El ex ministro cerró un acuerdo de juicio abreviado en el que reconocerá haber beneficiado al empresario Diego Armando Cardona Herreros y que recibió coimas por favorecer las contrataciones. Recibirá una condena condicional.
Guillermo Smaldone, ex funcionario, hombre de confianza del ex gobernador Sergio Urribarri e hijo de un ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se presentará en tribunales para confesar haber cometido actos de corrupción y aceptar una condena que será condicional.
Los términos del acuerdo permanecen bajo siete llaves, pero fuentes tribunalicias indicaron a Página Judicial que Smaldone admitirá haber beneficiado al empresario de nacionalidad paraguaya Diego Armando Cardona Herreros y que recibió coimas por favorecer la contratación de un servicio de software de gestión integral en tiempos en que se desempeñaba al frente del Ministerio de Trabajo, entre 2012 y 2014.
El ex funcionario acordó cumplir una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
El acuerdo se presentó apenas unas semanas después de que el juez Julián Vergara dispusiera la remisión a juicio de una causa que tiene como imputado al ex gobernador Urribarri, al empresario paraguayo y a los ex funcionarios Carlos Haidar, Miguel Ángel Ulrich, Luis Alfonso Erbes y José Humberto Flores, sospechados de gestionado contrataciones a favor de empresas de Cardona Herreros y de haber percibido coimas.
De acuerdo con la acusación, a partir de mayo de 2012, Smaldone se incorporó a un esquema pergeñado a comienzos de la gestión de Urribarri, en 2007, para beneficiar a Cardona Herreros “con el propósito de generar un lucro indebido” para ambos.
En ese marco, Smaldone, entonces titular del Ministerio de Trabajo, inició tratativas para contratar un servicio de relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de software de gestión integral en la cartera laboral.
La contratación de Relevamientos Catastrales, la empresa de Cardona Herreros, se hizo por 19,8 millones de pesos y contemplaba un sobreprecio de unos 155 mil pesos mensuales para ser distribuidos entre distintos funcionarios públicos provinciales y “una ganancia extraordinaria para el empresario”. Smaldone habría percibido 50 mil pesos mensuales y a Urribarri le tocaban 40 mil pesos por mes, según la acusación. En tanto, Carlos Haidar, entonces a cargo de la Dirección de Informática; y Luis Alfonso Erbes, ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas, que intervinieron en distintas etapas del proceso de licitación, también habrían percibido una mensualidad de 20 mil pesos para cada uno durante, al menos, tres años.
Luego, el 2 de diciembre de 2014, se inició un expediente administrativo para la contratación de una consultoría técnica informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones que estaba en uso.
Relevamientos Catastrales fue la única oferente y fue contratada por un año, con opción de la provincia a una prórroga por otros seis meses. Por el servicio se abonaron a la empresa 7.836.600 pesos por doce meses, suma que comprendía 102.000 pesos mensuales como sobreprecio a distribuir entre los distintos funcionarios intervinientes.
En el requerimiento de elevación de la causa a juicio hay reproducciones de correos electrónicos, mensajes de texto, papeles manuscritos, facturas y otros comprobantes secuestrados en distintos allanamientos.
Entre la prueba también aparecen pasajes aéreos a nombre de Smaldone, Juan Pablo Aguilera y tres hijos de Urribarri para viajar a Sudáfrica en junio de 2010, en coincidencia con la realización del Mundial de Fútbol en el que la Selección Argentina participó bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona. Los fiscales sospechan que todo habría sido pagado por otro Diego Armando, Cardona Herreros, sospechado de haber oficiado como testaferro del ex gobernador. También anotaciones registradas en un cuaderno sobre la compra de “entradas” para los partidos.
En su descargo, durante las audiencias de remisión de la causa a juicio, Smaldone se defendió: “Al pasaje lo pagué yo. Fue en 2010, cuando era ministro. El Ministerio de Trabajo se creó en 2011. Eso alcanzaría para derribar la imputación”. También negó haber favorecido al empresario paraguayo y el cobro de coimas.
En el requerimiento de elevación de la causa a juicio, los fiscales habían adelantado que solicitarían para Smaldone una condena de cinco años de prisión; también lo hicieron para Urribarri, Cardona Herreros y otros ex funcionarios públicos. En términos jurídicos, el acuerdo de Smaldone no tiene implicancias respecto del resto de los imputados. La política corre por otros carriles.
(Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial)
