nosotros somos conscientes que lo más importante es el diálogo, ponernos de acuerdo. Si usted quiere manifestar acá, no se puede cortar una ruta, no se puede pintar las paredes», dijo Roncaglia durante una rueda de prensa que ofreció en Casa de Gobierno.
El protocolo que anunció la ministra Bullrich establece:
- Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales «intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte», como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías «debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas».
- La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a «despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio».
- En los procedimientos, los efectivos «emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente» con «armas no letales». Sin embargo, se aclara que esa fuerza será «graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes» y con «empleo de armas no letales».
- Deberán «identificar a los autores, cómplices e instigadores» de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
- «Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores» de las protestas «registrados por las fuerzas de seguridad» —como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos— serán «remitidos al Ministerio de Seguridad».
- Cuando se observen actos que puedan ocasionar «daño ambiental» (como quema de neumáticos) «se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental».
- El Ministerio de Seguridad «podrá demandar judicialmente» a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, «por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».
- Se «creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones» y de «infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas».
Respecto de la vigencia de ese protocolo, Roncaglia aseveró: “No hace falta una decisión. Simplemente es una expresión que hizo la ministra Bullrich. Ella, creo, hace referencia a las manifestaciones públicas que se producen tanto en el Gran Buenos Aires como en la Capital Federal. Insisto, nosotros somos respetuosos de la Constitución, de la Constitución nacional y la Constitución de la provincia. El derecho a peticionar es un derecho constitucional, pero también nosotros insistimos que hay otros derechos constitucionales”, puntualizó.
Respecto de la relación de su cartera con la Justicia, aseguró que “lo importante es generar puentes. No podemos estar peleados, no podemos hacer compartimientos estancos. Necesitamos mucha comunión, mucha conexión. Entonces, estoy hablando con todos los jueces, los fiscales, para lograr una, digamos, una empatía de trabajo. O sea, la Policía no puede trabajar por sí sola. Sí en la prevención, pero no la represión de los delitos. Cuando la Policía reprime el delito, tiene que intervenir la Justicia. Y la Justicia tiene que estar abierta a ser permeable. La Policía hace una consulta, la Justicia va a intervenir y va a investigar en las causas. Yo percibo, a veces, un tiempo difícil. Lo disruptivo es menos grieta, menos odio, menos bronca. Lo tenemos que poner todos de acuerdo por el bien de toda la comunidad. Y eso es lo que vamos a hacer con la Justicia”.
De la Policía de Entre Ríos sostuvo que “es una buena policía. Lo que nosotros pretendemos es una mayor actualización a estos tiempos, tiempos modernos, ante la necesidad de combatir todos los delitos, sobre todo el narcomenudeo”.
Emergencia climática
La rueda de prensa que convocó Roncaglia fue además para dar cuenta de la situación que atraviesa Entre Ríos luego de las lluvias y tormentas de los últimos días.
«Tenemos más de 200 casas sin techos», y cuestionó que en Desarrollo Social no quedó nada para asistir a los afectados. «No tenemos chapas, no tenemos clavos, no tenemos nada. O sea, solamente bolsones de alimentos secos», planteó.
Dijo que esperan ayuda de Nación para «comprar chapas. Acción Social no tiene combustible para armar sus camiones. Bueno, muy loco, no importa, pero miremos para adelante, vamos a encontrar una solución, se van a comprar las chapas, hay muchos pedidos. Desde la Gobernación nosotros vamos a estar permanentemente donde hay que estar».
«En Villaguay pudimos ver los daños que hizo el tornado. Terrible, derrumbó la academia de agentes, la Policía de la provincia, derrumbó la terminal, un montón de casas, parecía Gaza. Terrible lo que pasó, pero bueno, paciencia y lo vamos a reconstruir».
Roncaglia manifestó que «seguramente se va a declarar la emergencia».
