El propietario de una cadena de geriátricos de Concordia fue imputado por Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado contra una ex empleada, madre soltera con tres hijos a cargo. Según la denuncia, el hombre la obligó durante un largo período de tiempo a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de dejarla sin trabajo.
Una pericia psicológica oficial describe el estado de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima y el daño persistente que padece hasta hoy, con ansiedad elevada, dificultades para dormir y ataques de pánico. La imputación fue formalizada esta semana, y el acusado hizo uso de su derecho a no prestar declaración.
La víctima, que habló con este medio, contó que trabajó en dos geriátricos de la cadena, uno en calle Corrientes y otro en la intersección de San Luis y Vélez Sarsfield, además de prestar servicios particulares a una interna. Desde el inicio de su relación laboral, comenzó a notar que el empleador la controlaba de manera constante, tanto dentro como fuera del horario laboral. Según sus declaraciones ante la Justicia, el hombre exigía “favores sexuales” como condición para mantener el empleo.
—“Ni bien ingresaba al establecimiento, él me veía por las cámaras y empezaban los mensajes de WhatsApp. Me pedía que le dijera el color de la ropa interior y siempre eran mensajes de contenido sexual”, relató.
El acusado la habría convocado frecuentemente a su oficina, trasladándola al turno noche cuando había menos personal y pocas posibilidades de pedir ayuda. Allí se habrían producido los episodios más graves, siempre bajo la amenaza de perder el empleo.
—“Nunca lo miraba a la cara ni lo tocaba. Me hacía poner las manos en el escritorio y él se ponía detrás. Siempre así”, recordó la mujer.
Sus compañeras notaban su angustia: “Salía agitada, muy ansiosa, temblando”, aseguró.
La víctima también enfrentaba una situación económica precaria, lo que reforzaba su dependencia del empleador. Agobiada por las presiones y el hostigamiento, renunció en febrero de 2024. Tras dejar el empleo, perdió su vivienda y se mudó con sus hijos al garaje de la casa de su madre, y desde entonces sigue viviendo ahí y casi no sale a la calle por miedo cruzarse con su ex empleador, vergüenza y ataques de pánico.
La mujer relató a este medio que no cree haber sido la única víctima de este empresario y que su denuncia podría alentar a otras mujeres a animarse a hablar: “Yo soy la primera que lo denuncia, hubo muchas otras chicas en estos años. Compañeras que arreglaron con plata y renunciaron. Hago público mi caso porque creo que es una forma de protegerme y que otras chicas se animen también a denunciar. Soy la única que lo denuncié por ahora. Imaginate mi miedo. Aislada hace un año y nueve meses por miedo a salir a la calle y cruzarlo, a que me pase algo”.
El delito imputado es Abuso Sexual con Acceso Carnal -reiterado-, tipificado en el artículo 119 del Código Penal, que contempla las agresiones sexuales con penetración y establece penas de seis a quince años de prisión. Se trata de un delito considerado como uno de los hechos más graves dentro de los delitos contra la integridad sexual.
Una pericia oficial concluyó que “el relato fue siempre coherente, estable y sin contradicciones”, y detalla un impacto traumático profundo sobre la víctima, con ansiedad, pensamientos negativos persistentes y miedo a interactuar socialmente. Según se desprende, la necesidad de sostener un alquiler y mantener a sus hijos fue utilizada como herramienta de coerción por el presunto abusador.
—“Sabía que estaba mal, pero no tenía opción. Tenía que mantener a mis hijos y pagar el alquiler. No podía hacer otra cosa”, recordó la mujer, reflejando la dependencia económica que facilitó la explotación.
La causa judicial está a cargo del fiscal auxiliar Mauro Jaume, con querella del abogado Diego Briceño. El defensor del imputado es Leopoldo Lambruschini, reconocido penalista de Paraná y tal vez uno de los letrados más influyentes de la provincia, habituado a moverse en causas donde se cruzan política, poder y dinero. Su trayectoria lo ubica en el centro de algunos de los procesos más ruidosos de los últimos tiempos: defendió a José Humberto Flores en un caso de dádivas donde los principales imputados fueron el ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros; tuvo a su cargo la defensa del contador Juan Domingo “Palito” Orabona, ex responsable del Servicio Administrativo Contable del Senado, acusado en la causa por el escándalo de los “contratos truchos” en la Legislatura; ejerció la defensa en causas de corrupción del exdiputado provincial y referente del gremio UPCN José Ángel Allende, y también fue defensor de la «fiscal anticorrupción» Cecilia Goyeneche en el jury que terminó destituyéndola.
En paralelo a esta causa penal, se tramita un juicio laboral ante el Juzgado de Trabajo Nº4, a cargo del Dr. Roberto Masara, por incumplimientos de derechos laborales que también serían un reflejo de la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Por: Federico Odorisio (Diario Junio)
