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El Senado comenzó a tratar este martes el proyecto del Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia en materia de obra pública en la Provincia.
En ese marco, se desarrolló una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Obras Públicas del Senado. Ante los legisladores dieron su aporte el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el director Provincial de Vialidad, Exequiel Donda. El trabajo en comisión pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, para seguir considerando el proyecto de ley.
La reunión tuvo una duración de más de dos horas, con un primer cuarto intermedio donde los senadores se reunieron con sus respectivos bloques. Seguidamente se definió un nuevo cuarto intermedio para continuar analizando, en la próxima semana, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Además de los invitados que dieron su aporte ante los senadores, se expresaron sobre el proyecto de ley el secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia, Uriel Brupbacher, y el coordinador general ministerial del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob.
“Desde el primer momento hemos estado trabajando con las empresas, trabajadores, Uocra, para que no se sigan generando situaciones de endeudamiento y reconducir la obra pública”, dijo el ministro de Planeamiento, quien manifestó que en una primera etapa se trata de un proceso de neutralizar, y en una segunda etapa de acordar un plan de pago con las empresas.
En ese sentido apuntó que todas las obras son importantes pero “hace falta plata, financiamiento y no tenemos”.
“Hoy estamos pidiendo al Poder Legislativo que sancione la ley de emergencia que nos va a permitir tener una herramienta más porque estamos en una situación compleja”. Se refirió a los embargos de cuentas provinciales y a la necesidad de “frenar esta sangría de recursos”.
A la vez, señaló que los municipios entrerrianos sufren consecuencias porque no les están llegando los fondos y tienen problemas de embargo.
Junto a Jacob presentaron en imágenes un cuadro de situación, donde se observó que el presupuesto aprobado para obras fue de más de $154 mil millones, y más de la mitad de ese monto aportado por Nación está en duda.
De 167 obras en ejecución en la provincia, 53 avanzan a un ritmo lento y 114 se encuentran neutralizadas. Se habló de una deuda de más de $19 mil millones que puede ser mayor. El coordinador general ministerial hizo mención a esfuerzos de negociación que no alcanzan, a la caída de recursos, al aumento de los costos por la inflación, por lo que el remanente para inversión es muy escaso.
Marco legal
El fiscal de Estado manifestó que a la fecha hay 96 juicios en trámite ejecutivo y 49 contencioso administrativo, con un monto en debate de $5 mil millones, la mayor parte de capital.
Rodríguez Signes habló de cuestiones jurídicas, caminos procesales dispares, y entendió que el proyecto de ley en debate persigue dos objetivos, uno es ordenar y organizar el cumplimiento de las obligaciones, y otro es tener un marco legal para la revisión de los contratos, bajo el paraguas de la emergencia. En ese sentido, dejó en manos de los senadores un listado con los juicios y montos correspondientes.
A su turno, el secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia hizo hincapié en el proceso inflacionario, en la baja recaudación y en que hoy no se tienen los recursos necesarios, por eso el planteo de la emergencia.
Brupbacher apuntó a una situación de ahogo financiero importante.
Tras algunas preguntas de los miembros de las comisiones, los funcionarios sostuvieron que administrativamente se hacen gestiones para reclamar fondos a Nación, y se evalúa interponer demandas. También los legisladores mostraron su preocupación por diferentes obras paralizadas en sus departamentos, tras lo cual el director Provincial de Vialidad de Entre Ríos hizo su intervención, dando cuenta de la emergencia vial en la provincia. “La recuperación de los caminos es imprescindible y se necesita inversión”, manifestó Donda que añadió el número de $700 mil millones para poder normalizar pavimentos y puentes. Así también la trama de suelo natural requiere de $200 mil millones por lo que “el panorama indica un estado de emergencia, y buscamos las herramientas para defender a Entre Ríos y tener el menor impacto”.
Ley de orden público
El proyecto de ley que ingresó en la última sesión establece declarar en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública económica y financiera en materia de obras públicas, como así también, del estado de conservación de la infraestructura vial, por el plazo de un año prorrogable por el Poder Ejecutivo por única vez y por el plazo de 180 días, con el objeto de reestructurar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obra pública, cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia; y llevar adelante acciones para la recuperación de la trama vial provincial, para garantizar así el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos.
En el proyecto se sostiene que esta Ley es de orden público y sus alcances se aplicarán a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos y autónomos. En relación a la obra pública, se faculta a disponer la revisión, rescisión o renegociación de los contratos de obra pública celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente y que generen obligaciones a cargo de la Provincia, como así también, la suspensión o neutralización de los plazos de obra. En distintos artículos se faculta al Poder Ejecutivo en relación a cancelación de obligaciones, y contempla suspensiones en ejecución de sentencias y medidas cautelares.
En cuanto a la Emergencia Vial se autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar contrataciones directas por vía de excepción de obras públicas, provisión de bienes, insumos, repuestos y suministros necesarios para llevar adelante la recuperación de la infraestructura vial de la Provincia.
En los argumentos del proyecto, se plantea el proceso de crisis económica y financiera, que se manifiesta de manera más grave y elocuente en lo atinente a la obra pública adjudicada por el Estado Provincial, ya que una parte importante de la misma tenía comprometido su financiamiento por parte del Estado Nacional, el cual, como es sabido, ha sido suspendido.
En este complejo escenario la provincia debe hacer frente al pago de las deudas derivadas de dichos contratos con recursos propios, por una suma que supera los $22 mil millones, generando ello un desequilibrio presupuestario y financiero. La situación descripta se complejiza a partir del aumento exponencial de los procesos judiciales iniciados para el cobro de certificados de deuda, con millonarios embargos.
En cuanto a Infraestructura vial, a partir de un relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Vialidad, la red vial entrerriana se encuentra casi en su totalidad en un estado identificado como Malo (0-5) o Regular (5 a 7), por lo que la iniciativa comprende la declaración de emergencia del estado de conservación de la infraestructura vial de la provincia de manera de permitir la recuperación, lo más prontamente posible, de la misma.
