La propuesta de Marcela Pagano apunta a terminar con las matrículas impuestas por los colegios profesionales, crear un registro gratuito y revisar el esquema jubilatorio que obliga a miles de trabajadores a aportar por duplicado.
Una estructura corporativa que impone peajes para trabajar
Durante décadas, en la Argentina ejercer una profesión no solo implicó estudiar y obtener un título habilitante. También fue necesario pagar matrículas, tasas regulatorias, aportes previsionales privados y, en muchos casos, someterse a decisiones de entidades que operan como verdaderos peajes institucionales. Ese sistema podría cambiar si avanza en el Congreso un proyecto impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza).
La iniciativa busca terminar con la obligatoriedad de la colegiación profesional y propone crear un Registro Nacional gratuito y habilitante, que permitirá a cualquier profesional ejercer sin necesidad de matricularse en cada jurisdicción ni pagar aranceles a entidades intermedias.
Un sistema que obliga a pagar dos veces
El debate cobra especial relevancia por un punto que, aunque no siempre es central en las discusiones públicas, afecta directamente a los bolsillos de miles de profesionales: la obligación de aportar a una caja jubilatoria profesional incluso cuando ya se tributa a la ANSES mediante el monotributo.
Contadores, abogados, psicólogos, arquitectos, ingenieros y muchos otros deben hacer frente al pago doble: por un lado, cumplen con el componente previsional del monotributo, y por otro, son forzados a inscribirse en cajas profesionales provinciales o de sus colegios, bajo la amenaza de quedar inhabilitados para ejercer.
Esta situación, lejos de mejorar las condiciones jubilatorias, genera un régimen de doble imposición que impide a muchos jóvenes profesionales iniciar su actividad laboral o mantenerse formalizados.
Ejemplos concretos del esquema actual
En Buenos Aires, la matrícula obligatoria para ejercer la abogacía ronda los 175 mil pesos anuales. Además, los abogados deben aportar mensualmente a la caja previsional del colegio, sin opción de elegir ANSES. En provincias como Entre Ríos o Santa Fe, los ingenieros , arquitectos, maestros mayores de obras, enfrentan situaciones similares: si no pagan los aportes a sus respectivas cajas, no pueden visar proyectos ni obtener habilitaciones.
El problema se agrava en profesiones con ingresos variables o estacionales. Muchos profesionales independientes deben seguir aportando aún sin facturación, y las moras generan intereses, deudas o incluso la pérdida del derecho a jubilarse.
Una propuesta alternativa: monotributo profesional diferenciado
Una solución posible, que aún no forma parte del proyecto pero es cada vez más debatida, es permitir que los profesionales aporten exclusivamente a ANSES, con una categoría dentro del monotributo diseñada para profesiones liberales. Esto permitiría:
- Unificar el sistema previsional
- Evitar aportes redundantes y costos elevados
- Garantizar jubilaciones más claras y seguras
- Preservar la libertad individual sobre cómo ejercer
Qué dice el proyecto presentado en el Congreso
El expediente 1677-D-2025 propone reemplazar la matrícula tradicional por un Registro Nacional de Profesionales Universitarios y No Universitarios, sin costo alguno y habilitante para ejercer en todo el país. El sistema estará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y, en caso de ser aprobado, los colegios deberán transferir sus datos y adecuarse en un plazo de 120 días.
Los colegios seguirán existiendo, pero su adhesión será voluntaria. Quedará prohibida la imposición de tasas, cuotas colegiales o contribuciones obligatorias para ejercer la actividad profesional.
En uno de los puntos destacados del proyecto, se plantea la eliminación del permiso oneroso que deben pagar los trabajadores de la medicina nuclear, quienes hoy afrontan tasas de hasta 45 mil pesos anuales para poder continuar en sus puestos, pese a estar expuestos a condiciones insalubres.
¿Vacío de control o cambio de paradigma?
Uno de los principales argumentos en contra del proyecto apunta a una supuesta pérdida de control sobre la calidad profesional. Sin embargo, sus defensores afirman que el Estado no renuncia a su función de fiscalización, ya que mantiene el registro oficial, las atribuciones de sanción y los requisitos habilitantes que ya exige para el ejercicio legal de una profesión.
En lugar de confiar en sellos y estructuras burocráticas, el nuevo paradigma propone que el mérito, la experiencia, la reputación y la trayectoria sean los verdaderos validadores del trabajo profesional.
Lo que pierden los colegios: el poder de obligar
El proyecto no propone eliminar a los colegios. Sí busca terminar con su monopolio sobre la habilitación profesional. Podrán seguir ofreciendo cursos, capacitaciones, asesoría legal o representación gremial, pero dependerán de que los profesionales elijan voluntariamente participar, sin coerción ni sanciones por no pagar.
Este modelo se alinea con una visión libertaria del ejercicio profesional: más competencia, menos regulación, mayor libertad individual.
Un paso hacia la modernización del sistema
En definitiva, el proyecto no es un ataque a las profesiones ni a sus instituciones. Es una respuesta a un sistema anacrónico que impone condiciones restrictivas, costos elevados y estructuras cerradas. Apunta a devolverle al profesional el control sobre su carrera, su jubilación y su forma de trabajar.
La posibilidad de eliminar la colegiación obligatoria y reformar el sistema previsional debería ser, más allá de las posiciones ideológicas, una invitación a debatir cómo construir un país más justo, competitivo y libre.
Análisis Litoral
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