La crisis del Partido Justicialista de Concordia dejó de ser una interna partidaria para transformarse en un conflicto institucional, policial y político de una gravedad sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Lo que hasta ayer era una disputa de conducción hoy se convirtió en un escándalo que involucra denuncias de usurpación, intervención policial, registros fílmicos, violencia de género sin intervención judicial y la sombra de viejos operadores políticos que, pese a haber perdido toda legitimidad, buscan volver a controlar un partido que ellos mismos llevaron al abismo.
El inicio del escándalo: las cámaras del PJ captan el ingreso de los consejeros
La secuencia comenzó cuando Facundo Ruiz Díaz, presidente del PJ recientemente destituido por el Consejo Departamental, advirtió a través de las cámaras de seguridad del edificio partidario movimientos irregulares: un grupo de dirigentes ingresaba a la sede en medio de la noche, manipulando accesos y desplazándose en los pasillos internos como si tomaran posesión del lugar.
Las imágenes —según confirmaron fuentes cercanas al titular destituido— mostraban a personas identificadas dentro de la estructura partidaria en momentos en que se ejecutaba la maniobra de cambio de cerraduras y toma de control del inmueble.
Ruiz Díaz, al ver la escena, consultó de inmediato con abogados y radicó una denuncia policial, dando comienzo a un expediente penal que hoy sacude los cimientos de la vida política local.
Intervención policial y resguardo del edificio
La denuncia motivó la intervención de la Policía de Entre Ríos, que se hizo presente en la sede partidaria y permanece custodiándola para evitar incidentes, a la espera de instrucciones judiciales sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones ejecutadas por el grupo de consejeros.
Según fuentes policiales, el caso está caratulado como posible usurpación, y todas las personas que aparecen en los registros fueron notificadas en el marco de la denuncia.
Los denunciados: quiénes son, a qué responden y qué intereses representan
De acuerdo a la presentación judicial y al material audiovisual, los dirigentes presentes fueron:
- Javier Orduna, abogado del PJ, congresal partidario y referente visible del PAR.
- Facundo Pérez, consejero suplente e hijo del histórico dirigente gremial “Turco Pérez” (ATE).
- Sabrina Masariche, consejera vinculada políticamente a Enrique Cresto.
- Fabián Adente, consejero.
- Ana Mengarelli (PAR), consejera.
- Andrea Brassat (PAR).
- Agustín Cáceres (PAR).
Todos ellos están mencionados en la denuncia como presuntos responsables del ingreso irregular y la intención de tomar control material del inmueble, según la carátula policial.
El operativo fue percibido por miembros de la actual gestión como “un avasallamiento brutal, típico de quienes siempre creyeron que el partido era una propiedad privada”.
El dato más fuerte: Orduna y una denuncia de violencia de género sin actuación judicial
En medio de la crisis, sale a la luz un aspecto aún más grave:
Javier Orduna, uno de los protagonistas centrales del operativo, tiene una denuncia por violencia de género presentada por la vicepresidenta del PJ Concordia, Yanina Barbona, que ya fue asentada en sede judicial.
Lo más escandaloso es que, pese a la magnitud del hecho, no hubo actuación de oficio, ni medidas cautelares, ni movimientos institucionales que garanticen protección o investigación. Silencio total.
Y hoy, ese mismo dirigente denunciado por violencia aparece liderando el ingreso a la sede partidaria, ofreciendo un cuadro de impunidad que genera indignación profunda dentro del partido.
“Es una persona violenta, que actúa siempre al límite. Si no se hace lo que él quiere, lo intenta imponer por la fuerza”, señalan fuentes internas de la actual gestión que aseguran sentirse amenazadas y avasalladas.
Cresto y Giano: los titiriteros de una dirigencia sin autoridad moral
En medio del caos, resurge una sospecha que para muchos en el peronismo ya es certeza:
Enrique Cresto y Ángel Giano, dos figuras centrales del peronismo local que perdieron toda credibilidad social y partidaria, estarían operando desde las sombras la maniobra destituyente.
No aparece en fotos. No firman documentos. No levantan teléfonos públicamente.
Pero los movimientos del sector vinculado a ellos, los nombres alineados a sus estructuras y la lógica política de la operación apuntan directamente en esa dirección.
El diagnóstico interno es despiadado:
- Cresto, señalado como el “mariscal de la derrota”, perdió toda legitimidad y arrastra un nivel de rechazo incluso entre la propia militancia.
- Giano, desgastado por años de internas y alianzas pendulares, aparece como parte del mismo modelo agotado.
- Ambos son considerados por gran parte del PJ como responsables históricos de la pobreza estructural y la desocupación crónica de Concordia, cuyos indicadores de miseria se consolidaron durante sus gestiones.
- Son dirigentes que “se cagaron en la gente”, dicen hoy jóvenes militantes, resumiendo una década de frustraciones acumuladas.
Lo paradójico —y ofensivo para muchos afiliados— es que quienes condujeron el peronismo a su peor crisis política, social y electoral en décadas, buscan ahora volver al control partidario, incluso si eso implica operaciones de fuerza, atropellos legales o el uso de sectores juveniles como punta de lanza.
Un partido dividido entre la renovación real y la decadencia histórica
En este escenario, la disputa no es generacional, sino moral:
un sector de jóvenes militantes realmente renovadores —como Orduna en el discurso pero no en sus acciones— intenta tomar el partido con métodos cuestionables, mientras otros jóvenes rechazan las prácticas violentas y la tutela de estructuras vetustas como las de Cresto y Giano.
La sociedad observa, los afiliados murmuran, y el PJ sigue hundiéndose en su propio laberinto.
¿Qué queda después? Una interna que ya no es interna
El PJ Concordia enfrenta hoy:
- Denuncias penales por usurpación.
- Denuncia de violencia de género sin tratamiento judicial.
- Policeía resguardando la sede.
- Cámaras de seguridad como prueba central.
- Ingresos nocturnos registrados en video.
- Figuras que perdieron legitimidad intentando recuperar poder.
- Una ciudad devastada socialmente por los mismos dirigentes que ahora reaparecen.
El peronismo local no atraviesa una interna: atraviesa una crisis ética, una fractura de autoridad, una disputa por el control de los despojos de un modelo agotado.
Conclusión: el dilema no es la presidencia del PJ, es Concordia
El verdadero debate ya no es quién se sienta en el sillón de la sede partidaria.
El debate es otro:
¿Va a seguir Concordia prisionera de los dirigentes que la hundieron en décadas de pobreza, desocupación y manipulación política?
¿O podrá, de una vez por todas, romper el círculo de decadencia que hoy estalló en una causa penal?
La primicia está en marcha.
El expediente también.
Y la crisis recién empieza.
